Ciudad de México.— La ministra Lenia Batres Guadarrama acusó a la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de mantener privilegios que, a su juicio, contravienen las políticas de austeridad, luego de que el Pleno aprobara solicitar un incremento presupuestal de 17.2% para 2027.

Batres difundió un oficio enviado al Órgano de Administración Judicial (OAJ), en el que cuestionó decisiones adoptadas por el máximo tribunal y pidió eliminar prestaciones y plazas que considera incompatibles con las disposiciones de austeridad republicana.

De acuerdo con el documento difundido por Batres, el Pleno de la Suprema Corte, presidido por Hugo Aguilar Ortiz, aprobó en sesión privada del 6 de agosto solicitar 6 mil 104 millones 533 mil 140 pesos para el ejercicio fiscal 2027.

La cifra representa un aumento de 17.2% respecto al presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados para la Corte en 2026. La ministra cuestionó el incremento al señalar que durante este año la SCJN operó con un presupuesto inferior al que había solicitado la anterior integración del Pleno, encabezada por la entonces presidenta Norma Piña Hernández, hoy ministra en retiro.

Batres sostuvo que todavía existen áreas y gastos que podrían suprimirse para fortalecer las medidas de austeridad dentro del Poder Judicial.

Entre los puntos que cuestionó se encuentra la decisión de restituir el seguro de gastos médicos mayores para más de 300 personas servidoras públicas, incluidos mandos medios y superiores, prestación que, según su oficio, había sido eliminada el año anterior.

La ministra señaló que durante la discusión se argumentó que la contratación debía mantenerse para respetar los derechos laborales establecidos en la reforma judicial. Sin embargo, sostuvo que la Ley Federal de Austeridad Republicana establece restricciones para contratar seguros de gastos médicos privados con recursos públicos, salvo determinadas excepciones previstas en disposiciones laborales.

Batres también señaló que permanece pendiente el ajuste de pensiones de exministras y exministros conforme a las remuneraciones actuales, así como la eliminación de plazas destinadas a ese sector. De acuerdo con las cifras que presentó, ambos conceptos representan más de 54 millones y 39 millones de pesos, respectivamente.

La ministra informó que votó en contra del proyecto de presupuesto en su conjunto debido al incremento planteado y también rechazó la restitución de los seguros de gastos médicos mayores.

Además, solicitó que el personal de su ponencia no fuera incluido en ese gasto. Según explicó, desde su incorporación a la Suprema Corte ella y las 95 personas que integran su ponencia no han recibido los seguros de separación individualizada ni de gastos médicos mayores.

Batres advirtió que, si el Órgano de Administración Judicial y posteriormente la Cámara de Diputados avalan el proyecto presupuestal del actual Pleno, podrían quedar sin efecto los esfuerzos de austeridad realizados previamente.

La ministra sostuvo que los recursos públicos deben orientarse prioritariamente al gasto sustantivo del Estado mexicano y a mejorar las condiciones de vida de la población.