La transparencia y el acceso a la información/ son pilares fundamentales de una democracia funcional. En México, se prevé que las reformas constitucionales recientes transformarán el escenario institucional, llevando a la desaparición de órganos autónomos encargados de garantizar estos derechos, tanto a nivel federal como estatal. Este artículo analiza cómo la extinción de órganos garantes estatales, como el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (OGAIPO), y la transferencia de sus funciones a las secretarías de estado, se llevarán a cabo sin mayores retos, gracias a la existencia de expertos y estructuras capacitadas para asumir estas responsabilidades.

En noviembre de 2024, el Senado mexicano aprobó la desaparición de siete órganos y entes autónomos, incluido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), como parte de una reforma constitucional orientada a la "simplificación orgánica" del Estado. Las funciones de estos organismos serán redistribuidas entre diversas secretarías de gobierno. Por ejemplo, la recién creada Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno asumirá responsabilidades relacionadas con la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Siguiendo la tendencia federal, se propone que los órganos garantes de transparencia a nivel estatal, como el OGAIPO en Oaxaca, sean extinguidos y que sus funciones sean absorbidas por las secretarías de estado correspondientes. Esta medida busca centralizar y optimizar la gestión de la transparencia y el acceso a la información.

Se anticipa que la transición de funciones de los órganos garantes estatales a las secretarías de estado no presentará retos significativos. Esto se debe a que las secretarías cuentan con expertos y estructuras ya establecidas que son capaces de asumir estas responsabilidades de manera eficiente.

La futura extinción de los órganos garantes estatales de transparencia y la transferencia de sus funciones a las secretarías de estado representan un cambio significativo en la estructura administrativa de México. Se anticipa que las nuevas entidades encargadas de la transparencia operarán con eficiencia, respaldadas por la experiencia de sus expertos y estructuras consolidadas. De esta manera, se garantizará que el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas continúen siendo pilares de la democracia mexicana.