Nueva Constitución de Oaxaca plantea reducir artículos y elevar derechos sociales

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.— El Gobierno de Oaxaca presentó una propuesta de nueva Constitución estatal que plantea una reorganización integral del marco jurídico, con énfasis en los derechos sociales, pueblos indígenas y afromexicano, participación ciudadana y límites al poder público.

El gobernador Salomón Jara Cruz sostuvo que el proyecto tiene un carácter “intercultural, humanista y democrático” y afirmó que su elaboración se realizó mediante encuentros regionales y temáticos, bajo una lógica de construcción “de abajo hacia arriba”.

Uno de los principales cambios planteados es la reducción del texto constitucional. De acuerdo con el Gobierno estatal, la Constitución vigente acumula aproximadamente 850 reformas, contiene disposiciones repetitivas o contradictorias, artículos derogados y lenguaje considerado obsoleto.

Frente a ese diagnóstico, la nueva propuesta contempla 81 artículos, frente a los 142 actuales, y reduce de 10 a 7 el número de títulos que integran el ordenamiento.

El planteamiento busca actualizar y simplificar la estructura constitucional sin romper, según el gobierno estatal, con la tradición jurídica que históricamente ha distinguido a Oaxaca.

El proyecto incorpora como uno de sus ejes el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y del pueblo afromexicano, así como el fortalecimiento de su autonomía y participación.

También contempla mecanismos de reparación histórica y propone elevar los programas sociales a rango constitucional, con el argumento de que su permanencia no debe depender de la administración que se encuentre en el poder. Jara Cruz sostuvo que la propuesta busca que las demandas sociales y los derechos de la población tengan una protección constitucional más amplia.

Según el Gobierno estatal, más de 10 mil personas participaron en 10 encuentros regionales y 15 encuentros temáticos realizados en las ocho regiones de Oaxaca.

La administración estatal presenta este proceso como una diferencia frente a una reforma construida exclusivamente desde las instituciones. El argumento político es que la Constitución debe reflejar las demandas surgidas desde el territorio y no únicamente las decisiones tomadas desde los espacios de gobierno.

El proyecto también plantea fortalecer mecanismos para la defensa de los derechos y establecer mayores límites al ejercicio del poder público.

La siguiente etapa será determinante: convertir una propuesta política y jurídica en un nuevo texto constitucional requiere discusión, revisión técnica y aprobación conforme al procedimiento legislativo correspondiente. El verdadero alcance de la reforma dependerá, por ello, no sólo de lo que plantea el documento, sino de qué derechos quedan efectivamente protegidos y qué controles al poder terminan incorporándose al nuevo orden constitucional.