La publicación de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en marzo de 2025 marca un parteaguas en la arquitectura institucional del derecho de acceso a la información en México. Esta reforma, impulsada por el Ejecutivo federal, elimina al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y establece un nuevo esquema encabezado por un órgano administrativo desconcentrado denominado “Transparencia para el Pueblo”. La medida representa una transformación profunda del modelo de garantía institucional de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Este artículo ofrece un análisis comparativo entre la nueva legislación y la ley general anterior, centrándose especialmente en las repercusiones que este rediseño legal tendrá en los municipios del estado de Oaxaca.

La Ley General de Transparencia de 2015 consolidó un sistema nacional encabezado por un órgano garante autónomo, el INAI, en coordinación con organismos locales también dotados de autonomía constitucional. Este modelo garantizaba la interdependencia y cooperación entre la federación y las entidades federativas, así como la posibilidad de que cualquier persona pudiera interponer recursos ante un árbitro imparcial si se le negaba el acceso a la información pública. La ley establecía obligaciones claras de transparencia proactiva, lineamientos para la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y el uso de plataformas tecnológicas unificadas como la Plataforma Nacional de Transparencia.

La nueva legislación de 2025 modifica de manera sustantiva esta arquitectura. Sustituye al INAI por un órgano dependiente del Ejecutivo federal, concentrando funciones en una estructura jerárquica adscrita a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Se elimina el Sistema Nacional de Transparencia y se disuelve su carácter horizontal y cooperativo. En su lugar, se establece que cada poder público, organismo constitucional autónomo, partido político y sindicato –tanto a nivel federal como local– cuente con una autoridad interna de transparencia, eliminando los órganos garantes estatales como instancias intermedias. Este cambio propone una descentralización operativa con responsabilidades más claras y directas para cada sujeto obligado.

En los municipios de Oaxaca esta reforma será bien recibida por representar una oportunidad para consolidar prácticas de gobierno abierto, desde una lógica más cercana a la ciudadanía. La eventual desaparición del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca (OGAIPO), si el Congreso local armoniza la legislación estatal conforme al nuevo modelo, implicará que los ayuntamientos asuman de forma plena la conducción de su política de transparencia. Cada municipio deberá establecer su propia autoridad interna de transparencia, lo cual se presenta como una oportunidad para fortalecer las capacidades locales en materia de acceso a la información, gestión documental y protección de datos.

Afortunadamente, muchos municipios de Oaxaca cuentan ya con personal capacitado, estructuras administrativas en evolución y experiencia operativa acumulada, a través de sus Unidades de Transparencia. Este capital institucional permitirá abordar con responsabilidad los retos que implica la transición. Lejos de representar un obstáculo, la nueva legislación puede ser catalizadora de una cultura de rendición de cuentas más sólida y más adaptada a los contextos municipales. Asimismo, las Unidades de Transparencia podrían adquirir nuevas atribuciones estratégicas en el diseño de políticas públicas de acceso a la información, dando continuidad a sus funciones en un marco renovado de responsabilidad.

La nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública redefine el modelo mexicano de garantía de este derecho, trasladando funciones desde órganos garantes autónomos hacia estructuras internas con mayor cercanía al ciudadano. Esta transformación responde a una lógica de descentralización funcional que confía en la madurez institucional de los sujetos obligados, incluyendo los municipios. En Oaxaca, los ayuntamientos tienen ante sí la posibilidad de asumir un rol más activo y protagónico en la promoción de la transparencia y la protección de datos personales. El personal ya existente, la experiencia operativa y la voluntad institucional permitirán una implementación adecuada del nuevo marco jurídico. Lejos de representar una regresión, este cambio puede consolidar una nueva etapa de responsabilidad pública en la que la transparencia se viva y ejerza directamente desde lo local.

Sugiero que el término adecuado para el futuro de la rendición de cuentas sea transparencia prospectiva, ya que no solo se trata de anticipar la demanda de información pública, sino de construir escenarios estratégicos que permitan una gobernanza más participativa e inclusiva. Aunque la transparencia predictiva ha sido utilizada para referirse a la aplicación de modelos de análisis de datos e inteligencia artificial con el fin de anticipar las necesidades informativas de la ciudadanía, su alcance se limita a una visión técnica y automatizada (OECD, 2017).

En contraste, la transparencia prospectiva amplía este paradigma al incluir un enfoque deliberativo y participativo, en el que los ciudadanos y las instituciones públicas colaboran en la interpretación de información y la construcción de estrategias de futuro. Este enfoque resulta especialmente relevante en el ámbito municipal, donde la cercanía con la ciudadanía permite desarrollar mecanismos de rendición de cuentas más efectivos y alineados con las necesidades locales. En este artículo, se analizarán ambas aproximaciones y se argumentará por qué la transparencia prospectiva es el modelo más adecuado para fortalecer la toma de decisiones en la gestión pública.

El concepto de transparencia predictiva se basa en el uso de modelos estadísticos y herramientas de inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos con el objetivo de prever tendencias y necesidades de información. Este enfoque ha permitido que las administraciones públicas reduzcan tiempos de respuesta, optimicen recursos y brinden información relevante sin que la ciudadanía deba solicitarla formalmente (OECD, 2017).

Sin embargo, la transparencia predictiva presenta limitaciones importantes. Su énfasis en el análisis algorítmico y la automatización puede generar problemas como la falta de interpretación contextual de los datos o la exclusión de sectores que no son reflejados en los modelos de predicción. Además, este enfoque reduce el papel de la ciudadanía a meros receptores de información, sin que exista una verdadera interacción en la definición de qué información es prioritaria o relevante para el interés público.

La transparencia prospectiva, en cambio, propone un modelo más inclusivo y estratégico, en el cual no solo se anticipan necesidades informativas, sino que también se diseñan escenarios de futuro con base en un proceso de deliberación colectiva. Este enfoque combina métodos cuantitativos con análisis cualitativos, permitiendo que distintos actores sociales—ciudadanos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y tomadores de decisiones—participen en la definición de estrategias y prioridades de información gubernamental (Godet, 2000).

Una de sus principales ventajas es su aplicabilidad en el ámbito municipal. Debido a su cercanía con la población, los municipios tienen una gran oportunidad de implementar la transparencia prospectiva de manera efectiva, adaptándola a las necesidades específicas de sus comunidades. A través de la participación ciudadana en cabildos abiertos, consultas públicas y mecanismos de co-creación de políticas, los gobiernos locales pueden fortalecer su legitimidad y generar confianza en sus decisiones. Además, al diseñar estrategias de futuro basadas en una visión compartida, se pueden atender de manera más eficiente problemáticas locales como la distribución de recursos, la seguridad pública y el desarrollo urbano.

Si bien ambas aproximaciones buscan mejorar la rendición de cuentas, la transparencia prospectiva ofrece una visión más integral y adaptable a los retos del futuro. La siguiente tabla resume las diferencias clave entre ambas:

1. Enfoque

2. Enfoque

3. Enfoque

4. Enfoque

5. Enfoque

En este sentido, la transparencia prospectiva no solo complementa la predictiva, sino que representa un paso más avanzado en la evolución de la rendición de cuentas. Su implementación en municipios permitiría a las administraciones locales no solo anticipar la información que la ciudadanía necesita, sino también co-construir estrategias de futuro con un enfoque abierto y democrático.

Si bien la transparencia predictiva ha demostrado ser útil para mejorar el acceso a la información mediante herramientas tecnológicas, su alcance es limitado al no considerar la dimensión participativa de la gobernanza. Por ello, la transparencia prospectiva se presenta como una alternativa más completa, ya que combina el análisis de datos con un enfoque estratégico y deliberativo, en el cual la ciudadanía juega un papel central en la definición de prioridades informativas.

Su implementación en los municipios representa una oportunidad clave para fortalecer la rendición de cuentas a nivel local. Gracias a su cercanía con la ciudadanía, los gobiernos municipales pueden aprovechar este enfoque para diseñar políticas más eficientes y legítimas, basadas en una visión colectiva del futuro. En un contexto donde la confianza en las instituciones públicas depende cada vez más de la apertura y la participación, la transparencia prospectiva se perfila como un modelo idóneo para una gestión más democrática y efectiva.