Buen gobierno: el poder vuelve al pueblo
Una reflexión sobre ciudadanía, democracia y el deber de vigilar a quienes reciben temporalmente el poder.
Una reflexión sobre ciudadanía, democracia y el deber de vigilar a quienes reciben temporalmente el poder.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.— Durante estas entregas hemos hablado del poder, de sus deformaciones y de sus excesos. Del nepotismo, de la simulación, de la corrupción, de las prebendas, de la adulación y de esa vieja costumbre de convertir al servidor público en señor y al ciudadano en solicitante.
Pero una serie sobre el buen gobierno no puede terminar hablando solamente de quienes gobiernan.
Tiene que terminar hablando de nosotros.
Porque existe una verdad que la democracia mexicana necesita volver a escuchar: el poder público no pertenece a los gobernantes. Pertenece al pueblo.
No pertenece a la Presidencia de la República, ni al gobernador, ni al presidente municipal. No pertenece a diputados, senadores, partidos políticos ni a las familias que, generación tras generación, han aprendido a vivir alrededor del presupuesto público.
El poder les ha sido prestado.
Nada más.
Y todo poder prestado debe rendir cuentas a su verdadero dueño.
El ciudadano no debe agradecer sus derechos
Durante demasiado tiempo hemos permitido que lo público sea presentado como una concesión.
Se inaugura una carretera y hay que agradecer.
Llega una obra y hay que agradecer.
Se entrega un apoyo y hay que agradecer.
Se consigue una audiencia y hay que agradecer.
Como si el dinero hubiera salido del bolsillo del gobernante.
Como si ejercer el presupuesto fuera generosidad.
Como si cumplir con la ley fuera un favor.
No.
Los derechos no se agradecen. Se ejercen.
Los programas sociales no son propiedad de ningún partido.
Las obras públicas no llevan dueño.
El presupuesto no tiene apellido.
Y ninguna despensa, empleo, contrato, cargo o apoyo económico puede comprar la conciencia de una persona libre.
Cuando un gobierno utiliza lo público para fabricar obediencia, deja de servir y comienza a someter.
Y cuando un ciudadano acepta que su dignidad tiene precio, quizá reciba algo por un momento, pero entrega mucho más: su capacidad de exigir.
Gobernar no es mandar
Oaxaca conoce muy bien el significado profundo de la comunidad.
Mucho antes de que la democracia moderna hablara de participación ciudadana, nuestros pueblos ya se reunían en asamblea.
Ahí se discutía.
Ahí se disentía.
Ahí se acordaba.
Ahí la autoridad sabía que un día tendría que volver a sentarse entre aquellos a quienes había gobernado.
Esa memoria política sigue viva.
Por eso Oaxaca puede aportar algo fundamental a México: recordarle que gobernar no significa colocarse encima del pueblo, sino caminar temporalmente al frente de él.
Cuando el poder comienza a temerle al pueblo
Hay una paradoja dolorosa en nuestros días: hay gobernantes que dicen gobernar en nombre del pueblo, pero parecen tenerle miedo al pueblo.
Se alejan de él.
Colocan vallas.
Cierran calles.
Levantan cercos.
Se rodean de dispositivos de seguridad y se agazapan detrás de escoltas que, por su número y ostentación, suelen convertirse en un insulto para el ciudadano que camina sin protección por las mismas calles que el gobernante afirma gobernar.
Y mientras mayor es la distancia entre el poder y la gente, más fácil resulta olvidar para quién se gobierna.
Desde detrás de una valla no se escucha igual el reclamo de una madre, la desesperación de un campesino, la indignación de una comunidad o la pregunta incómoda de un ciudadano.
Desde la comodidad de un vehículo blindado tampoco se sienten los baches, la inseguridad, el abandono de los caminos ni las horas que alguien espera para ser atendido en una oficina pública.
La distancia física termina convirtiéndose en distancia moral.
Y entonces ocurre algo todavía más grave: mientras el poder se protege del pueblo, los recursos públicos pueden comenzar a ser tratados como botín. Se expolian presupuestos, se reparten privilegios, se multiplican contratos entre cercanos y se construyen pequeñas cortes alrededor de quienes fueron elegidos precisamente para servir.
¿Qué clase de democracia estamos construyendo si el gobernante necesita protegerse de aquellos que dice representar?
Un gobernante democrático no debería temer encontrarse con su pueblo.
Debería temer, en cambio, dejar de escucharlo.
Porque las vallas pueden contener durante unas horas a una multitud.
Los escoltas pueden abrir paso a una camioneta.
Los cercos pueden mantener lejos una protesta.
Pero ninguna valla puede detener indefinidamente la inconformidad de una sociedad que descubre que el poder se ha alejado de ella.
Cuando un gobierno comienza a levantar muros entre él y sus ciudadanos, debería preguntarse qué ocurrió para que quienes le entregaron el poder sean vistos ahora como una amenaza.
El verdadero poder democrático no necesita esconderse del pueblo.
Necesita volver a caminar entre él.
Que nadie vuelva a arrodillarse ante el poder
México necesita ciudadanos capaces de mirar al gobernante a los ojos.
Sin miedo.
Pero también sin odio.
Sin servilismo.
Pero también sin violencia.
Ciudadanos capaces de reconocer lo que se hace bien y denunciar lo que se hace mal, independientemente del color del partido que gobierne.
Porque la democracia también se degrada cuando dejamos de juzgar actos y comenzamos a defender personas.
Cuando justificamos hoy aquello que condenábamos ayer.
Cuando la corrupción nos indigna solamente si la comete el adversario.
Cuando el nepotismo nos parece intolerable, salvo cuando beneficia a los nuestros.
Cuando dejamos de ser ciudadanos y nos convertimos en seguidores.
No hay transformación verdadera si únicamente cambian los nombres de quienes ocupan el poder, pero permanecen intactas las viejas maneras de ejercerlo.
Ningún apellido debe heredar el poder
El servicio público no puede convertirse en patrimonio familiar.
Una democracia se enferma cuando los cargos comienzan a repartirse entre esposas, esposos, hijos, hermanos, compadres, socios y amigos.
No importa qué partido lo haga.
No importa qué discurso lo justifique.
El nepotismo sigue siendo nepotismo.
El influyentismo sigue siendo influyentismo.
La corrupción sigue siendo corrupción.
Y el abuso de poder no adquiere dignidad solamente porque lo cometan quienes alguna vez prometieron combatirlo.
México no necesita nuevas castas políticas.
Necesita instituciones.
Necesita ciudadanos.
Necesita gobiernos que entiendan que ocupar temporalmente un cargo público no concede derechos sobre el futuro de una comunidad.
Recuperar la palabra
Hay algo todavía más grave que un mal gobernante: una sociedad que deja de hablar.
Cuando la crítica se castiga, la democracia se empobrece.
Cuando la discrepancia se interpreta como traición, comienza el autoritarismo.
Cuando periodistas, ciudadanos, comunidades, académicos o dirigentes sociales sienten que deben callar para conservar un apoyo, un contrato, un empleo o una relación con el poder, algo esencial se ha roto.
Por eso defender el derecho a un buen gobierno también significa defender el derecho a preguntar:
¿Dónde está el dinero?
¿Quién decidió?
¿A quién beneficia?
¿Por qué se contrató a esa empresa?
¿Por qué ese familiar ocupa ese cargo?
¿Por qué no se consultó al pueblo?
¿Por qué la autoridad no escucha?
Preguntar no es atacar al gobierno.
Preguntar es ejercer ciudadanía.
No somos vasallos de nadie
Hay una palabra antigua que pareciera pertenecer a otros siglos: vasallo.
Era aquel que debía obediencia y fidelidad a un señor a cambio de protección o beneficio.
La democracia nació precisamente para superar esa relación.
Y, sin embargo, a veces reproducimos su lógica bajo otros nombres.
Cuando alguien siente que debe guardar silencio porque recibió un programa social; cuando una comunidad debe demostrar gratitud política porque recibió una obra; cuando un trabajador teme expresar su opinión porque su empleo depende del gobernante; cuando un empresario entiende que para obtener un contrato necesita pertenecer al círculo correcto, estamos reconstruyendo relaciones de vasallaje en pleno siglo XXI.
Eso debe terminar.
No somos vasallos del presidente.
No somos vasallos del gobernador.
No somos vasallos del presidente municipal.
No somos vasallos de ningún partido.
No somos vasallos de ningún cacique, familia o grupo político.
Somos ciudadanos.
Y existe una diferencia enorme.
El vasallo recibe y agradece.
El ciudadano contribuye y exige.
El vasallo obedece.
El ciudadano participa.
El vasallo guarda silencio ante el señor.
El ciudadano mira al poder a los ojos y pregunta.
El vasallo pertenece al poder.
En una democracia, el poder pertenece al ciudadano.
El momento sagrado del ciudadano
Hay un instante en la vida democrática en que todas las jerarquías deberían desaparecer.
Un instante breve, silencioso y profundamente poderoso.
Es el momento de votar.
Ese preciso instante en que una mujer o un hombre se encuentra frente a una boleta y emite su voto debería ser considerado el momento sagrado del ciudadano.
Porque ahí, por unos minutos, no existen escoltas, cargos, oficinas, vehículos blindados ni ceremonias del poder.
Ahí no hay gobernador más poderoso que un ciudadano.
No hay presidente por encima de él.
No hay partido dueño de su voluntad.
Está solamente una persona frente a su conciencia, ejerciendo el poder fundamental que le pertenece: decidir quién habrá de gobernar.
Y es precisamente ahí donde debemos comprender cuánto vale nuestra condición de ciudadanos.
El voto no es un favor que hacemos a un candidato.
No es una deuda que pagamos a un partido.
No es agradecimiento por una obra, una despensa, un programa social, un empleo o una gestión.
El voto es poder.
Y ese poder debería servir también para premiar o castigar democráticamente a quienes gobiernan.
Premiar al gobierno que cumplió, que escuchó, que administró con honradez y respetó la dignidad de su pueblo.
Y castigar, mediante las urnas, al que traicionó la confianza recibida; al que confundió el presupuesto con patrimonio propio; al que utilizó los recursos públicos para construir lealtades; al que se rodeó de familiares, amigos y aduladores; al que levantó vallas para no escuchar; al que terminó creyéndose dueño de aquello que solamente le fue prestado.
Por eso el ciudadano debe llegar libre a las urnas.
Libre de miedo.
Libre de dádivas.
Libre de amenazas.
Libre de compromisos comprados.
Libre de fanatismos.
Y con memoria.
Porque una democracia sin memoria está condenada a premiar una y otra vez aquello mismo que dice combatir.
El gobernante debería saber que llegará inevitablemente ese día.
El día en que las vallas ya no sirven.
El día en que los escoltas no pueden votar por nosotros.
El día en que el dinero no debería comprar nuestra conciencia.
El día en que el poderoso vuelve a necesitar del ciudadano.
Ese día, frente a la urna, el poder regresa por un instante a su verdadero dueño.
Y quizá nuestra democracia comience a cambiar cuando comprendamos la enorme dignidad de ese momento.
Cuando dejemos de preguntar qué nos dará un candidato a cambio de nuestro voto y empecemos a preguntarnos:
¿Qué hizo con el poder que ya le dimos?
Entonces votar dejará de ser solamente escoger un nombre en una boleta.
Será recordar quién manda realmente en una democracia: el ciudadano.
Por eso hay que cuidar ese instante.
No venderlo.
No hipotecarlo.
No entregarlo por miedo ni por necesidad.
Porque ningún gobernante puede comprar legítimamente aquello que no le pertenece:
la conciencia de un ciudadano libre.
El día después de la elección
Pero la democracia no termina frente a la urna.
Ahí comienza.
Porque después de ese momento sagrado llega una responsabilidad todavía mayor: vigilar el poder que acabamos de entregar.
Quien ganó debe comprender que no recibió un reino.
Recibió un mandato.
Y quien votó debe comprender que no entregó su poder durante tres o seis años.
Entregó únicamente la administración temporal de una parte de él.
El voto no puede convertirse en un cheque en blanco.
Por eso necesitamos asambleas, barrios organizados, colonias participativas, comunidades informadas, contralorías ciudadanas, rendición permanente de cuentas y ciudadanos que vuelvan a ocuparse de aquello que les pertenece:
La plaza.
El agua.
El territorio.
El presupuesto.
La escuela.
El hospital.
El municipio.
El estado.
El país.
Lo público.
Desde Oaxaca
Desde esta tierra de pueblos indígenas y afromexicanos, de sistemas comunitarios, asambleas, tequios y de una memoria colectiva que ha sobrevivido a innumerables intentos de sometimiento, podemos enviar un mensaje al país:
México no necesita ciudadanos obedientes.
Necesita ciudadanos libres.
No necesita gobernantes venerados.
Necesita servidores públicos vigilados.
No necesita pueblos agradecidos por recibir aquello que les corresponde.
Necesita comunidades conscientes de sus derechos.
No necesitamos cambiar de amo.
Necesitamos dejar de tenerlos.
Y acaso esa sea una de las transformaciones políticas más profundas que México todavía tiene pendiente.
Volver a ser ciudadanos
He querido dedicar esta serie al derecho a un buen gobierno, porque estoy convencido de que ese derecho existe, aunque muchas veces hayamos olvidado ejercerlo.
Pero quiero terminar diciendo algo más:
un buen gobierno no se recibe. Se construye.
Se construye cuando alguien se atreve a preguntar.
Cuando una comunidad vuelve a reunirse.
Cuando una mujer toma la palabra.
Cuando un joven decide participar.
Cuando un pueblo rechaza una imposición.
Cuando dejamos de pedir favores y comenzamos a exigir derechos.
Cuando comprendemos que ningún gobernante es indispensable y ningún ciudadano es insignificante.
Los gobiernos pasan.
Los cargos terminan.
Los aplausos se apagan.
Las fotografías oficiales envejecen.
Los nombres escritos en las oficinas son sustituidos por otros nombres.
Pero el pueblo permanece.
Por eso, cuando dentro de algunos años alguien pregunte qué entendíamos por buen gobierno en este tiempo, quisiera que pudiéramos responder:
No era un gobierno perfecto.
Era algo mucho más democrático.
Era un gobierno que sabía que el poder no era suyo.
Un gobierno frente al cual nadie tenía que inclinar la cabeza.
Un gobierno donde disentir no significaba convertirse en enemigo.
Un gobierno donde la ley estuviera por encima del apellido, del partido, del dinero y de la amistad.
Un gobierno que pudiera caminar por la plaza sin temer las preguntas de su pueblo.
Porque al final de esta serie queda una certeza:
El poder que no se vigila se corrompe.
El poder que no se cuestiona termina creyéndose dueño.
Y el poder que no encuentra ciudadanos termina fabricando vasallos.
México no nació para tener vasallos.
Oaxaca tampoco.
Que nunca más un ciudadano tenga que arrodillarse para recibir lo que por derecho le pertenece.
Que nunca más confundamos gobierno con dueño, apoyo con favor, lealtad con silencio ni democracia con obediencia.
Que ninguna valla sea tan alta como para impedir que la voz del pueblo llegue hasta el poder.
Que ningún convoy de escoltas haga olvidar al gobernante que detrás de esas puertas y esos cristales viaja simplemente un servidor público.
Y que desde Oaxaca vuelva a escucharse, en las plazas, en las comunidades, en los municipios y más allá de nuestras montañas, una verdad que ningún poder debería olvidar:
El pueblo no está al servicio del gobierno.
El gobierno está al servicio del pueblo.
No somos súbditos.
No somos vasallos.
Somos ciudadanos libres.
Y cuando un pueblo verdaderamente comprende eso, el poder vuelve al único lugar del que nunca debió salir:
a las manos del pueblo.
Solo con ciudadanos libres puede existir un buen gobierno.
