¿Quién pagará nuestra vejez?
México envejece y el debate sobre las pensiones también plantea quién cuidará a sus adultos mayores.
México envejece y el debate sobre las pensiones también plantea quién cuidará a sus adultos mayores.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.— Este domingo 23 de agosto, La Jornada publica una advertencia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que México no debería dejar pasar inadvertida: nuestro país tendrá que volver a discutir su sistema de pensiones.
La razón es sencilla de explicar, pero difícil de resolver: México está envejeciendo.
Según las proyecciones recogidas por la CEPAL, el llamado bono demográfico mexicano terminará alrededor de 2030. Para entonces México tendrá casi 138 millones de habitantes y aproximadamente 14.96 por ciento serán mayores de 60 años.
El bono demográfico es ese periodo excepcional en el que un país tiene proporcionalmente más personas en edad de trabajar que niños y adultos mayores dependientes. Hay más manos produciendo, pagando impuestos y cotizando mientras la población dependiente es proporcionalmente menor.
Pero ese bono no dura para siempre.
Las generaciones envejecen, disminuyen los nacimientos y aumenta la proporción de adultos mayores respecto de quienes están en edad productiva.
Dicho de manera sencilla: habrá proporcionalmente menos trabajadores para sostener a más personas jubiladas.
Las consecuencias fiscales ya comienzan a sentirse.
Para 2026, las pensiones contributivas absorberán alrededor de 1.704 billones de pesos, equivalentes a 16.85 pesos de cada 100 del gasto público. Si agregamos los 526 mil 508 millones destinados a la pensión universal para adultos mayores, las transferencias relacionadas con la vejez alcanzan aproximadamente 22 de cada 100 pesos del gasto público.
Veintidós pesos de cada cien.
La cifra impresiona.
Pero antes de convertir a nuestros viejos en una estadística presupuestaria deberíamos formular una pregunta mucho más importante: ¿Quién pagará nuestra vejez?
México lleva décadas reformando sus pensiones.
Con la reforma del IMSS de 1997 se consolidó el modelo de cuentas individuales administradas por las AFORE. Para los trabajadores al servicio del Estado, la Ley del ISSSTE de 2007 significó otro cambio fundamental.
Y ahí existe una herida que nunca terminó de cerrar.
Porque no se modificó solamente quién administra los recursos. Cambió la concepción misma de la jubilación.
El sistema solidario descansaba fundamentalmente en una responsabilidad compartida entre trabajadores, empleadores, Estado y generaciones. Con las cuentas individuales adquirió mucho mayor peso cuánto logró acumular cada trabajador durante su vida laboral.
Sería incorrecto afirmar simplemente que las AFORE se quedan con el dinero de los trabajadores. Administran e invierten esos recursos dentro de un sistema regulado.
Pero también sería equivocado suponer que porque una cuenta genera rendimientos está resuelto el problema de la jubilación.
La pregunta verdadera es: ¿Alcanzará ese ahorro para vivir dignamente cuando llegue la vejez?
La CNTE lleva años advirtiéndolo
Desde Oaxaca conocemos perfectamente esta discusión.
La CNTE y particularmente el movimiento magisterial oaxaqueño han mantenido como una de sus demandas centrales la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el regreso a un sistema solidario de pensiones.
Podemos discutir sus métodos de lucha, sus estrategias y la viabilidad financiera de sus propuestas.
Pero no podemos ignorar el problema que están colocando sobre la mesa.
Porque en el fondo la discusión es ésta: ¿Quién debe asumir el riesgo económico de llegar a viejo?
¿El trabajador individualmente?
¿El Estado?
¿Los patrones?
¿Las generaciones siguientes?
¿O todos mediante un nuevo pacto social?
La advertencia de la CEPAL vuelve todavía más urgente esa discusión.
México envejece, pero además crece poco
Aquí falta una pieza fundamental.
Nuestro problema no consiste solamente en que México esté envejeciendo.
Consiste en que estamos envejeciendo sin haber construido una economía suficientemente dinámica, productiva e incluyente.
México es un país inmensamente rico.
Tenemos petróleo, gas, minerales, bosques, mares, tierras productivas, biodiversidad, turismo, industria, una enorme fuerza laboral y una posición geográfica privilegiada junto a una de las economías más grandes del mundo.
Entonces la pregunta resulta inevitable: ¿Por qué un país con semejantes recursos y ventajas lleva décadas creciendo por debajo de sus necesidades?
No existe una sola explicación.
Tenemos baja productividad, una enorme informalidad laboral, insuficiencias de infraestructura, necesidades de mayor inversión productiva, rezagos en innovación y tecnología y problemas de inseguridad, extorsión, burocracia e impunidad que desalientan inversiones.
México tampoco ha conseguido transformar suficientemente su riqueza en conocimiento.
Las naciones que prosperan sostenidamente no lo hacen únicamente porque posean petróleo, minerales o territorio.
Educan.
Investigan.
Innovan.
Desarrollan tecnología.
Forman científicos, técnicos e ingenieros.
Generan empresas capaces de producir mayor valor.
La riqueza de una nación no consiste solamente en lo que existe debajo de su tierra, sino en lo que su gente es capaz de hacer con aquello que tiene.
Y aquí aparece la relación directa con las pensiones.
Una economía que crece poco genera menos oportunidades de empleo formal.
Menos empleo formal significa menos trabajadores cotizando.
Menos trabajadores cotizando significan menos recursos entrando regularmente al sistema de seguridad social.
Y si simultáneamente aumenta la población adulta mayor, la presión se multiplica.
La ecuación resulta preocupante: Bajo crecimiento + informalidad + envejecimiento = mayor presión sobre pensiones, salud y cuidados.
Por eso sería profundamente injusto presentar una nueva reforma como si el problema consistiera simplemente en que los mexicanos vivimos demasiado./
Antes de decirle al trabajador que tendrá que jubilarse más tarde, aportar más o recibir menos, el Estado también debe explicar cómo hará para que México crezca más, produzca más, innove más y genere millones de empleos formales.
Porque otra manera de fortalecer las pensiones es tener una economía más grande y productiva, con muchos más trabajadores cotizando.
También tenemos que hablar de corrupción
Pero sería incompleto explicar nuestro pobre desempeño económico exclusivamente mediante variables económicas.
México ha padecido durante décadas otro lastre: la corrupción.
No todos los políticos son corruptos. Existen servidores públicos honestos.
Pero tampoco podemos fingir que la corrupción ha sido una anomalía marginal en nuestra historia.
Hemos conocido funcionarios, dirigentes y redes de intereses que utilizaron posiciones públicas para enriquecerse, favorecer negocios particulares, beneficiar familiares y amigos, construir clientelas o tratar los recursos públicos como patrimonio propio.
Y la corrupción también tiene un costo económico.
Cada peso desviado de una carretera es infraestructura que no se construye.
Cada peso sustraído de la salud es un medicamento, una cama hospitalaria o un especialista que no llega.
Cada obra artificialmente encarecida significa recursos que dejaron de utilizarse en otra necesidad.
Cada contrato otorgado por compadrazgo o interés político en lugar de capacidad disminuye la eficiencia del Estado.
Por eso resulta incómodo que decisiones que afectan la jubilación de millones hayan sido tomadas muchas veces por integrantes de una clase política cuyas condiciones materiales están profundamente alejadas de las de la mayoría de los trabajadores.
Para quien tiene patrimonio, buenos ingresos, propiedades y seguridad económica, elevar la edad de jubilación puede parecer una variable actuarial.
Para un campesino que comenzó a trabajar siendo niño puede significar cinco años adicionales de agotamiento.
Para algunos, una pensión es una cifra en una hoja de cálculo.
Para otros será la diferencia entre comprar medicamentos o comer.
Las matemáticas pueden decirnos cuánto cuesta la vejez, pero no pueden decirnos cuánto vale la dignidad de un viejo.
¿Quién decide cómo debemos envejecer?
También debemos recordar nuestra historia.
Durante las décadas de las reformas estructurales, organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional promovieron en América Latina políticas de disciplina fiscal, transformación del papel del Estado y modificaciones de los sistemas de seguridad social.
Pero no debemos utilizar a esos organismos para absolver a nuestra propia clase política.
Las leyes mexicanas no las aprobó el Banco Mundial.
Las aprobaron nuestros gobernantes y nuestros legisladores.
Ellos deben asumir la responsabilidad histórica que les corresponde.
Por eso una eventual nueva reforma no puede construirse exclusivamente entre funcionarios, tecnócratas, organismos financieros y especialistas.
Hay que escuchar a quienes vivirán sus consecuencias.
Oaxaca obliga a mirar más abajo
Pensemos en nuestras comunidades.
En una mujer indígena que desde niña preparó alimentos, cargó leña, sembró, crió hijos, atendió animales, cuidó a sus padres cuando envejecieron y después cuidó a sus nietos.
Quizá trabajó sesenta años.
Pero nunca tuvo nómina.
Nunca tuvo patrón.
Nunca cotizó regularmente al IMSS o al ISSSTE.
Nunca pudo construir una cuenta individual suficiente.
¿Podemos decir que esa mujer no trabajó?
Por supuesto que no.
Y aquí aparece una verdad que cualquier futura reforma debería reconocer: Una cosa es no haber cotizado y otra muy distinta no haber trabajado.
México está lleno de personas que trabajaron toda su vida y llegarán a viejas sin una pensión contributiva suficiente.
Campesinos, artesanos, jornaleros, albañiles, comerciantes, trabajadoras domésticas y millones de personas que sostienen nuestra economía informal.
Supongamos que conseguimos el dinero
Ahora imaginemos que México logra resolver la parte financiera.
Encontramos los recursos.
Hacemos sostenible el sistema.
Garantizamos las pensiones.
Entonces aparecerá una pregunta todavía más inquietante: ¿Quién va a cuidar nuestra vejez?
El listado vigente del Consejo Mexicano de Geriatría registra aproximadamente 1,604 médicos geriatras con certificación vigente en todo México.
Detengámonos en esa cifra.
Mil 604 geriatras para todo el país.
Y estamos hablando de una nación que envejece aceleradamente.
Las personas mayores no necesitarán solamente cobrar una pensión.
Millones necesitarán atención por diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, fragilidad, caídas, pérdida de movilidad, deterioro cognitivo, Alzheimer y otras demencias.
Necesitarán rehabilitación.
Medicamentos.
Enfermería.
Atención domiciliaria.
Y algunos necesitarán que otra persona simplemente los ayude a levantarse de la cama, bañarse o comer.
Entonces entendemos que el problema es muchísimo mayor que las AFORE.
¿Y Oaxaca?
Aquí la situación debería preocuparnos todavía más.
No existe un padrón público consolidado y actualizado que permita saber con precisión cuántos geriatras ejercen actualmente en los 570 municipios de Oaxaca.
Un diagnóstico nacional del INAPAM elaborado con información de 2024 registraba una sola sede formadora de especialistas en geriatría en Oaxaca.
Una.
Para un estado con 570 municipios, enorme dispersión territorial, cientos de comunidades indígenas y lugares donde llegar a atención especializada puede significar varias horas de camino.
Imaginemos Oaxaca dentro de diez o veinte años.
¿Qué sucederá en una comunidad de la Sierra, la Mixteca, la Cañada o la Costa cuando muchos jóvenes hayan emigrado y permanezcan los adultos mayores?
¿Quién atenderá al anciano con Alzheimer?
¿Quién dará seguimiento a una mujer indígena que ha perdido movilidad?
¿Quién cuidará al campesino que ya no pueda caminar cuando sus hijos estén trabajando en Estados Unidos?
Ésta es quizá la discusión que menos estamos teniendo.
México está pensando cómo pagar la vejez, pero no cómo cuidarla.
La recomendación de la CEPAL debería servir para abrir una discusión mucho más amplia que otra reforma pensionaria.
México necesita preparar el sistema sanitario y social para el país envejecido que seremos.
Necesitamos formar desde ahora miles de geriatras, pero también enfermeras especializadas, fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, especialistas en demencias y cuidadores profesionales.
Necesitamos atención domiciliaria, centros de día, unidades geriátricas regionales y un verdadero sistema nacional de cuidados.
Porque una pensión podrá comprar alimentos.
Podrá pagar medicamentos.
Pero una pensión no nos levantará de la cama.
No nos ayudará a bañarnos.
No diagnosticará una demencia.
No nos llevará al médico.
Y no estará a nuestro lado cuando perdamos autonomía.
Las cuatro facturas del envejecimiento
México tiene frente a sí cuatro enormes desafíos.
La factura económica: ¿Quién financiará las pensiones?
La factura sanitaria: ¿Quién atenderá a millones de adultos mayores?
La factura humana: ¿Quién cuidará cotidianamente a quienes pierdan autonomía?
Y para estados como Oaxaca: La factura comunitaria: ¿Qué ocurrirá con nuestros pueblos cuando quienes tradicionalmente cuidaban a padres y abuelos hayan emigrado?
Ése es el futuro que debemos comenzar a discutir.
No dentro de veinte años.
Ahora.
Nuestros viejos no son el problema
Hay finalmente un riesgo moral que debemos evitar.
Cuando repetimos que las pensiones absorben una proporción creciente del presupuesto podemos terminar transmitiendo una idea terrible: Que nuestros viejos cuestan demasiado.
No.
Nuestros viejos no son el problema.
Son quienes trabajaron.
Quienes sembraron.
Quienes construyeron caminos y escuelas.
Quienes pagaron impuestos.
Quienes educaron generaciones.
Quienes sostuvieron familias y comunidades.
México permitió durante décadas una economía con enorme informalidad, bajos salarios, desigualdad, corrupción y crecimiento insuficiente.
Y ahora está llegando la factura demográfica.
La recomendación de la CEPAL puede convertirse en una oportunidad si México decide discutir el problema completo.
Necesitamos un nuevo pacto social para la vejez.
Un acuerdo donde trabajadores, empresas y Estado compartan responsabilidades; donde se fortalezca el ahorro sin abandonar la solidaridad; donde mejores salarios produzcan mejores cotizaciones; donde combatamos la informalidad y donde el derecho a una vejez digna no dependa exclusivamente de haber tenido empleo formal durante cuarenta años.
Pero también debemos preguntarnos algo incómodo antes de exigir nuevos sacrificios: ¿Qué hicimos durante décadas con la riqueza que produjimos?
Durante mucho tiempo uno de los grandes triunfos de la humanidad fue conseguir que las personas vivieran más.
Ahora tenemos que aprender qué hacer con ese triunfo.
Porque vivir más solamente será una conquista si podemos vivir esos años con salud, autonomía, cuidados y dignidad.
Por eso, cuando la CEPAL nos advierte que México tendrá que volver a discutir sus pensiones, no preguntemos solamente cuánto costará.
Preguntemos:
¿Quién nos atenderá?
¿Quién nos cuidará?
¿Cómo vivirán nuestros pueblos cuando envejezcan?
Y finalmente regresemos a la pregunta que resume todas las demás: ¿Quién pagará nuestra vejez?
La respuesta no puede ser solamente nuestros hijos.
Tampoco solamente los trabajadores.
Ni simplemente el gobierno.
La vejez que viene necesitará un nuevo compromiso entre generaciones, trabajadores, empresas, comunidades y Estado.
Porque tarde o temprano todos llegaremos ahí.
Y cuando llegue ese día, la discusión sobre las pensiones dejará de ser una cifra de Hacienda, una cuenta de AFORE o una recomendación de la CEPAL.
Será nuestra propia vida.
