Qué ha pasado en Juchitán a dos semanas de la caída del alcalde Miguel Sánchez
La detención del alcalde derivó en la desaparición del Ayuntamiento, una administración temporal, el reforzamiento de la seguridad y la continuidad del proceso penal,
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.- Han pasado casi dos semanas desde que Miguel Sánchez Altamirano fue detenido en Juchitán de Zaragoza y el municipio ya no tiene el mismo gobierno con el que inició el segundo periodo de la administración 2025-2027. En este lapso, el Ayuntamiento desapareció, se instaló una administración municipal temporal, se reforzó la presencia de fuerzas de seguridad y el proceso penal contra el exalcalde avanzó a una nueva etapa.
La caída del presidente municipal del Istmo dejó de ser solamente un asunto judicial. En pocos días se convirtió en una crisis institucional que obligó a modificar la estructura de gobierno y seguridad de una de las ciudades más importantes de Oaxaca.
Del alcalde detenido a un gobierno municipal extraordinario
El 23 de septiembre, Miguel Sánchez Altamirano fue detenido durante un operativo coordinado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Marina, Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y Policía Estatal.
La Fiscalía informó que existía una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, además de señalarlo por su presunto vínculo con la célula denominada “Los Cromos”. Las acusaciones forman parte de una investigación y no constituyen una sentencia condenatoria.
Dos días después, el Congreso de Oaxaca aprobó la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán. La decisión fue solicitada por el gobernador Salomón Jara Cruz y abrió la puerta a una administración municipal extraordinaria.
El cambio no significa que Juchitán haya dejado de ser municipio ni que desaparezcan sus servicios o comunidades. Lo que desapareció fue el Ayuntamiento como órgano de gobierno electo, para dar paso a una conducción temporal.
Francisco Vásquez tomó las riendas de Juchitán
El gobernador designó a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal temporal. Originario de Juchitán, Vásquez cuenta con trayectoria como comunicador, bombero y responsable de tareas de protección civil en la región.
Su llegada tiene una tarea inmediata: mantener funcionando la administración municipal mientras se desarrolla el proceso de transición, además de garantizar servicios y acompañar la estrategia de seguridad.
Entre las áreas señaladas como prioritarias están agua, saneamiento, vialidad, movilidad, infraestructura, salud, educación, cultura y deporte, junto con la atención a colonias, agencias y comunidades.
El Gobierno federal también informó que mantiene coordinación con Oaxaca y con el nuevo comisionado para reforzar las acciones de seguridad en Juchitán, particularmente mediante la presencia de la Guardia Nacional.
La Policía Municipal entró en revisión
Uno de los cambios más delicados se produjo en la seguridad municipal. Después de la detención del alcalde, la Policía Municipal fue sometida a una revisión extraordinaria y se planteó una reestructuración de la corporación, además de un proceso de certificación policial.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca informó que el diagnóstico busca identificar las condiciones de la corporación y establecer medidas para mejorar sus capacidades de prevención y atención a la población.
El movimiento ocurre después de que la Fiscalía reportara investigaciones que alcanzaron también a integrantes de la estructura de seguridad municipal. El excomisionado de la Policía Municipal, Jhon Keny Segura Moreno, fue detenido dentro de la misma investigación.
Miguel Sánchez ya fue vinculado a proceso
En el frente judicial también hubo avances. El exalcalde y Carlos Alberto de la Paz López, alias “La Parka”, fueron vinculados a proceso por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad pública del Estado, informó la Fiscalía de Oaxaca.
Ambos permanecen en prisión preventiva en penales federales mientras continúa la investigación complementaria. Sánchez Altamirano se encuentra en el penal del Altiplano, en el Estado de México, mientras que “La Parka” fue trasladado a un centro penitenciario federal en Veracruz.
La Fiscalía ha señalado que la carpeta de investigación permanece abierta y que no se descartan nuevas órdenes de aprehensión conforme avance el caso.
También buscan recuperar la actividad económica
Mientras la estructura de gobierno se reorganiza, Juchitán enfrenta otro reto: evitar que la crisis política y de seguridad afecte su actividad económica.
El 1 de octubre, representantes de la Secretaría de Economía federal se reunieron con el comisionado municipal para plantear acciones encaminadas a fortalecer la actividad productiva, generar confianza para la inversión y ampliar la vinculación económica en la región.
La atención no es menor. Juchitán es uno de los principales centros comerciales del Istmo de Tehuantepec y su recuperación institucional ocurre en una región estratégica para el desarrollo económico de Oaxaca.
Dos semanas después, la pregunta es qué sigue
A dos semanas de la detención de Miguel Sánchez Altamirano, Juchitán pasó de tener un Ayuntamiento electo a una administración municipal extraordinaria; de una Policía Municipal bajo el esquema ordinario a una corporación en proceso de revisión y reestructuración; y de una crisis política local a una operación coordinada entre autoridades estatales y federales.
El proceso penal contra el exalcalde apenas comienza y la investigación permanece abierta. Al mismo tiempo, la administración de Francisco Vásquez tendrá que demostrar que la transición puede traducirse en servicios públicos, gobernabilidad y seguridad para la población.
El reto de Juchitán, por tanto, ya no es solamente resolver qué ocurrió con su anterior gobierno. Es reconstruir la capacidad institucional de un municipio que, en menos de dos semanas, tuvo que cambiar de Ayuntamiento, de conducción política y de estrategia de seguridad.
Nota del editor: Esta información se publica con base en lo proporcionado por la FGEO; la mención de un probable responsable no implica culpabilidad, conforme al principio de presunción de inocencia.
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