Agua en Yucatán: cuestionan presencia de empresas israelíes
La participación de seis empresas israelíes en un encuentro agroindustrial abrió un debate sobre tecnología, inversión y recursos hídricos.
Ciudad de México.— La participación de seis empresas israelíes en el encuentro Pro Agro Innovación 2026 abrió cuestionamientos sobre la relación entre inversión extranjera, tecnología agrícola y gestión del agua en Yucatán. Aunque activistas expresaron preocupación por una posible dependencia de proveedores privados, hasta ahora no se han presentado pruebas de que esas compañías busquen controlar los recursos hídricos del estado.
El debate amplía la discusión sobre quién interviene en las decisiones relacionadas con el agua, qué condiciones rigen los acuerdos comerciales y qué mecanismos existen para supervisar a las empresas que ofrecen tecnología para su aprovechamiento. El tema adquiere relevancia en un país donde el acceso, el abastecimiento y la administración del recurso son asuntos de interés público.
La controversia también da continuidad a la revisión que Oaxaca Informa publicó sobre la participación privada en los servicios de agua en estados gobernados por Morena, incluidos Puebla, Veracruz y Quintana Roo. En esos casos existen concesiones o esquemas de operación con antecedentes y condiciones jurídicas específicas; el de Yucatán, por ahora, se relaciona con la presencia de compañías extranjeras en un encuentro agroindustrial.
Yucatán: tecnología agrícola y dudas sobre el agua
El encuentro Pro Agro Innovación 2026 se realizó del 9 al 11 de octubre en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Según la información publicada por La Jornada, participaron más de 150 empresas expositoras y representantes de más de 10 países. La presencia israelí incluyó seis empresas, con el respaldo de representantes de ese país y de organismos vinculados con la promoción comercial.
El gobierno encabezado por Joaquín Díaz Mena presentó el evento como una oportunidad para acercar maquinaria, insumos, tecnología, financiamiento y mercados a los productores. El secretario de Desarrollo Rural, Edgardo Medina Rodríguez, señaló que se buscaba ampliar las oportunidades del sector agropecuario.
Sin embargo, la participación de las compañías generó críticas de jóvenes activistas y organizaciones solidarias con Palestina, que advirtieron sobre los riesgos de establecer vínculos comerciales con empresas de un país involucrado en el conflicto palestino-israelí. Una de sus preocupaciones es que la incorporación de tecnología extranjera para el manejo del agua pueda generar dependencia de proveedores privados.
La discusión plantea preguntas pertinentes sobre el costo de esas soluciones, las condiciones de contratación, la propiedad de los datos, el mantenimiento de los equipos y la capacidad local para operar la tecnología. Pero esos riesgos potenciales no acreditan, por sí mismos, que exista un plan para controlar el agua de Yucatán.
El antecedente de los acuerdos con Israel
La polémica tiene un antecedente en junio de 2021, cuando el entonces gobernador Mauricio Vila Dosal firmó una carta de intención con Israel para ampliar la cooperación en distintos campos, entre ellos agricultura, tecnologías de la información, seguridad pública y cambio climático.
Durante Pro Agro Innovación 2026, el embajador israelí en México, Yoed Magen, recordó ese antecedente y respaldó la participación de las empresas de su país. La información publicada por
La Jornada también menciona la colaboración con Israel Trade & Investment para impulsar el intercambio comercial y tecnológico.
La existencia de una carta de intención y la presencia de empresas en una exposición no demuestran que se hayan transferido derechos sobre fuentes de agua ni que las compañías estén operando los servicios públicos del estado. Para establecer el alcance real de esa cooperación se requieren documentos que detallen los acuerdos, sus compromisos y las entidades participantes.
La dirigencia de Morena en Yucatán cuestionó la carta de 2021 y pidió que las relaciones comerciales se revisen conforme a los derechos humanos y al derecho internacional. El pronunciamiento político, sin embargo, no sustituye la necesidad de conocer los términos de los acuerdos y sus resultados.
Chihuahua: otro convenio relacionado con el agua
La discusión también alcanza a Chihuahua, donde en 2023 se estableció un acuerdo de cooperación hídrica entre la Junta Central de Agua y Saneamiento y MASHAV, la agencia israelí de cooperación internacional.
En septiembre de 2026, la diputada de Morena Leticia Ortega Máynez solicitó explicaciones sobre los alcances del convenio, las acciones realizadas, los mecanismos de financiamiento y la posible participación de empresas privadas. Los cuestionamientos colocan el foco en la transparencia y en la supervisión pública de la cooperación tecnológica.
No obstante, la existencia del convenio y las preguntas sobre su ejecución no prueban que el agua de Chihuahua haya sido transferida a entidades extranjeras. Para evaluar el acuerdo es necesario conocer qué proyectos se llevaron a cabo, cuánto costaron, quiénes los ejecutaron y qué beneficios verificables obtuvo la población.
¿Quién supervisa las soluciones tecnológicas para el agua?
La preocupación de fondo no se limita a la nacionalidad de las empresas. Cuando una entidad pública incorpora tecnología extranjera para administrar, distribuir, tratar o ahorrar agua, resulta necesario conocer las condiciones contractuales y quién conserva la capacidad de decisión sobre el servicio y la infraestructura. Entre los puntos que requieren transparencia están:
- Los contratos y convenios: qué instituciones los suscriben, cuáles son sus obligaciones y qué vigencia tienen.
- Los costos y el financiamiento: cuánto se paga por los equipos, la asesoría, las licencias y el mantenimiento.
- La operación: quién controla la infraestructura y los datos, y qué capacidades quedan en manos de las autoridades locales.
- Los resultados: cuánto se ahorra de agua, qué población se beneficia y cómo se verifican los avances.
- La rendición de cuentas: qué auditorías, evaluaciones y mecanismos de supervisión están previstos.
La tecnología extranjera puede contribuir a mejorar el uso del agua, pero sus beneficios deben comprobarse y sus condiciones deben ser públicas. La nacionalidad de un proveedor no acredita por sí sola un riesgo ni garantiza que una solución sea conveniente.
El seguimiento periodístico deberá concentrarse en los documentos de Yucatán y Chihuahua: identificar los acuerdos vigentes, las empresas involucradas, los recursos comprometidos y los resultados obtenidos. Esa información permitirá distinguir entre la preocupación política, los riesgos posibles y los hechos comprobados sobre la gestión del agua.
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