Oaxaca registra 0.6% de desplazamiento por violencia: INEGI
La Encuesta Intercensal 2025 ubica a Oaxaca entre las entidades con menor proporción; registros estatales documentan 21 casos de desplazamiento forzado interno.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Oaxaca registró una proporción de 0.6% de población en hogares donde alguno de sus integrantes cambió de residencia por inseguridad delictiva o violencia entre 2020 y 2025, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La medición, realizada por primera vez a nivel nacional para este fenómeno, estimó que al menos 1.6 millones de personas en México formaban parte de hogares en los que alguno de sus integrantes tuvo que cambiar de residencia por motivos de inseguridad o violencia durante ese periodo.
La proporción registrada en Oaxaca se encuentra por debajo de la observada en entidades como Zacatecas, con 2.2%; Morelos, con 2.1%; y Colima, Michoacán y Querétaro, con 2%, según los resultados de la encuesta.
El 0.6% no incluye todo el desplazamiento acumulado
La cifra del INEGI corresponde específicamente a desplazamientos ocurridos entre octubre de 2020 y octubre de 2025. Por ello, no necesariamente refleja a todas las personas que han permanecido desplazadas durante años como consecuencia de conflictos anteriores.
En Oaxaca, el Gobierno estatal ha documentado 21 casos de desplazamiento forzado interno, con alrededor de 7 mil personas afectadas. La información oficial señala que 98% de esos casos se originó en administraciones anteriores y que la mayoría de las personas afectadas pertenece a pueblos indígenas.
De acuerdo con ese registro, las causas están relacionadas principalmente con conflictos agrarios, políticos y sociales, así como determinaciones de asambleas comunitarias, lo que distingue el fenómeno oaxaqueño de entidades donde el desplazamiento puede estar más directamente asociado con la violencia delictiva.
Conflictos agrarios mantienen desplazadas a familias
Uno de los casos más representativos es el de Guadalupe Victoria, en San Juan Juquila Mixes, donde 153 familias —471 personas según el registro utilizado para el proceso de retorno— fueron desplazadas por la violencia vinculada con un conflicto agrario por límites de tierras entre San Juan Juquila Mixes y San Pedro Ocotepec.
El desplazamiento comenzó en 2017. En septiembre de 2025, el Gobierno de Oaxaca inició un protocolo formal para preparar el retorno, con participación de instituciones estatales y federales y acompañamiento del ACNUR. En noviembre de ese año, 63 familias retornaron a la comunidad después de casi nueve años de desplazamiento.
Otro caso activo corresponde a Buenavista, Santiago Yosondúa, donde 88 familias permanecen desplazadas a raíz del conflicto agrario con Santa María Yolotepec. El Gobierno de Oaxaca mantiene una mesa de diálogo con participación de autoridades comunitarias y organismos internacionales.
La situación de Buenavista también fue abordada por la relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Paula Gaviria Betancur, quien se reunió con integrantes de la comunidad y mantiene seguimiento del caso.
Tierra Blanca Copala, otro caso documentado
El desplazamiento también ha afectado a comunidades indígenas Triquis. En Tierra Blanca Copala, Santiago Juxtlahuaca, habitantes fueron obligados a abandonar la comunidad después de ataques armados registrados entre diciembre de 2020 y enero de 2021.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 36/2022 por el desplazamiento forzado interno de personas indígenas Triquis de esa comunidad y documentó hechos relacionados con las agresiones que provocaron su salida.
Oaxaca ya cuenta con una ley sobre desplazamiento
El problema llevó al estado a crear un marco jurídico específico. En septiembre de 2025 se aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, que establece medidas de prevención, atención, reparación y retorno. Oaxaca se convirtió en la quinta entidad del país con legislación específica en la materia.
En agosto de 2026 se instaló el Consejo para la Prevención, Atención, Reparación Integral y Soluciones Duraderas del Desplazamiento Forzado Interno, encargado de coordinar las políticas públicas relacionadas con este fenómeno. La ley especializada entró en vigor el 18 de septiembre de 2025.
Así, mientras la Encuesta Intercensal 2025 ofrece una fotografía nacional de los desplazamientos asociados con inseguridad o violencia ocurridos dentro de un periodo específico, los registros estatales muestran un problema más amplio y de larga duración en Oaxaca, particularmente vinculado con conflictos agrarios y territoriales.
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