Elecciones de 2027: una elección más chica, un gasto mayor
El proceso electoral perfila 51 mil millones de pesos, mientras el INE justifica el aumento por más casillas, inflación y costos operativos.
El proceso electoral perfila 51 mil millones de pesos, mientras el INE justifica el aumento por más casillas, inflación y costos operativos.
Ciudad de México.— El problema no es solamente cuánto costarán las elecciones de 2027, sino qué tan difícil resulta contener una maquinaria electoral que año tras año incorpora nuevas obligaciones, estructuras y gastos. Para los próximos comicios se perfila una bolsa de 51 mil millones de pesos, una cifra que deberá pasar todavía por la discusión presupuestal de la Cámara de Diputados.
El dato resulta incómodo: será una elección intermedia, sin contienda presidencial, pero el aparato electoral federal pretende disponer de más recursos que en 2024, cuando estuvieron en juego la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y miles de cargos locales.
Una elección sin Presidencia que cuesta cada vez más
El INE solicitó 13 mil 453 millones de pesos para organizar la elección y el TEPJF otros 4 mil millones para resolver las impugnaciones. A eso se agregan los gastos permanentes del instituto, el financiamiento de los partidos y una bolsa precautoria para eventuales consultas ciudadanas.
El argumento institucional es conocido: crece el padrón, crece el número de casillas y crecen los costos de operar una elección nacional. Para 2027 se proyectan 176 mil 741 casillas, 6 mil 738 más que en 2024, además de mayores costos de papel de seguridad y el efecto de la inflación.
Pero ahí aparece la pregunta que el presupuesto por sí solo no responde: ¿hasta dónde puede crecer el costo de organizar elecciones sin que el sistema tenga que demostrar mayores niveles de eficiencia?
En 2021, el INE dispuso de 8 mil 168 millones de pesos para la elección intermedia. En 2024, la cifra fue de 9 mil 355 millones. Para 2027, el salto propuesto vuelve a colocar al gasto electoral bajo el reflector.
La “bola de nieve” también financia a los partidos
El gasto no termina en las urnas. Las prerrogativas públicas de los partidos pasarían de 7 mil 737 millones de pesos en 2026 a alrededor de 10 mil millones en 2027, impulsadas por la fórmula constitucional y la incorporación de dos nuevos partidos nacionales.
Así, una parte creciente del presupuesto queda comprometida antes de que los ciudadanos emitan un solo voto.
La explicación legal existe, pero eso no elimina la discusión política y presupuestal. Que un gasto esté determinado por una fórmula constitucional no significa que deje de ser cuestionable su magnitud, especialmente cuando el país enfrenta presiones permanentes sobre salud, infraestructura, seguridad y servicios públicos.
El propio INE reconoce una variación de 45.6% en el gasto total de 2024 frente al monto pretendido para 2027. El porcentaje convierte la discusión en algo más serio que una simple diferencia presupuestaria: obliga a revisar qué está creciendo, por qué está creciendo y qué mecanismos existen para impedir que el costo electoral se convierta en una expansión automática.
21 mil cargos y una factura que seguirá creciendo
Los comicios de 2027 pondrán en disputa aproximadamente 21 mil cargos de representación popular, además de las elecciones locales que organizarán los organismos electorales de las entidades.
El tamaño de la elección ayuda a explicar la factura, pero también exhibe la complejidad de un modelo que acumula estructuras federales, tribunales, institutos locales, financiamiento partidista, nóminas, credenciales, boletas y miles de procedimientos jurisdiccionales.
El verdadero debate, por tanto, no debería limitarse a aprobar o rechazar los 51 mil millones de pesos. La discusión de fondo es si el sistema electoral mexicano está obligado únicamente a pedir más dinero cada vez que aumenta la escala de una elección o si también debe demostrar que puede hacer más con menos.
Porque una democracia necesita elecciones confiables, pero la confianza democrática no convierte el gasto en un cheque en blanco. La Cámara de Diputados tendrá la última palabra sobre cuánto terminarán costando los comicios de 2027.
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