Oaxaca continúa siendo una de las entidades con mayores rezagos sociales del país. La dispersión geográfica de sus comunidades, la alta presencia de pueblos indígenas y afromexicanos, así como las limitaciones históricas en materia de infraestructura y servicios públicos, han provocado que miles de familias enfrenten condiciones precarias de vivienda.
De acuerdo con el INEGI, Oaxaca tiene una población de más de 4.1 millones de habitantes, de los cuales una proporción muy importante pertenece a alguno de los 16 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano, lo que convierte a la entidad en la de mayor diversidad cultural y lingüística de México.
Asimismo, los indicadores oficiales ubican a Oaxaca con un grado de marginación muy alto, reflejo de las profundas desigualdades que persisten entre las zonas urbanas y las comunidades indígenas y rurales.
Diagnóstico
Los indicadores del INEGI muestran que el rezago en materia de vivienda continúa siendo una de las principales expresiones de la desigualdad social en Oaxaca. Entre los principales indicadores destacan:
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Oaxaca mantiene un grado de marginación "Muy Alto".
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Cerca del 10 % de la población habita viviendas sin agua entubada.
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Alrededor del 14 % de los ocupantes viven en viviendas con piso de tierra.
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Aproximadamente 29.5 % de las viviendas presentan condiciones de hacinamiento.
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Miles de familias continúan enfrentando carencias en drenaje, saneamiento y servicios básicos, especialmente en municipios indígenas y de alta marginación.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha señalado que las brechas territoriales en desarrollo humano se concentran principalmente en las regiones indígenas del sur del país, donde la vivienda digna constituye uno de los factores indispensables para mejorar el bienestar, la salud, la educación y las oportunidades de desarrollo comunitario. Estas desigualdades exigen políticas públicas diferenciadas que respondan a las condiciones específicas de los pueblos indígenas.
Problemática del Programa Vivienda para el Bienestar
Si bien el Gobierno de México impulsa el Programa de Vivienda para el Bienestar con el propósito de ampliar el acceso a una vivienda digna, su diseño enfrenta serias limitaciones para su aplicación en Oaxaca.
La razón principal es que la mayor parte del territorio estatal se encuentra bajo régimen de propiedad comunal o ejidal, mientras que únicamente una pequeña proporción corresponde a propiedad privada.
Como consecuencia, miles de familias indígenas, aun contando con terrenos legalmente reconocidos por sus comunidades y asambleas agrarias, quedan excluidas de los apoyos al no poder acreditar la propiedad privada individual que exigen diversos esquemas de financiamiento.
Esta situación provoca que un programa concebido para atender a la población más vulnerable resulte, en los hechos, de difícil acceso precisamente para quienes más lo necesitan.
Propuesta
Se propone respetuosamente que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en coordinación con el Gobierno de México, implemente un Programa Especial de Créditos para Construcción de Vivienda en Zonas Indígenas, considerando las particularidades del régimen de propiedad social existente en Oaxaca.
El programa podría contemplar:
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Otorgamiento de créditos o apoyos directos para construir vivienda sobre los lotes familiares reconocidos por las comunidades.
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Reconocimiento de las constancias comunales o de posesión expedidas por las autoridades agrarias y comunitarias como medio válido para acreditar la tenencia del terreno.
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Diseños arquitectónicos adaptados a las condiciones culturales, climáticas y geográficas de cada pueblo indígena.
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Participación de las asambleas comunitarias en la validación de los beneficiarios.
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Prioridad para familias indígenas en situación de pobreza, hacinamiento o viviendas construidas con materiales precarios.
Conclusión
La política nacional de vivienda debe reconocer que Oaxaca posee características territoriales y jurídicas distintas al resto del país. Pretender aplicar un modelo basado casi exclusivamente en la propiedad privada limita el acceso de miles de familias indígenas a un derecho humano fundamental.
Adecuar las reglas de operación para reconocer la propiedad comunal y la posesión legítima permitiría que los programas federales lleguen efectivamente a quienes históricamente han enfrentado mayores condiciones de marginación, contribuyendo así a reducir las brechas de desigualdad y garantizar el derecho constitucional a una vivienda adecuada para los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca.
