12 de octubre: la memoria duele, la simulación también

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.— El 12 de octubre es una fecha que duele en México y en América; para nuestros pueblos indígenas, el dolor toca las raíces. Duele por las vidas arrebatadas, los territorios despojados, las lenguas silenciadas y las generaciones a las que se les enseñó a sentir vergüenza de su origen.

Por más que algunas voces españolas y mexicanas insistan en que “eso ya es historia”, nadie tiene derecho a imponer el olvido. La conquista estuvo marcada por masacres, sometimiento y prácticas de exterminio. Que esos agravios hayan ocurrido hace siglos no cancela el derecho a reivindicar la memoria ni borra sus consecuencias.

En Oaxaca, las montañas fueron también refugio y territorio de resistencia. Aunque la colonización alcanzó regiones serranas, nuestros pueblos encontraron formas de defender sus comunidades, sus lenguas y su relación con la tierra. Su permanencia es fruto de generaciones que protegieron la vida comunitaria en condiciones profundamente adversas.

Pero el agravio no pertenece únicamente al pasado ni vino solamente de fuera. El desprecio también se reproduce entre las élites gobernantes, en sectores de nuestra sociedad que mantienen actitudes racistas y en una clase política que ofrece derechos a cuentagotas, mientras se resiste a crear las condiciones para ejercerlos.

Reclamamos a España que pida perdón por los agravios de la conquista, pero también debemos mirar hacia dentro: ¿qué respuesta ofrece la clase política mexicana a los reclamos justos de nuestros pueblos para vivir en mejores condiciones? La exigencia de justicia histórica también compromete al Estado mexicano.

Nuestros pueblos han vivido bajo la tutela de un Estado que demasiadas veces decide por ellos, administra sus carencias y condiciona sus oportunidades. Una clase política simuladora y sectaria adula al indio muerto e ignora al indígena vivo: celebra las antiguas civilizaciones, se fotografía frente a sus monumentos y exalta sus raíces, pero se incomoda cuando sus descendientes exigen territorio, presupuesto, autonomía y poder de decisión.

Esa contradicción aparece cuando se discute la consulta indígena. Si incluso un mecanismo de alcance limitado encuentra resistencias, ¿qué disposición existe para reconocer plenamente la voz de los pueblos? ¿Para qué proclamar derechos si se busca reducir su contenido cuando llega el momento de hacerlos efectivos?

La consulta debe permitir que los pueblos incidan en las decisiones que afectan su existencia. Convertirla en un trámite para legitimar decisiones tomadas de antemano reproduce la misma tutela que se presume superar.

Nuestros pueblos no tienen por qué conformarse con migajas legislativas. Merecen un reconocimiento pleno, acompañado de condiciones económicas, jurídicas e institucionales que permitan ejercer su libre determinación. Un derecho sin recursos, sin garantías y sin medios para defenderlo se queda en promesa.

Basta mirar las condiciones en que nuestras comunidades sostienen y reproducen la vida: lo que cuesta acceder al agua, atender una enfermedad, continuar los estudios o encontrar justicia en su propia lengua. Allí queda expuesta la distancia entre los discursos oficiales y la realidad. Allí se revela de qué está hecha la clase política mexicana y cuáles son sus prioridades.

Pero allí también se revela de qué están hechos nuestros pueblos: de trabajo comunitario, memoria, dignidad y una voluntad de permanecer que ha resistido más de quinientos años de agravios. Esa resistencia merece respeto; jamás debe convertirse en pretexto para exigirles que sigan soportándolo todo.

Preservar a nuestros pueblos significa garantizar que puedan vivir y desarrollarse desde sus propias decisiones; que sus jóvenes tengan un futuro en sus comunidades y que sus lenguas, conocimientos y formas de organización encuentren condiciones para florecer. Su derecho a conservar su identidad incluye también el derecho a transformar su presente.

Es hora de que los derechos indígenas dejen de ser moneda de cambio entre partidos. Los paliativos legislativos son insuficientes frente a una deuda histórica de esta magnitud. Se requieren autoridades comunitarias respetadas, territorios protegidos, recursos suficientes y capacidad real para decidir.

Que este 12 de octubre la memoria nos comprometa. Exigir que se reconozca el daño del pasado implica asumir responsabilidades en el presente. Nuestros pueblos siguen aquí: tienen voz propia, dignidad y derecho a gobernarse y a decidir cómo quieren vivir.

Nuestros pueblos no pueden seguir siendo motivo de orgullo en los discursos, de simulación en la política y de desprecio cuando reclaman sus derechos.