Oaxaca: el rezago educativo frente al poder de la CNTE

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Oaxaca enfrenta una contradicción que cuestiona los resultados de su modelo educativo: destina miles de millones de pesos al sector, mantiene una de las organizaciones magisteriales con mayor capacidad de movilización y negociación del país, pero sus indicadores continúan entre los más rezagados.

El 30.5% de la población presenta rezago educativo, la escolaridad promedio es de 8.6 años y la cobertura universitaria apenas alcanza 23.6%, frente a 45.1% nacional; no es un problema atribuible a un solo gobierno ni a un solo actor: es el resultado de una estructura que no ha conseguido garantizar trayectorias educativas completas.

Por ejemplo, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante el ciclo 2024-2025 el grado promedio de escolaridad de Oaxaca fue de 8.6 años, contra 10.2 del promedio nacional; el analfabetismo llegó a 10%, más del doble del indicador nacional, de 4.1%. La brecha aparece desde los primeros niveles: la cobertura preescolar fue de 63.9% y la de educación básica, de 89.3%. En educación media superior, el abandono escolar alcanzó 11.3% durante el ciclo 2023-2024. La esperanza de escolaridad fue de 12.6 años, frente a 14 a nivel nacional.

La desigualdad se profundiza al llegar a la educación superior. La cobertura para jóvenes de 18 a 22 años fue de 23.6% en Oaxaca, frente a 45.1% nacional, en el ciclo 2024-2025. Aunque mejoró respecto del 22.1% del periodo anterior, la entidad permanece muy lejos de la media del país. El acceso a la universidad sigue fuera del alcance de una proporción considerable de jóvenes.

La medición de pobreza 2024 del INEGI ubicó en 30.5% la proporción de población oaxaqueña con rezago educativo, frente a 18.6% nacional. Chiapas fue la única entidad con una proporción mayor, de 34%. Además, el indicador estatal aumentó dos puntos porcentuales respecto de 2018, cuando era de 28.5%. El rezago no equivale únicamente a analfabetismo: incluye a personas que no han concluido la educación obligatoria que les corresponde por edad.

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene una capacidad de movilización y presión que le permite colocar sus demandas en el centro de las negociaciones con los gobiernos federal y estatal. Esa influencia quedó expuesta en junio de 2026, cuando el paro nacional de la CNTE y las protestas en la Ciudad de México coincidieron con los preparativos de la Copa Mundial de Futbol.

El 8 de junio, mientras continuaban las movilizaciones, el secretario de Educación, Mario Delgado, presentó un recuento de más de 23 mil 675 mdp en apoyos e inversión educativa para Oaxaca. La cifra incluía incrementos salariales, becas, equipos de cómputo, uniformes, mobiliario e infraestructura. Delgado destacó que 2 mil 900 millones correspondían al incremento salarial del magisterio oaxaqueño; también reportó 794 millones para equipos de cómputo, 836 millones para uniformes y más de 700 millones para mobiliario.

La movilización también puso sobre la mesa las condiciones en que se negocian las demandas laborales. El 11 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que en Oaxaca existe desde hace años un acuerdo para que los docentes conserven su salario durante los días en que participan en movilizaciones. La mandataria sostuvo que no se trataba de una disposición nueva de su gobierno. Días después, el 19 de junio, la Sección 22 acordó un receso estratégico de las movilizaciones, luego de reuniones con autoridades federales y de la revisión de los ofrecimientos gubernamentales. El conflicto no significó que todas las demandas centrales fueran aceptadas: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, una de las principales exigencias de la CNTE, no se resolvió en esa negociación.

En el ámbito estatal, el Gobierno de Oaxaca informó el 25 de mayo que había destinado 6 mil 117 millones 149 mil pesos a distintos rubros educativos relacionados con demandas del magisterio; la relación incluyó la contratación de 4 mil 705 normalistas, pagos, mobiliario, equipo tecnológico, bonos y atención de incidencias; también reportó 7 mil 512 procesos administrativos relacionados con la Sección 22.

Por separado, la SEP informó que para 2026 se asignaron 800 millones de pesos para atender necesidades e incidencias del sistema educativo oaxaqueño. Sheinbaum aclaró posteriormente que ese dinero no se entregaría al sindicato, sino que se destinaría a necesidades de las escuelas y del servicio educativo. Son cifras de distintos programas, periodos y niveles de gobierno: no deben sumarse como si fueran una sola transferencia ni presentarse como recursos administrados por la dirigencia sindical.

El seguimiento continuó el 13 de agosto, cuando Sheinbaum recibió a la representación de la Sección 22. La SEP informó que, a partir del 1 de septiembre, entrarían en vigor procesos de regularización de horas, recategorizaciones y nuevas plazas en educación básica. También reportó la entrega de mobiliario y equipo de cómputo a más de 23 mil escuelas, además de compromisos para ampliar la cobertura de becas y atender necesidades de infraestructura. El proyecto federal de presupuesto para 2026, por otra parte, contempló 33 mil 674.7 mdp para el FONE en Oaxaca, fondo destinado principalmente a la nómina educativa federalizada y al gasto operativo, no a las cuentas del sindicato.

La responsabilidad por los resultados educativos debe examinarse a partir de las atribuciones de cada actor. Los gobiernos federal y estatal administran el presupuesto, la infraestructura, la contratación y buena parte de las decisiones operativas; la Sección 22 ejerce una influencia determinante en la relación laboral y en las negociaciones del sector. La dispersión territorial, la pobreza, las desigualdades lingüísticas y las carencias de infraestructura también condicionan el aprendizaje, pero no pueden convertirse en una explicación permanente para la falta de avances.

La pregunta de fondo no es cuánto dinero se anuncia ni cuántas demandas consigue colocar el magisterio en la mesa de negociación, sino qué cambia en las escuelas después de cada acuerdo. ¿Se reducen el abandono y el rezago? ¿Mejora el aprendizaje? ¿Aumenta la proporción de jóvenes que llega a la universidad? Las autoridades deben transparentar el ejercicio de los recursos y responder por la gestión del sistema; la Sección 22, por la influencia que ejerce sobre su funcionamiento y la continuidad del servicio educativo. La fuerza sindical y el presupuesto pueden explicar parte de la dinámica política de la educación en Oaxaca, pero no acreditan por sí mismos que el derecho a aprender esté garantizado.