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Fiscalía de Oaxaca interviene nueve anexos ligados a presunta red de extorsión

Centros de rehabilitación habrían servido para reclutar personas destinadas al cobro de préstamos "gota a gota", extorsiones y cobro de piso.

Decenas de medios de comunicación con cámaras y celulares grabando al fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla
Fiscalía de Oaxaca interviene nueve anexos ligados a presunta red de extorsión.|Foto: FGEO

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) intervino nueve anexos y centros de rehabilitación presuntamente relacionados con una red de extorsión, cobro de piso y préstamos usureros que operaba en Valles Centrales bajo la fachada de la organización conocida como ASAEO.

De acuerdo con el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, las indagatorias apuntan a que algunos de esos establecimientos habrían funcionado como espacios de captación de personas con problemas de adicción, a quienes presuntamente incorporaban a tareas de vigilancia, cobro de deudas e intimidación de comerciantes y transportistas.

Nueve intervenciones y una estructura bajo investigación

La primera intervención ocurrió el 2 de septiembre en el centro Casa de Media Luz–Vikingos Despertar Oaxaca, donde fue detenido un hombre identificado como "Padrino Paye". El 8 de octubre, la Fiscalía ejecutó ocho cateos adicionales en establecimientos de la capital, con lo que suman nueve anexos intervenidos dentro de esta línea de investigación.

En dos inmuebles de la avenida Montoya, en San Martín Mexicapam, fueron localizadas sustancias con características de estupefacientes. Su naturaleza y las posibles responsabilidades relacionadas deberán determinarse mediante los procedimientos correspondientes.

La investigación también identificó un grupo de WhatsApp con 94 integrantes, cuyo análisis habría permitido establecer presuntos vínculos entre responsables de anexos, líderes de zona y personas encargadas de los cobros. Según la FGEO, la estructura tendría una cúpula que emitía instrucciones, mandos intermedios y células operativas encargadas de vigilar y exigir pagos.

Préstamos usureros y cobros a comerciantes

Entre las actividades investigadas figuran la vigilancia de comerciantes y grupos rivales, las alertas sobre presencia policial y el cobro de préstamos mediante amenazas. Entre los posibles afectados se encuentran taxistas que trabajan en el entorno de la Central de Abasto, además de comerciantes, vendedores ambulantes y locatarios de distintas zonas de la ciudad.

Las líneas ministeriales también apuntan a un mecanismo de financiamiento en el que algunos responsables de centros de rehabilitación habrían entregado entre 20 mil y 50 mil pesos a intermediarios para colocar préstamos "gota a gota" entre pequeños comerciantes. La devolución de esos recursos presuntamente se exigía mediante prácticas coercitivas.

La Fiscalía estima que la organización habría obtenido ganancias ilícitas cercanas a 20 millones de pesos mensuales por extorsión, cobro de piso y préstamos usureros. Se trata de una estimación ministerial, no de una cantidad acreditada judicialmente.

La investigación abarca municipios de Valles Centrales

Las autoridades ubican posibles zonas de operación en el Centro Histórico, la Central de Abasto, Pueblo Nuevo, Viguera, Santa Rosa Panzacola, San Martín Mexicapam, San Juan Chapultepec y Cinco Señores, en Oaxaca de Juárez.

Las indagatorias también abarcan municipios como Santa Cruz Xoxocotlán, San Pablo Etla, Villa de Etla, Soledad Etla, Tlalixtac de Cabrera, San Antonio de la Cal, Cuilápam de Guerrero, Villa de Zaachila y Villa de Mitla.

La FGEO mantiene abiertas las investigaciones para determinar el alcance territorial de la presunta red, identificar a otros posibles participantes y establecer responsabilidades individuales. En los operativos han colaborado la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

La intervención de los nueve anexos constituye una línea de investigación en curso: los presuntos vínculos descritos por la Fiscalía deberán acreditarse conforme avance el proceso, sin atribuir responsabilidad penal a todas las personas relacionadas con esos establecimientos.

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