Corte ordena combatir hacinamiento y agilizar preliberaciones en cárceles
La SCJN ordena medidas contra la sobrepoblación penitenciaria y abre la puerta a revisar beneficios de libertad caso por caso.
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a autoridades del Estado de México adoptar medidas inmediatas para combatir el hacinamiento y la sobrepoblación en el sistema penitenciario, a partir de las condiciones del penal Neza-Bordo de Xochiaca.
El Pleno aprobó por unanimidad el proyecto del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, mediante el cual se concedió un amparo promovido por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), a la que también reconoció interés legítimo para impugnar las condiciones penitenciarias.
Neza-Bordo supera ampliamente su capacidad
De acuerdo con los reportes oficiales citados en el proyecto, en noviembre de 2025 el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl-Bordo de Xochiaca albergaba 5 mil 823 personas privadas de la libertad, pese a contar con capacidad para mil 834, lo que representaba una sobrepoblación de 217.5 por ciento.
El ministro ponente sostuvo que el hacinamiento puede equipararse a tratos crueles, inhumanos y degradantes, al vulnerar derechos de la población penitenciaria.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló durante la discusión que el caso coloca en el debate constitucional las condiciones en que viven las personas privadas de la libertad y la obligación del Estado de preservar su dignidad.
La Corte pide evaluar beneficios de libertad
Como parte de las medidas para reducir la sobrepoblación, el Pleno incorporó la propuesta del ministro Irving Espinosa Betanzo para que las autoridades penitenciarias evalúen cada caso y determinen si las personas internas pueden acceder a beneficios contemplados en la Ley Nacional de Ejecución Penal, entre ellos la libertad condicionada o anticipada.
La resolución no ordena una liberación indiscriminada ni sustituye las facultades de los jueces de ejecución penal. La evaluación deberá realizarse individualmente y conforme a los requisitos establecidos por la legislación.
La ministra Lenia Batres Guadarrama votó a favor del proyecto, aunque expresó una posición distinta respecto al reconocimiento del interés legítimo de la Defensoría Pública para promover la impugnación sin contar, dijo, con la opinión de las personas internas involucradas.
Autoridades tendrán seis meses para actuar
Aunque el asunto se originó en Neza-Bordo, la Corte estableció responsabilidades para distintas autoridades del Estado de México, dentro de sus respectivas competencias, entre ellas la gobernadora Delfina Gómez, la Secretaría de Seguridad estatal, la Subsecretaría de Control Penitenciario y la dirección del centro.
Las autoridades deberán cesar las omisiones que contribuyan al hacinamiento y elaborar de manera conjunta, en un plazo máximo de seis meses, un plan multidisciplinario para atender la problemática.
Además, tendrán que presentar informes trimestrales sobre los avances ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México.
El fallo coloca las condiciones de sobrepoblación penitenciaria y el uso de las herramientas previstas en la legislación de ejecución penal dentro de una revisión constitucional sobre los derechos de las personas privadas de la libertad.
Únete a nuestro canal de WhatsApp y entérate desde tu dispositivo móvil de las noticias más relevantes de Oaxaca, sus regiones, México y el mundo; política, economía, deportes, espectáculos, columnas, tendencias y más.
