El término huachicol es conocido como el robo de combustible en México; también se utiliza para referirse a otras prácticas ilegales, como la dilución de combustibles con productos de baja calidad, así como “huachicol fiscal”, que derivaría de “washing oil”; es decir lavado de combustible.
Huachicol fiscal se refiere a la extracción ilegal de gasolina, diesel u otros combustibles de los ductos de las compañías petroleras, como Pemex, a menudo mediante la perforación clandestina de los mismos; esta acción culmina con la alteración del combustible para obtener mayores ganancias.
Así es, el huachicol fiscal es la evasión de impuestos, mediante el uso de facturas falsas o inexistentes, lo que permite a los contribuyentes obtener devoluciones indebidas o reducir su carga tributaria de manera fraudulenta. En cualquiera de sus formas, el huachicol representa una práctica ilegal que vulnera la ley y afecta a la sociedad en su conjunto.
El huachicol tiene varias causas entre ellas complicidad, corrupción, falta de mantenimiento, desigualdad social y económica o delincuencia organizada aunados a una reducida capacidad de control gubernamental.
El contrabando fiscal de gasolinas y diesel, también llamado huachicol fiscal, provocó pérdidas para el gobierno federal de 177,170 millones de pesos en el 2024, es decir, 485 millones de pesos diarios o, visto de otra manera, el 44% de toda la recaudación de IEPS a gasolinas y diesel.
Visto de otra manera, los ingresos perdidos en el 2024 por huachicol fiscal representaron prácticamente todo el presupuesto de la Secretaría de Energía (Sener) en ese mismo año, que fue de 179 mil 115 millones de pesos.
De acuerdo con datos de la consultora PETROIntelligence, en el 2025 el contrabando fiscal le costó a México 124 mil 209 millones de pesos en recaudación de IVA y otros 52 mil 960 millones de pesos en recaudación de IEPS, los dos impuestos que se cobran a los consumidores por cada litro de gasolina que compran legalmente.
