Tierra Blanca Copala: mantienen vigilancia policial

Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mantiene un dispositivo de vigilancia y seguridad perimetral en Tierra Blanca Copala, municipio de Santiago Juxtlahuaca, como parte de las acciones gubernamentales para generar condiciones de pacificación y avanzar en la recuperación de la vida comunitaria. El despliegue se realiza en una zona marcada por el desplazamiento forzado de familias triquis desde diciembre de 2020.

De acuerdo con la dependencia, la presencia policial se concentra en puntos estratégicos de los tramos Carrizal-Tierra Blanca, Carrizal-Yosoyuxi y el paraje Pescadito. El objetivo oficial es proteger a la población y a quienes participan en los trabajos de rehabilitación de caminos, limpieza y recuperación de espacios comunitarios.

Las acciones incluyen labores de brecheo en la vía principal y caminos alternos que comunican Concepción Carrizal con Tierra Blanca, además de jornadas de tequio para retirar residuos, limpiar y mejorar las condiciones de movilidad. También se realizan trabajos preliminares para instalar infraestructura de videovigilancia.

En estas tareas participan las policías Estatal y Vial Estatal, Caminos Bienestar, la Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto Estatal de Educación para Adultos y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, entre otras dependencias. La SSPC no precisó cuántos elementos integran el dispositivo, cuánto tiempo permanecerá activo ni qué indicadores se utilizarán para evaluar sus resultados.

El despliegue ocurre mientras el Gobierno estatal impulsa un plan de cuatro fases para propiciar el retorno seguro, digno y voluntario de las familias desplazadas. El 10 de noviembre, autoridades informaron que la primera etapa contempla seguridad, libre tránsito, servicios de salud y educación, vivienda y recuperación de tierras de cultivo, con la participación de 26 instituciones.

La dimensión del desafío se remonta al 26 de diciembre de 2020, cuando comenzaron las agresiones armadas que obligaron a habitantes de Tierra Blanca Copala a abandonar sus hogares. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación 36/2022, documentó hechos de violencia, personas asesinadas y lesionadas, así como el desplazamiento forzado de población indígena triqui. El organismo también acreditó vulneraciones a los derechos de libertad de tránsito, residencia y a no ser desplazado forzadamente.

El proceso ha enfrentado compromisos incumplidos. En septiembre de 2026, familias desplazadas denunciaron que había vencido el plazo de 45 días ofrecido por autoridades estatales para generar condiciones de seguridad e iniciar el camino hacia su retorno. En ese momento, representantes de las víctimas señalaron que no habían recibido información sobre los avances.

Por ello, la permanencia policial, la rehabilitación de caminos y la instalación de cámaras forman parte de una intervención que deberá traducirse en garantías verificables para la población. La pacificación no se medirá únicamente por la presencia de corporaciones o la realización de tequios, sino por la posibilidad de que las familias desplazadas regresen voluntariamente, permanezcan sin temor y recuperen sus derechos y su vida comunitaria.