Juchitán revisa nómina de casi 1,900 personas; trabajadores rechazan ser aviadores

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.- La revisión de la nómina municipal de Juchitán abrió un nuevo conflicto entre el comisionado temporal Francisco Vásquez Jiménez y un grupo de personas que exige conservar sus empleos y recibir salarios pendientes. El funcionario asegura que encontró una plantilla de casi mil 900 personas sin documentación suficiente para acreditar las funciones de todas ellas, mientras los inconformes rechazan ser "aviadores" y reclaman el pago de dos quincenas.

Vásquez Jiménez atribuyó las presuntas irregularidades a la administración del exalcalde Miguel Sánchez Altamirano, detenido en septiembre y vinculado a proceso por extorsión agravada y otros delitos contra la seguridad del Estado. Según el comisionado, la nómina heredada incluía personas que cobraban sin desempeñar actividades identificables para el Ayuntamiento, así como pagos que presuntamente se distribuían entre terceros. Estas acusaciones corresponden, hasta ahora, a declaraciones del funcionario y requieren sustento documental y revisión de las autoridades fiscalizadoras.

El tamaño del problema todavía presenta diferencias en los datos difundidos públicamente. En una de sus declaraciones, el comisionado habló de mil 860 personas y 14 millones de pesos mensuales; en otras versiones periodísticas, la plantilla aparece integrada por mil 867 trabajadores y un gasto cercano a 17 millones de pesos al mes. La diferencia de tres millones de pesos y siete registros hace necesario conocer el padrón oficial, los conceptos de pago y el periodo al que corresponden las cifras.

El funcionario señaló que la Presidencia Municipal tenía alrededor de 197 personas registradas en nómina y que algunas regidurías contaban con hasta 80. Como ejemplos de los ajustes que ha realizado, mencionó que el área de Deportes pasó de 13 a cuatro trabajadores y Comunicación Social, de 15 a tres. También expuso el caso de una plaza de afanadora con una remuneración superior a 10 mil pesos quincenales, así como presuntos mecanismos de concentración y reparto de pagos.

Vásquez Jiménez sostuvo que la revisión responde a la necesidad de transparentar el uso de los recursos públicos y atender requerimientos de instancias fiscalizadoras. Aseguró que no negociará la permanencia de personas en la nómina a cambio de respaldo político y advirtió que podría dejar la comisión municipal si no recibe apoyo de los gobiernos estatal y federal para continuar con el proceso.

La controversia no se limita a la revisión administrativa. Personas que se identifican como trabajadores municipales protestaron frente a las instalaciones del Ayuntamiento para exigir el pago de dos quincenas atrasadas y los aguinaldos correspondientes. También rechazaron las acusaciones de ser empleados que cobran sin trabajar y cuestionaron las decisiones de reducción de personal.

La disputa plantea dos obligaciones que no deben confundirse: el Ayuntamiento tiene que comprobar que cada plaza y cada pago correspondan a funciones efectivamente desempeñadas, pero también debe cumplir con las obligaciones laborales que legalmente procedan. La existencia de una nómina numerosa o de registros incompletos no demuestra, por sí sola, que todas las personas señaladas sean aviadoras; del mismo modo, reclamar salarios no acredita automáticamente que cada contratación haya sido regular.

La revisión ocurre después de la desaparición de poderes del Ayuntamiento, aprobada por el Congreso de Oaxaca tras la crisis política y de seguridad que siguió a la detención del entonces presidente municipal. El gobernador Salomón Jara Cruz designó a Vásquez Jiménez como comisionado municipal temporal el 25 de septiembre de 2026, con el encargo de mantener la gobernabilidad y la continuidad administrativa.

El exalcalde Miguel Sánchez Altamirano permanece en prisión preventiva en el penal del Altiplano, luego de ser vinculado a proceso por extorsión agravada y otros delitos. Su situación jurídica es independiente de las presuntas irregularidades en la nómina, cuya responsabilidad deberá establecerse mediante auditorías y procedimientos correspondientes.

Más allá de las declaraciones y los señalamientos cruzados, el caso exige información verificable: el padrón completo de trabajadores, las funciones y adscripciones de cada plaza, los contratos o nombramientos, los recibos de pago y los resultados de las revisiones financieras. Para la población de Juchitán, que demanda obras y servicios públicos, la pregunta central es cuánto dinero se destinó realmente a la nómina, qué trabajo respaldó ese gasto y si hubo recursos públicos desviados. Sin documentos y resultados de auditoría, la depuración anunciada seguirá siendo una disputa de versiones.