Jesús Romero encabeza atención para 147 familias triquis desplazadas

Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.- Casi seis años después del desplazamiento forzado de habitantes de Tierra Blanca Copala, el Gobierno de Oaxaca puso en marcha una jornada interinstitucional para atender a 147 familias, integradas por más de 517 personas, que permanecen fuera de su comunidad, principalmente en Yosoyuxi, municipio de Santiago Juxtlahuaca.

Los trabajos son coordinados por la Secretaría de Gobierno (Sego), encabezada por Jesús Romero López, y contemplan la participación de 26 instituciones estatales y federales, entrega de apoyos alimentarios, recorridos de evaluación y acciones para restablecer servicios básicos. El gobernador Salomón Jara Cruz anunció el inicio de esta estrategia, cuyo objetivo es generar condiciones de seguridad y estabilidad para avanzar hacia la reincorporación de las familias a su comunidad.

La jornada incluye la supervisión de escuelas, la revisión de la clínica local y la identificación de necesidades para restablecer los servicios básicos. Las instituciones participantes deberán realizar recorridos de valoración, brindar atención directa y establecer mecanismos de seguimiento.

El Gobierno estatal también reportó avances en la rehabilitación del camino Concepción Carrizal-Tierra Blanca, además de visitas para verificar las condiciones de acceso y mantenimiento. Sin embargo, el anuncio no establece una fecha para el retorno de las familias ni detalla un calendario de obras, presupuesto asignado o garantías de seguridad para quienes decidan regresar.

Las familias abandonaron Tierra Blanca Copala el 26 de diciembre de 2020, después de hechos de violencia armada en la comunidad triqui. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó el desplazamiento forzado y emitió en 2022 la Recomendación 36/2022 por violaciones a derechos humanos relacionadas con el caso.

El problema ha tenido distintos intentos de atención. En agosto de 2026, Jesús Romero informó sobre avances en las negociaciones y un compromiso para generar condiciones que permitieran reactivar el proceso de retorno. No obstante, el 30 de septiembre, personas desplazadas denunciaron que no habían recibido información sobre los avances comprometidos y que el plazo anunciado por las autoridades había concluido sin resultados que les permitieran conocer cuándo podrían regresar.

El nuevo despliegue institucional abre otra etapa de atención, pero el desafío central sigue siendo garantizar un retorno seguro, voluntario y digno. La supervisión de servicios y la entrega de apoyos son pasos iniciales; el resultado tendrá que medirse por la recuperación de derechos y la posibilidad real de que las familias vuelvan a sus hogares.