Oaxaca de Juárez, Oaxaca. La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Oaxaca publicó las CURP completas de 30 mil 924 aspirantes al nivel medio superior como parte de los resultados del programa Mi Derecho, Mi Lugar, lo que abrió un debate sobre la protección de los datos personales de menores de edad y el alcance de la legislación vigente.

Tras los cuestionamientos, la dependencia encabezada por Magdala Fernanda Chávez Cruz sostuvo que el procedimiento se realizó en estricto apego a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca y explicó que la asignación de espacios se efectuó mediante el algoritmo Gale-Shapley, desarrollado en coordinación con la Secretaría de Educación Pública federal.

Sin embargo, la normativa invocada por la propia autoridad regula el tratamiento y resguardo de la información bajo responsabilidad de los sujetos obligados, pero no establece de manera expresa la publicación de las CURP completas como parte de los resultados del proceso.

La SEP Oaxaca informó que el algoritmo Gale-Shapley, también conocido como algoritmo de aceptación diferida, permitió asignar lugares a 30 mil 924 estudiantes en 650 planteles de educación media superior, considerando las preferencias registradas por cada aspirante y la disponibilidad de espacios.

Para ello era necesario utilizar datos de identificación, entre ellos la CURP, con el fin de evitar duplicidades y garantizar una asignación correcta.

No obstante, especialistas en privacidad distinguen entre usar un dato personal para procesar un trámite administrativo y hacerlo público en internet. La necesidad de emplear la CURP dentro del sistema no implica automáticamente que deba difundirse íntegramente para consultar los resultados.

Hasta el momento, la dependencia no ha precisado qué disposición legal autoriza expresamente la publicación de las CURP completas ni por qué ese dato era indispensable para que cada aspirante conociera el plantel que le fue asignado.

El caso adquiere mayor relevancia porque involucra información de niñas, niños y adolescentes, quienes cuentan con una protección especial tanto en la legislación estatal como en la federal.

La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca establece que, cuando se trate de datos de menores de edad, deberá privilegiarse el interés superior de la niñez.

Además, el artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce el derecho de este sector de la población a la intimidad personal, familiar y a la protección de sus datos personales.

Por su parte, el artículo 115 de la legislación estatal contempla responsabilidades para las personas servidoras públicas cuando exista uso, divulgación o tratamiento indebido de datos personales bajo su resguardo.

La norma también prevé medidas de apremio, entre ellas amonestaciones públicas y multas de entre 150 y 1,500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor vigente de la UMA en 2026, estas sanciones podrían oscilar entre 17 mil 596.50 y 175 mil 965 pesos.

No obstante, la eventual imposición de dichas medidas dependería de que la autoridad garante competente determine, mediante el procedimiento correspondiente, la existencia de una vulneración a la ley.

La dependencia argumentó que actuó conforme a los artículos 16 y 17 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado, los cuales establecen principios relacionados con la calidad, exactitud, actualización y conservación de la información.

Sin embargo, dichos artículos regulan la forma en que las autoridades deben administrar los datos personales que resguardan y no constituyen, por sí mismos, una autorización expresa para difundir públicamente las CURP completas de los aspirantes.

Hasta este jueves, la SEP Oaxaca no había informado si modificará la forma en que publica los resultados del programa Mi Derecho, Mi Lugar ni si implementará medidas adicionales para limitar la exposición de los datos personales de las y los estudiantes.