La consulta indígena y el riesgo de convertirla en botín político
Este procedimiento no puede reducirse a la coyuntura política de 2026; lo que está en juego es una conquista histórica de nuestros pueblos.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.— La consulta sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que hoy recorre México no puede entenderse solamente desde la coyuntura política de 2026, ni reducirse a las diferencias entre dirigentes, legisladores, organizaciones, partidos o corrientes políticas.
Lo que está en juego es mucho más grande.
Estamos frente a un nuevo capítulo de una larga lucha: la batalla histórica de nuestros pueblos por dejar de ser considerados objetos de tutela para ser reconocidos como sujetos colectivos de derecho, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía y capacidad para decidir sobre su vida comunitaria.
Quienes venimos del movimiento indígena sabemos que nada de esto nos ha sido regalado.
Una lucha que viene de lejos
Durante buena parte de la historia del México independiente, el Estado construyó su relación con los pueblos originarios desde una visión integracionista: había que incorporar al indígena a la nación, castellanizarlo, educarlo y desarrollarlo.
Incluso el indigenismo del siglo XX, pese a sus aportaciones, mantuvo una contradicción profunda: el Estado hablaba de los indígenas y diseñaba políticas para ellos, pero pocas veces reconocía plenamente su capacidad para decidir por sí mismos.
México ratificó en 1990 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En 1992, la Constitución reconoció el carácter pluricultural de la Nación. Fueron pasos importantes, pero insuficientes.
El primero de enero de 1994 transformó la discusión nacional. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional colocó nuevamente frente al país una deuda acumulada durante siglos.
Ya no se hablaba solamente de pobreza. Se hablaba de dignidad, territorio, autonomía, justicia, libre determinación y derechos colectivos.
De aquel proceso surgieron los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, firmados en 1996, y posteriormente la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación, la COCOPA.
En 2001 se reformó el artículo 2º constitucional. Fue otro avance, aunque numerosos pueblos y organizaciones consideraron que aquella reforma no recogía plenamente los compromisos y el espíritu de San Andrés.
La historia, sin embargo, no se detuvo.
Una generación indígena que dio la batalla
Esta historia tampoco puede escribirse solamente con fechas, presidentes y reformas constitucionales.
Detrás de cada avance hubo mujeres y hombres indígenas que durante décadas caminaron por comunidades, asambleas, organizaciones, tribunales y espacios de negociación defendiendo conceptos que alguna vez parecieron imposibles de incorporar al lenguaje constitucional mexicano.
Entre ellos han estado Adelfo Regino Montes y Hugo Aguilar Ortiz, junto con muchos otros hermanos y hermanas indígenas de Oaxaca y del país que participaron, desde distintos espacios, en la larga discusión sobre autonomía, libre determinación, sistemas normativos y derechos colectivos.
Podemos coincidir o discrepar con quienes posteriormente asumieron responsabilidades públicas.
Pero las diferencias políticas del presente no pueden borrar la historia.
Y junto a los nombres conocidos estuvieron cientos de autoridades comunitarias, abogados indígenas, mujeres, comuneros, campesinos y defensores del territorio que nunca ocuparon un cargo.
Algunos ni siquiera llegaron vivos hasta este momento.
Hay derechos escritos también con sangre
Mientras algunos dieron la batalla desde las negociaciones y las instituciones, otros defendieron directamente sus comunidades, bosques, ríos, tierras y territorios.
Y algunos fueron asesinados.
Ahí están Bety Cariño Trujillo, mujer mixteca oaxaqueña asesinada en 2010 mientras participaba en una caravana humanitaria hacia San Juan Copala; Julián Carrillo, indígena rarámuri y defensor territorial asesinado en Chihuahua en 2018; y Samir Flores Soberanes, indígena nahua, comunicador comunitario y defensor de la tierra y el territorio, asesinado en Morelos en 2019.
Detrás de ellos existen muchos otros nombres que quizá nunca aparecerán en los libros de historia.
Por eso hay una verdad que no podemos olvidar:
los derechos que hoy discutimos alrededor de una mesa hubo hermanos nuestros que tuvieron que defenderlos con la vida.
Nuestros muertos no pertenecen a ningún partido ni a ningún gobierno.
Pertenecen a la memoria de los pueblos.
Nada se nos ha regalado
Los que venimos del movimiento indígena sabemos que esta historia no nació de la voluntad generosa de ningún gobierno.
Sabemos lo que significa salir a las calles a exigir respeto a la vida y a los derechos de nuestros pueblos.
Sabemos de asambleas interminables, marchas, plantones, movilizaciones, documentos, denuncias, negociaciones y puertas cerradas.
Sabemos también de compañeros perseguidos, autoridades amenazadas, defensores encarcelados y hermanos asesinados.
Por eso podemos decirlo con autoridad histórica:
Nada se nos ha regalado.
Lo poco o mucho que hemos avanzado ha sido resultado de la organización, la exigencia, la movilización y los reclamos de nuestras comunidades.
San Andrés no cayó del cielo.
El reconocimiento constitucional tampoco fue una concesión graciosa del Estado.
Los gobiernos pueden abrir puertas y convertir las demandas sociales en reformas. Cuando lo hacen debemos reconocerlo. Pero la fuente originaria de estos derechos está en los pueblos que los han exigido.
La Cuarta Transformación y la reforma de 2024
Reconocer esa historia tampoco significa negar los avances alcanzados durante los últimos años.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador comenzó otra etapa de este largo proceso. A partir de 2019 se desarrollaron foros, consultas, encuentros y diálogos encaminados a construir una nueva propuesta constitucional en materia de derechos indígenas y afromexicanos.
El 5 de febrero de 2024, López Obrador presentó una iniciativa de reforma constitucional y, después del proceso legislativo, ésta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024.
Ahí ocurrió un cambio jurídico fundamental: los pueblos y comunidades indígenas fueron reconocidos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
El reconocimiento alcanzó también a los pueblos y comunidades afromexicanas y fortaleció derechos relacionados con libre determinación, autonomía, sistemas normativos, jurisdicción indígena, patrimonio cultural, participación de las mujeres y ejercicio de recursos públicos.
¿Quedaron satisfechas todas nuestras demandas?
No.
Persisten discusiones fundamentales sobre territorio, bienes naturales, consentimiento, jurisdicción y alcances efectivos de la autonomía.
Pero tampoco podemos negar la trascendencia de lo alcanzado.
No porque un gobierno haya regalado derechos a los pueblos, sino porque una lucha histórica encontró una nueva expresión constitucional durante la Cuarta Transformación.
Reconocerlo no significa renunciar a nuestra memoria crítica ni convertir la historia indígena en patrimonio de un partido.
De la Constitución a la realidad
Ahora corresponde al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum avanzar de la Constitución hacia su desarrollo legislativo.
Porque los derechos constitucionales necesitan leyes, instituciones, procedimientos y recursos para ejercerse plenamente.
De ahí la importancia de la consulta sobre la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
No estamos discutiendo simplemente otra ley.
Estamos discutiendo cómo convertir décadas de lucha y una conquista constitucional en derechos efectivamente ejercidos por nuestras comunidades.
La consulta debe fortalecer la palabra de los pueblos y permitirles deliberar, cuestionar, proponer y construir desde sus propias realidades.
No se trata de encontrar una sola voz.
Se trata de escuchar todas las voces.
Los derechos de los pueblos no pueden ser botín político
También sería ingenuo ignorar que alrededor de un proceso de esta magnitud existen intereses y disputas políticas.
Las conquistas indígenas han despertado siempre intentos de apropiación e intermediación. Hoy pueden provenir de partidos, grupos parlamentarios, organizaciones, corrientes internas, liderazgos o intereses personales que pretendan convertir una causa colectiva en instrumento de posicionamiento político.
Debemos impedirlo.
La consulta pertenece a los pueblos.
No a un partido.
No a un gobierno.
No al Senado ni a la Cámara de Diputados.
No a una organización.
No a un funcionario.
Una cosa es expresar diferencias legítimas sobre el contenido de la ley y otra muy distinta utilizar los derechos indígenas para disputar espacios de poder.
Quien quiera participar en la construcción de la política indígena nacional debe decir qué propone sobre autonomía, territorio, libre determinación, jurisdicción indígena, sistemas normativos, lenguas, derechos de las mujeres y presupuesto.
Ése es el debate que necesitamos.
No una disputa por oficinas ni una competencia para determinar quién habla en nombre de los indígenas.
Porque nadie posee esa representación por decreto.
La voz pertenece a los pueblos y debe expresarse desde sus comunidades.
Quienes venimos de este movimiento tampoco somos espectadores.
No somos invitados en esta discusión. Somos parte de la historia que la hizo posible.
Muchos estuvimos ahí cuando hablar de autonomía despertaba sospechas; cuando exigir libre determinación parecía una amenaza; cuando defender sistemas normativos indígenas era considerado atraso y cuando hablar de territorio provocaba enormes resistencias políticas y económicas.
Hoy algunos de aquellos conceptos están escritos en nuestra Constitución.
Qué bueno.
Pero no olvidemos cuánto costó llegar hasta ahí.
Nuestra lealtad no puede ser a una persona, un cargo, un partido o un gobierno.
Nuestra lealtad es con nuestros pueblos.
Ni modelos importados ni nuevas tutelas
Hay otro riesgo que debemos evitar.
Después de tantos años luchando contra políticas construidas desde arriba, no podemos sustituir aquella vieja tutela por otra: copiar mecánicamente modelos elaborados en otros países y para otras realidades.
México debe mirar al mundo. El Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas son referentes fundamentales.
Podemos aprender de otras experiencias.
Pero aprender no significa copiar.
México posee su propia historia civilizatoria, agraria, comunitaria y jurídica. Y tampoco existe una sola realidad indígena mexicana.
No es igual una comunidad ayuujk de Oaxaca que un pueblo yaqui de Sonora; ni la realidad rarámuri es idéntica a la maya, nahua, wixárika, purépecha, mazateca, chinanteca, mixteca, zapoteca o triqui.
Ni siquiera Oaxaca puede convertirse en molde para todo México.
Tenemos asambleas, tequio, tierras comunales y ejidales, sistemas de cargos, autoridades agrarias, sistemas normativos, formas comunitarias de justicia, comunalidad y una extraordinaria diversidad lingüística.
Por eso consultar no consiste solamente en traducir documentos.
Significa permitir que cada pueblo comprenda, delibere y decida desde su lengua, su pensamiento y sus propias instituciones.
El derecho internacional debe ofrecernos un piso de derechos, nunca un techo para nuestra imaginación política.
Después de siglos en los que otros pretendieron definirnos, la libre determinación debe incluir algo elemental: el derecho de nuestros pueblos a pensarse a sí mismos.
Los pueblos permanecerán
La consulta de 2026 no comenzó con este gobierno ni con la Cuarta Transformación.
Viene de mucho antes.
Viene de las comunidades y sus resistencias; pasó por las luchas agrarias, el Convenio 169, el levantamiento zapatista, San Andrés, la COCOPA, la reforma de 2001 y décadas de organización indígena.
Pasó por Adelfo Regino, Hugo Aguilar y muchos otros hermanos y hermanas que dieron la batalla política, jurídica y comunitaria.
Y pasó también por Bety Cariño, Julián Carrillo, Samir Flores y tantos otros que entregaron la vida defendiendo aquello que hoy discutimos como derecho.
Alcanzó un nuevo momento con la reforma constitucional de 2024 y con la legislación que hoy se consulta.
Ahora corresponde a nuestra generación decidir qué hacemos con esa herencia.
Los gobiernos pasarán.
Los partidos pasarán.
Los legisladores y funcionarios pasarán.
Nosotros también pasaremos.
Los pueblos permanecerán.
Permanecerán sus lenguas, sus territorios, sus asambleas, sus sistemas normativos, sus muertos, sus memorias y sus formas de comprender el mundo.
Por eso la pregunta verdaderamente importante será: ¿Logramos convertir el reconocimiento constitucional en poder real para que nuestros pueblos decidieran sobre su propio destino?
Queremos una ley nacida de la historia y de la palabra de nuestros pueblos.
Una ley con memoria.
Con raíz.
Con dignidad.
Y con voz propia.
Porque quienes venimos de este movimiento sabemos algo que no debemos olvidar: Nada se nos ha dado.
Lo que hemos avanzado ha sido resultado de la exigencia, la organización, las movilizaciones y la resistencia de nuestras comunidades.
Los derechos de nuestros pueblos no son una concesión del poder. Son una conquista histórica.
Que nadie pretenda apropiárselos.
Que nadie pretenda negociarlos.
Que nadie pretenda convertirlos en botín político.
Porque después de siglos en los que otros hablaron y decidieron por nosotros, la gran conquista sigue siendo la más profunda: que nuestros pueblos tengan no solamente el derecho a ser escuchados, sino el poder efectivo de decidir su propio destino.
