Uno no imagina el momento exacto en que comienza el exilio, porque el exilio moderno no siempre implica cruzar una frontera ni alejarse físicamente del lugar al que se pertenece, sino aprender, muchas veces de manera abrupta, que decir la verdad puede alterar de forma irreversible la relación con las instituciones. A veces todo inicia con un documento que no debería existir, con una firma que no es la propia y con unas huellas que nunca se estamparon voluntariamente.

Mi exilio no fue una elección ni una licencia poética; fue la consecuencia de denunciar la presunta falsificación de mi carta de renuncia, de mi firma y de mis huellas en documentos relacionados con mi vínculo laboral con el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. A partir de ese momento, el espacio profesional que antes habitaba comenzó a cerrarse gradualmente, mientras las advertencias informales y las amenazas por decir la verdad fueron configurando una atmósfera donde permanecer dejó de ser una condición garantizada.

Nombrar esta experiencia no responde a un impulso autobiográfico, sino a la convicción de que en México lo personal y lo público suelen entrelazarse hasta evidenciar que las fallas institucionales no son abstracciones teóricas, sino realidades que atraviesan trayectorias de vida. El exilio, en este sentido, deja de ser una metáfora y se convierte en una categoría política que revela qué tan protegidos están —o no— quienes deciden incomodar al poder.

Desde esa distancia obligada, la discusión sobre la revocación de mandato en Oaxaca adquiere un significado distinto, porque nos obliga a preguntarnos si estamos frente a un instrumento auténtico de control democrático o ante una figura que puede ser absorbida por la lógica de la simulación institucional.

En el plano normativo, la revocación de mandato representa uno de los mecanismos más avanzados de la democracia participativa, ya que supone una ciudadanía informada capaz de evaluar a sus gobernantes antes de que concluya el ciclo electoral; sin embargo, la distancia entre el diseño legal y la práctica política sigue siendo considerable en contextos donde la cultura democrática aún convive con inercias históricas de concentración del poder.

El riesgo no radica en la herramienta, sino en su posible instrumentalización; es decir, en la tentación de utilizar mecanismos de participación ciudadana para perpetuar a alguien en el poder cuando enfrenta niveles bajos de aceptación. Cuando esto ocurre la participación deja de ser un contrapeso y se transforma en un recurso estratégico, administrado desde arriba para producir legitimidad antes que para someter al poder al escrutinio social.

La simulación institucional rara vez es estridente; por el contrario, se caracteriza por cumplir cuidadosamente con la forma mientras vacía el fondo. Se invoca al pueblo, se activan procedimientos y se adopta el lenguaje democrático, pero la deliberación pública es sustituida por la operación política, generando la apariencia de una ciudadanía protagonista cuando en realidad solo ha sido convocada.

La pregunta de fondo es inevitable: ¿qué ocurre cuando los mecanismos diseñados para limitar el poder terminan siendo funcionales a su permanencia?, ¿qué pedagogía democrática se construye cuando denunciar tiene costos personales?, ¿qué confianza puede sostenerse si la legalidad parece negociable? Las democracias no suelen erosionarse mediante rupturas dramáticas, sino a través de distorsiones pequeñas pero constantes que terminan por normalizar lo excepcional.

Mi Oaxaca merece instituciones que generen confianza real y mecanismos de participación que no puedan ser capturados por intereses coyunturales; merece, sobre todo, una cultura política donde la verdad no obligue a nadie a marcharse. Escribir desde el exilio es, en última instancia, una forma de permanecer en el espacio público y de recordar que la democracia no es una escenografía, sino una práctica que se defiende incluso cuando hacerlo incomoda.