Migrantes: reconocer su aportación, respetar sus derechos

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.— En los pueblos de Oaxaca, una llamada puede atravesar la frontera: la asamblea ha nombrado a alguien para servir a su comunidad. Aunque lleve años trabajando fuera de México, su pueblo lo sigue considerando parte de él. Entonces vienen las decisiones difíciles: organizar el regreso, hablar con la familia, resolver el trabajo y asumir la responsabilidad encomendada.

Esa experiencia nos obliga a mirar con cuidado la reforma sobre nacionalidad única impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Para nuestras comunidades, la distancia no necesariamente rompe la pertenencia. Tampoco una segunda nacionalidad demuestra que alguien haya dejado de querer y servir a su tierra.

El decreto publicado el 7 de octubre de 2026 modifica los artículos 82, 116 y 122 constitucionales. Para aspirar a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, exige renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar el registro. Su aplicación electoral comienza en 2028. Esta reforma no extiende esa prohibición a diputaciones, senadurías ni cargos municipales.

La precisión es indispensable: no se ha cancelado, mediante esta reforma, la posibilidad de que los migrantes regresen para ejercer una presidencia municipal, una sindicatura o una regiduría. Esos cargos conservan sus propios requisitos. Pero también sería equivocado afirmar que la medida no afecta a los oaxaqueños binacionales: condiciona su posibilidad de aspirar a gobernar su estado o dirigir el país.

La justificación oficial es proteger la soberanía y evitar interferencias extranjeras. Es una finalidad legítima. Lo discutible es si poseer otra nacionalidad constituye, por sí mismo, una razón suficiente para imponer semejante restricción.

Una segunda ciudadanía puede ser resultado del lugar donde una persona nació o de una vida construida mediante el trabajo y la migración. No acredita automáticamente una lealtad dividida. Del mismo modo, tener solamente nacionalidad mexicana no garantiza honestidad, independencia ni compromiso con el interés público.

La lealtad a México debe demostrarse con hechos. Un pasaporte, por sí solo, no certifica la integridad de nadie.

Existe, además, una contradicción política que no debemos eludir. En 2025, México recibió más de 61 mil millones de dólares en remesas. Detrás de esa cantidad están las jornadas de trabajo, los sacrificios y el apoyo constante de quienes contribuyen a la alimentación, la educación, la salud y la vivienda de sus familias. Ese dinero también circula en los comercios y fortalece las economías locales.

¿Cómo conciliar el reconocimiento de esa aportación con una restricción que obliga a ciertos mexicanos a renunciar a otra nacionalidad para alcanzar las mayores responsabilidades públicas?

Ahí encuentro un doble rasero: se celebra a los migrantes por lo que aportan, pero se condiciona el acceso de los binacionales a determinados espacios donde se decide el futuro del país. El reconocimiento resulta incompleto cuando el elogio no viene acompañado de respeto a sus aspiraciones políticas.

Y sus derechos no dependen del dinero que envíen. Quien no puede mandar remesas conserva la misma dignidad y merece igual consideración. La contribución económica hace más visible la contradicción; la ciudadanía es el fundamento de la exigencia.

Pensemos en una oaxaqueña o un oaxaqueño que emigró, adquirió otra nacionalidad, mantuvo sus vínculos comunitarios y decidió regresar. Cumplió cargos, conoció las necesidades de su región y construyó una propuesta para gobernar el estado. ¿Por qué no habría de aspirar a la gubernatura? ¿Por qué no podría, cumpliendo los demás requisitos, proponerse algún día para la Presidencia de la República?

Con la nueva disposición, conservar la otra nacionalidad le impediría satisfacer ese requisito cuando la reforma resulte aplicable. Podría competir si renuncia a ella y cumple las demás condiciones legales. La puerta queda condicionada a una decisión de enorme importancia personal y familiar.

¿Es indispensable esa renuncia para garantizar que gobierne con lealtad? ¿Qué demuestra mejor su compromiso: la exclusividad de su nacionalidad o una trayectoria comprobable de servicio, transparencia y responsabilidad?

Los pueblos de Oaxaca aportan una perspectiva valiosa. En diversas comunidades, quienes viven fuera siguen cooperando, participando y atendiendo responsabilidades. La asamblea puede llamarlos a regresar porque reconoce una pertenencia que ha sobrevivido a la distancia. Las prácticas cambian entre comunidades, pero ese vínculo merece respeto.

La justicia electoral ha conocido esa realidad. En el expediente SUP-REC-68/2020, relativo a Santiago Yucuyachi, el Tribunal Electoral confirmó la elección de concejales y ordenó garantizar el ejercicio de las autoridades electas; el asunto incluyó a personas migrantes con doble nacionalidad. Es un antecedente concreto de su presencia en el gobierno comunitario, aunque cada elección deba cumplir sus propios requisitos.

El artículo 2 constitucional reconoce, además, la libre determinación de los pueblos indígenas y su derecho a elegir autoridades conforme a sus sistemas normativos, dentro del marco constitucional y con respeto a los derechos humanos. Esa garantía obliga a tomar en serio la manera en que las comunidades entienden el servicio y la pertenencia.

Por eso debemos impedir que la confusión sobre esta reforma se convierta en un pretexto para excluir a migrantes de cargos que no están comprendidos en ella. Las autoridades electorales tienen la responsabilidad de explicar sus alcances con claridad.

También debemos cuestionar su justificación. Invocar la soberanía no basta para demostrar que una restricción sea necesaria, adecuada y proporcional. Sus defensores deben explicar qué riesgo concreto representa la doble nacionalidad y por qué renunciar a ella ofrecería una garantía suficiente frente a ese riesgo.

Cuestiono esta reforma porque condiciona derechos políticos de los mexicanos binacionales sin que poseer otra nacionalidad demuestre, por sí mismo, falta de compromiso con México. Su incorporación a la Constitución no la coloca fuera del debate ni impide exigir su revisión.

No hace falta atribuirle un destinatario oculto para examinar sus consecuencias. La discusión debe centrarse en las personas afectadas, en la solidez de sus razones y en la posibilidad de proteger la soberanía mediante medidas que restrinjan menos los derechos.

Abramos el debate en las comunidades, las organizaciones migrantes, las universidades y los congresos. Que quienes viven entre dos países tengan voz en una decisión que les concierne directamente. Promovamos su revisión y las modificaciones o la derogación que correspondan por las vías democráticas.

Una oaxaqueña o un oaxaqueño que construyó su vida en el extranjero puede tener capacidad, experiencia y compromiso para gobernar su estado. También puede aspirar a dirigir los destinos del país. Defiendo que esa posibilidad se valore por su trayectoria, su propuesta y el cumplimiento de requisitos legítimos, sin convertir automáticamente su otra nacionalidad en motivo de desconfianza.

Nuestros migrantes merecen reconocimiento por su trabajo, respeto a sus derechos y la posibilidad de que sus aspiraciones sean escuchadas. Cuando el pueblo llama a quien vive lejos para que vuelva a servir, nos recuerda algo esencial: irse para buscar una vida mejor no significa dejar de pertenecer al pueblo del que se salió.

La frontera no borra las raíces. El amor a México también se demuestra haciéndose responsable de su destino. Por eso debemos discutir esta reforma, cuestionar sus razones y exigir que la defensa de la soberanía sea compatible con los derechos políticos de nuestra comunidad binacional.