A tres meses de la desaparición de la ingeniera agrónoma triqui Roxana López Martínez, el presidente municipal de San Martín Itunyoso, Vilgaid López Guadalupe, fue inhabilitado del cargo, en medio de señalamientos, protestas y un proceso de investigación que mantiene tensión en la región Mixteca de Oaxaca.

La Secretaría de Gobierno de Oaxaca confirmó que el edil no se encuentra en funciones, mientras avanza el caso que involucra a su entorno familiar.

Tras varios días de protestas, los familiares de Roxana anunciaron la suspensión temporal de sus movilizaciones luego de acordar con autoridades estatales la instalación de una mesa de trabajo programada para el 26 de mayo.

La exigencia central es el esclarecimiento de la desaparición de la joven de 24 años, vista por última vez el 20 de febrero en esa comunidad indígena.

De acuerdo con la investigación, el principal señalado es Dagoberto López Díaz, expareja de la víctima y sobrino del edil separado, quien cuenta con una orden de aprehensión y permanece prófugo.

Familiares refieren que Roxana habría sido vista por última vez cuando acudió al domicilio del presidente municipal, donde presuntamente fue citada por el ahora investigado.

Durante diligencias realizadas el 8 de abril, la Fiscalía de Oaxaca reportó el hallazgo de manchas de coloración rojiza en una vivienda vinculada al caso.

También se informó que durante los operativos el entonces presidente municipal habría convocado a un grupo armado para intentar obstaculizar las acciones de las autoridades.

Familiares de Roxana, junto con organizaciones como el Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO-RFM), denunciaron presuntas irregularidades en la actuación de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Acusaron falta de protocolos independientes y señalamientos por presunto contacto con personas vinculadas a la investigación, lo que ha generado desconfianza en el proceso.

Además, denunciaron que los padres de la joven han sido víctimas de amenazas y hostigamiento para frenar sus exigencias de justicia.

A tres meses de la desaparición, el caso sigue sin una resolución, mientras crece la presión social y comunitaria para su localización.