La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó el derecho de los pueblos indígenas de México a ejercer su libre determinación y autogobierno, en una resolución considerada histórica al establecer criterios que obligan a los congresos estatales a garantizar mecanismos legales para su reconocimiento y acceso a recursos públicos.

El fallo se enmarca en el amparo promovido por la comunidad La Candelaria, en Chiapas, donde el máximo tribunal determinó que la falta de legislación específica vulnera los derechos constitucionales de las comunidades originarias, particularmente en materia de autonomía y organización interna.

La resolución establece que los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sus formas internas de gobierno, elegir a sus autoridades conforme a sus sistemas normativos y administrar recursos públicos de manera directa, sin que ello implique la creación de un “cuarto nivel de gobierno”.

Durante la sesión, la Corte también precisó que el reconocimiento del autogobierno debe integrarse dentro del marco constitucional vigente, reforzando el principio de libre determinación sin afectar la unidad del Estado mexicano.

El fallo ordena al Congreso de Chiapas emitir legislación que regule el reconocimiento de gobiernos comunitarios y garantice su acceso a presupuestos públicos, con plazos definidos para su implementación.

La SCJN destacó que la omisión legislativa ha generado una barrera estructural para el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas, por lo que es necesario establecer mecanismos claros de implementación.

La decisión fue adoptada en el contexto de una sesión histórica de la Corte realizada en territorio indígena, como parte de un nuevo modelo de justicia pluricultural que busca acercar el Poder Judicial a las comunidades.

El fallo refuerza una tendencia reciente de la SCJN hacia el reconocimiento de derechos colectivos, autonomía y participación de pueblos originarios dentro del sistema jurídico mexicano.