Ciudad de México.— El Gobierno federal informó la sanción de 55 personas servidoras públicas y una empresa por distintas faltas administrativas, con resoluciones que incluyen destituciones, inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas que en conjunto ascienden a 102 millones de pesos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que las sanciones derivaron de investigaciones realizadas por Unidades de Responsabilidades y Órganos Internos de Control en Petróleos Mexicanos, CFE, IMSS, Alimentación para el Bienestar, Banco del Bienestar, Guardia Nacional, entre otras dependencias y entidades.
Las sanciones más altas superan los 90 millones de pesos
Entre los casos de mayor impacto económico se encuentra el de tres personas servidoras públicas de las oficinas centrales de la entonces DICONSA, actualmente Alimentación para el Bienestar, quienes fueron inhabilitadas por 10 años y sancionadas solidariamente con 73.4 millones de pesos por pagar carne sin acreditar la entrega del producto.
En otro expediente, tres servidores públicos de SEGALMEX fueron inhabilitados por 10 años y una empresa recibió una inhabilitación de un año. La sanción económica solidaria asciende a 16.6 millones de pesos, relacionada con la compra de atún cuya entrega tampoco fue acreditada.
El IMSS reportó otro de los casos con mayor sanción: dos personas servidoras públicas fueron inhabilitadas por 10 años y deberán cubrir solidariamente 10.1 millones de pesos, después de que, según la resolución, modificaron precios de mercado para la adquisición de tóner y elevaron el costo de la contratación.
No aparecen casos de Oaxaca entre las sanciones difundidas
El listado incluye casos ocurridos en distintas entidades, entre ellas Morelos, Veracruz, Estado de México, Puebla, Sonora, Chiapas, Jalisco, Querétaro, Nuevo León, Michoacán, Yucatán y Chihuahua, además de oficinas centrales en Ciudad de México.
Oaxaca no aparece entre las entidades señaladas en los casos detallados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Las conductas sancionadas incluyen cobros indebidos, contratación de familiares sin excusarse del procedimiento, alteración de información, irregularidades en contratos, acoso y hostigamiento sexual, uso indebido de recursos públicos, omisiones en declaraciones patrimoniales y otras faltas administrativas.
La dependencia recordó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones conforme a la legislación vigente. Las sanciones fueron impuestas, según el comunicado, bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de las faltas.
