En tres estados de Morena, empresas privadas operan el servicio de agua
Puebla, Veracruz y Quintana Roo mantienen esquemas de participación privada en los servicios de agua potable y saneamiento.
Ciudad de México.- Puebla, Veracruz y Quintana Roo mantienen esquemas de participación privada en los servicios de agua potable y saneamiento, pese a que sus gobiernos estatales son encabezados por Morena. El contraste surge mientras la presidenta Claudia Sheinbaum cuestiona una propuesta de Jalisco que, a su juicio, podría conducir a la privatización del servicio.
Uno de los casos más relevantes está en Puebla, donde una empresa de Filipinas busca adquirir el control mayoritario de Agua de Puebla para Todos, concesionaria que abastece a más de 1.5 millones de personas. La operación anunciada en noviembre de 2025 contempla la compra de 74.85% de las acciones de Concesiones Integrales, la compañía que opera el servicio.
Los antecedentes abren una pregunta para Morena: si el partido rechaza nuevos esquemas de privatización del agua, ¿qué alternativas impulsa en los estados donde ya existen concesiones y qué resultados han dado las revisiones de esos contratos?
La discusión se intensificó tras las protestas del domingo 11 de octubre en Guadalajara, donde ciudadanos reclamaron por la calidad del agua y la respuesta policial. Sheinbaum cuestionó el uso de gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a los manifestantes y anunció una reunión entre el gobierno de Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para buscar alternativas al proyecto estatal.
Puebla: una empresa filipina busca controlar Agua de Puebla
En Puebla, la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento está concesionada a Concesiones Integrales, que opera comercialmente como Agua de Puebla para Todos.
La concesión se originó durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, después de que en 2012 el Congreso estatal reformó la legislación para permitir la participación privada en la gestión del agua. En 2013 se autorizó concesionar el servicio y, en mayo de 2014, Concesiones Integrales asumió la operación. El contrato original tiene una vigencia de 30 años, con vencimiento previsto en 2044 y posibilidad de extender su duración hasta un máximo de 60 años, conforme a las condiciones establecidas.
La propiedad de la compañía también ha cambiado con el tiempo. En noviembre de 2025, Manila Water Company, mediante su filial Manila Water Asia Pacific, anunció un acuerdo vinculante para adquirir 74.85% de las acciones de Concesiones Integrales. La participación se integraría con 56.14% procedente de Creando Estructuras, vinculada con Hermes Infraestructura, y otro 18.71% de Grupo Agua de México.
De acuerdo con la documentación corporativa presentada ante las autoridades bursátiles de Filipinas, la operación fue valuada en 3 mil 625 millones de pesos, sujeta a ajustes financieros. El cierre requería la firma del contrato definitivo, autorizaciones regulatorias y el cumplimiento de otras condiciones. Por ello, el anuncio de la adquisición no debe confundirse con la confirmación de que la compraventa quedó concluida.
La operación resulta relevante por la dimensión del servicio. Manila Water informó que Agua de Puebla suministró en 2024 alrededor de 245 millones de litros diarios a más de 1.5 millones de personas. Su área de operación comprende Puebla capital y zonas de municipios conurbados, entre ellos Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Amozoc.
La compañía filipina señaló que busca ingresar al mercado mexicano y aportar experiencia operativa e inversiones. Sin embargo, la adquisición de acciones no supone por sí misma una nueva concesión: el contrato vigente continúa siendo el marco jurídico que regula la prestación del servicio.
Armenta mantiene la concesión mientras revisa el servicio
El gobernador morenista Alejandro Armenta ha cuestionado el desempeño de Agua de Puebla y ha planteado revisar las condiciones de la concesión. En junio de 2026, su administración informó que avanzaba una auditoría para verificar el cumplimiento de las inversiones comprometidas y puso en marcha un operativo de distribución de agua mediante pipas para atender a familias afectadas por el desabasto.
La posibilidad de retirar la concesión también ha formado parte del debate político. Sin embargo, el gobierno estatal ha advertido sobre los costos y las consecuencias jurídicas de una eventual rescisión. La permanencia de la empresa privada no significa que el gobierno carezca de atribuciones de supervisión. La cuestión es si las revisiones permitirán acreditar incumplimientos, establecer responsabilidades y mejorar el servicio, o si la concesión continuará bajo las condiciones actuales.
El caso poblano plantea además una dimensión que va más allá de la nacionalidad de los accionistas: una empresa extranjera puede asumir el control de una concesionaria mexicana sin que el servicio deje de estar sujeto a las obligaciones establecidas en el contrato y a la regulación aplicable.
Veracruz: Grupo MAS opera agua y saneamiento
En Veracruz, el servicio de agua potable y saneamiento de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo está a cargo de Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS), una empresa de capital mixto con participación pública y privada.
La concesión fue otorgada en 2015, durante una administración anterior a Morena, por un periodo de 30 años. La empresa comenzó a prestar los servicios ese mismo año.
En mayo de 2026, la gobernadora Rocío Nahle cuestionó el desempeño de Grupo MAS y respaldó la revisión de la concesión. También se informó de una auditoría promovida por autoridades municipales para examinar el funcionamiento del servicio.
A diferencia de Agua de Puebla, Grupo MAS tiene una estructura de capital mixto. No obstante, ambos casos colocan en manos de una entidad distinta de la administración pública la operación de servicios esenciales para la población. La discusión en Veracruz se centra en las condiciones de prestación, la calidad del servicio y las facultades de las autoridades para exigir el cumplimiento del contrato.
Quintana Roo: Aguakan enfrenta una disputa por su concesión
En Quintana Roo, Aguakan presta servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en municipios como Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad. La concesión y su extensión hasta 2053 han sido objeto de una disputa política y jurídica. En diciembre de 2023, el Congreso estatal aprobó la revocación del decreto que había autorizado la prórroga. Posteriormente, el gobierno de Mara Lezama informó sobre avances en la ruta legal para revertir esa extensión.
El caso requiere distinguir entre la decisión política de retirar una prórroga, los procedimientos judiciales y la terminación efectiva de los derechos de la concesionaria. Mientras persistan controversias legales, la situación no puede resumirse como si el contrato hubiera quedado extinguido de manera definitiva.
Quintana Roo muestra, sin embargo, que un gobierno de Morena ha impulsado acciones para modificar la continuidad de una concesión privada, aunque el resultado depende de los procedimientos jurídicos correspondientes.
Jalisco: Sheinbaum rechaza un esquema que podría privatizar el agua
El conflicto de Jalisco tiene como telón de fondo las protestas por la calidad del agua en Guadalajara y la búsqueda de recursos para mejorar la infraestructura de abastecimiento. Este lunes, Sheinbaum expresó su desacuerdo con un mecanismo de financiamiento que, según su interpretación, podría derivar en la privatización del servicio. Anunció una reunión entre el gobierno de Lemus y Conagua para buscar alternativas y cuestionó el uso de chorros de agua y gases lacrimógenos contra los manifestantes.
El agua, entre los contratos y la responsabilidad pública
Las concesiones de Puebla, Veracruz y Quintana Roo se originaron antes de que los actuales gobiernos estatales de Morena asumieran el poder. Esa circunstancia importa porque los contratos tienen condiciones legales, compromisos financieros y procedimientos que limitan las posibilidades de cancelación inmediata.
Pero los antecedentes no eximen a las administraciones actuales de sus responsabilidades. Los gobiernos tienen atribuciones de supervisión y deben informar qué auditorías han realizado, qué incumplimientos han acreditado, qué sanciones han aplicado y qué alternativas consideran para garantizar el acceso al agua.
En Puebla, la auditoría a Agua de Puebla y el anuncio de una posible entrada de capital filipino añaden una dimensión empresarial a la discusión. En Veracruz, la revisión de Grupo MAS pone el foco en la operación y el cumplimiento de la concesión. En Quintana Roo, la controversia con Aguakan muestra los obstáculos jurídicos para revertir una prórroga.
Únete a nuestro canal de WhatsApp y entérate desde tu dispositivo móvil de las noticias más relevantes de Oaxaca, sus regiones, México y el mundo; política, economía, deportes, espectáculos, columnas, tendencias y más.
