La política sin moral: acusar, negar y que el ciudadano crea

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.— Hay una forma de degradación política más peligrosa que el insulto, la descalificación o el pleito entre partidos: aquella en la que la verdad deja de importar y la responsabilidad se sustituye por una declaración ante los micrófonos.

El episodio entre Maru Campos y Ariadna Montiel ilustra el problema. La gobernadora de Chihuahua afirmó que la dirigente nacional de Morena tenía vínculos con el narcotráfico. Montiel rechazó los señalamientos y exigió que, si existen pruebas de algún delito, se presenten ante las autoridades. Claudia Sheinbaum confirmó que Campos le había planteado esa sospecha y aseguró que le pidió demostrarla. Hasta el 23 de octubre, la información publicada señalaba que la gobernadora no había presentado pruebas de su acusación.

Pero el problema va más allá de quién acusa y quién se defiende. Está en la facilidad con que la política mexicana pretende convertir una afirmación en sentencia y un desmentido en absolución.

¿Desde cuándo basta con acusar para sembrar una sospecha y con negar para exigir que todos la olviden? ¿En qué momento la rendición de cuentas se volvió un intercambio de adjetivos en el que cada bando se declara virtuoso y presenta al adversario como encarnación de todos los males?

La política necesita confrontación, pero también límites. Uno de ellos debería ser elemental: quien acusa tiene la obligación moral de sustentar sus palabras; quien es señalado tiene derecho a defenderse, pero su negativa no sustituye la investigación. Y cuando aparecen pruebas, estas deben examinarse, no desecharse porque incomodan a los propios.

Hannah Arendt -filósofa, historiadora, politóloga, socióloga, profesora, escritora y teórica política alemana- advirtió que la verdad factual es vulnerable cuando el poder intenta someter los hechos a sus intereses. El riesgo no consiste solamente en que un político mienta, sino en que la sociedad termine sin distinguir entre lo comprobado, lo sospechado y lo convenientemente repetido.

En México, la polarización ofrece una salida cómoda: creerle al propio y desconfiar del contrario. Así, una acusación puede convertirse en arma electoral sin que importe su sustento; una evidencia puede ser desacreditada por su procedencia antes de examinarse, y una negación puede venderse como prueba de inocencia. El juicio ciudadano queda desplazado por la lealtad de grupo.

La moral pública no consiste en hablar de honestidad ni en declararse del lado correcto de la historia. Consiste en aceptar reglas que también puedan volverse contra uno mismo. Si una acusación es grave, debe investigarse con seriedad. Si es falsa, debe haber consecuencias para quien la formuló irresponsablemente. Si existen pruebas, deben hacerse valer ante las instancias competentes, con garantías para todos.

Nada de eso se resuelve con una publicación en redes sociales, una conferencia sin admitir cuestionamientos o una entrevista condicionada por pauta comercial. Tampoco con el respaldo de una presidenta, un partido o una multitud.

El ciudadano no está obligado a creerle a Maru Campos ni a Ariadna Montiel. Está obligado, si quiere ejercer su libertad con criterio, a no confundir la estridencia con la verdad. Y los políticos tienen la obligación de ofrecer algo más que versiones interesadas.

Cuando la política pierde toda referencia moral, el poder deja de sentirse obligado a responder por sus palabras. Acusar se vuelve una estrategia; negar, una defensa automática, y la verdad, un estorbo que cada partido intenta administrar.

La democracia no puede exigir fe ciega en sus gobernantes. Exige hechos, pruebas, procedimientos y responsabilidad. Porque cuando todo se reduce a decidir a quién creerle, el debate público deja de buscar la verdad y se convierte en una competencia de credulidades.

Y en esa cancha, el que pierde no es un partido: es el ciudadano.

... sin falta. Fue al balón.