Retiran 55 armas y 2 mil 29 cartuchos a policía de Juchitán

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Oaxaca realizó una revista extraordinaria a la Policía Municipal de Juchitán y retiró de manera preventiva el armamento que se encontraba bajo resguardo de la corporación.

El operativo derivó en el traslado de 28 armas largas, 27 armas cortas y 2 mil 29 cartuchos útiles de distintos calibres al Depósito General de Armamento de la SSPC, ubicado en el Cuartel General de la Policía Estatal, en Santa María Coyotepec. La medida fue confirmada por la dependencia estatal.

La SSPC señaló que el retiro responde a un protocolo de control y a la ausencia del presidente municipal, así como a que, en ese momento, no existían las condiciones jurídicas necesarias dentro del Ayuntamiento para mantener la gestión y el resguardo local del equipo táctico y las armas.

La revisión y retiro del armamento ocurren mientras la seguridad de Juchitán permanece bajo un despliegue de corporaciones estatales y federales, luego de la detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, ocurrida el 23 de septiembre.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca señala al edil por su presunta participación en delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. Sánchez Altamirano fue detenido junto con Carlos Alberto de la Paz López, conocido como “La Parka”, en un operativo de autoridades estatales y federales.

La presencia en el municipio incluye a la Policía Estatal y las Fuerzas Especiales Binnizá, en coordinación con la Guardia Nacional, Defensa, Marina y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

La ausencia del alcalde y la falta de un relevo efectivo profundizaron la crisis institucional del Ayuntamiento. Este viernes, el Congreso de Oaxaca aprobó la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán, después de que el gobernador Salomón Jara Cruz solicitara iniciar ese procedimiento.

En este contexto, el Gobierno de Oaxaca sostiene que no habrá un vacío de autoridad y que mantendrá una presencia coordinada de las instituciones de seguridad para preservar el orden público y proteger a la población.

El armamento retirado permanecerá bajo resguardo estatal mientras se define la situación jurídica y administrativa del municipio.