La presidenta Claudia Sheinbaum recibe a la 22, pero le cobra las facturas

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.— Claudia Sheinbaum recibió finalmente a la dirigencia de la Sección 22 en Palacio Nacional. La fotografía podría interpretarse como una señal de apertura y diálogo, pero detrás de ella existe una historia reciente que no puede olvidarse.

La relación no ha sido tersa. La Presidenta conoce perfectamente el peso político de la Sección 22, pero también tiene presentes los desencuentros recientes con el movimiento magisterial. En una ocasión, la dirigencia dejó plantada a Claudia Sheinbaum al no acudir a un encuentro previamente acordado; en otra jornada de protesta, manifestantes de la CNTE incendiaron una de las puertas de Palacio Nacional. Son episodios que dejaron huella y que inevitablemente pesan en la relación política actual.

Claudia no olvida. Y en política, las facturas también se cobran.

Ahora los recibe, pero prácticamente no les da nada nuevo.

Buena parte de lo anunciado después de la reunión corresponde a acuerdos anteriores: plazas, contrataciones, recategorizaciones, horas adeudadas, incidencias administrativas y otros pendientes. Incluso las más de 1,300 plazas mencionadas habían sido conquistadas desde una jornada de lucha anterior.

Entonces, ¿qué ocurrió realmente en Palacio Nacional?

La Presidenta hizo algo políticamente significativo: separó cuidadosamente a la Sección 22 de una negociación nacional con la CNTE. Lo dijo expresamente: la reunión era con Oaxaca, no con la Coordinadora en su conjunto.

Y Claudia sabe perfectamente por qué.

La Sección 22 no puede entenderse solamente por sus movilizaciones recientes. Su historia representa décadas de organización, resistencia y construcción colectiva.

En ese largo proceso histórico de lucha ha acumulado experiencias y estrategias que reivindican la libertad, los derechos de los pueblos, la participación política y una educación pública alejada de los controles corporativos y caciquiles que durante décadas caracterizaron buena parte de la vida sindical del SNTE.

Con todas sus contradicciones, errores y excesos —que también deben señalarse—, la Sección 22 continúa siendo una de las organizaciones sociales con mayor estructura territorial y capacidad de movilización en Oaxaca y una de las pocas capaces de plantarse frente al Estado y decirle que no.

Y la Presidenta lo sabe.

La Sección 22 constituye además la fuerza mayoritaria y más organizada dentro de la CNTE. Sin Oaxaca, la capacidad nacional de movilización de la Coordinadora cambia considerablemente.

Por eso resulta inevitable preguntarnos:

¿Desde el poder se mira hoy a la Sección 22 como un interlocutor social cuya autonomía debe respetarse o como un peligro político que debe aislarse, dividirse y eventualmente descabezarse?

La pregunta resulta todavía más pertinente tratándose de un gobierno que reivindica su origen en las luchas sociales.

Morena y la llamada Cuarta Transformación no pueden explicarse exclusivamente desde las estructuras partidistas. Su llegada al poder estuvo precedida y acompañada por décadas de movilizaciones sociales, resistencias populares, organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y ciudadanas que enfrentaron al viejo régimen.

Sería una enorme incongruencia que, una vez conquistado el poder, aquellos movimientos que conservan independencia y capacidad crítica comenzaran a ser considerados incómodos precisamente porque no se subordinan al gobierno.

Ser congruentes con los principios que dieron origen a la llamada Cuarta Transformación debería significar exactamente lo contrario: respetar, fortalecer y garantizar la independencia de los movimientos sociales, incluso cuando cuestionan al propio gobierno.

Un movimiento social subordinado al poder deja de cumplir buena parte de su función histórica.

Hay otro elemento que no debemos perder de vista.

La actual dirigencia de la Sección 22 entra en la parte final de su periodo y deberá enfrentar próximamente su proceso de renovación. Al interior del movimiento existe presión para instalar las instancias correspondientes y avanzar hacia el nombramiento de una nueva dirigencia.

También existen señalamientos y percepciones dentro del propio movimiento acerca del interés que podrían tener grupos políticos de Oaxaca en conservar la actual correlación de fuerzas y prolongar la influencia de la dirigencia encabezada por Yenny Pérez.

Eso deberá discutirse y, en su caso, demostrarse dentro del propio movimiento. No debemos convertir sospechas políticas en hechos consumados.

Pero tampoco sería sano ignorarlas.

Porque sería profundamente dañino que una organización con la historia de la Sección 22 terminara más cercana a los intereses de algún grupo de poder en Oaxaca que a las necesidades de sus propias bases, a las reivindicaciones nacionales del movimiento democrático magisterial y, sobre todo, a las necesidades educativas de nuestros pueblos.

La autonomía no solamente debe exigírsele al Estado.

También debe practicarse frente a cualquier gobernador, partido político o grupo de poder.

Pero existe algo todavía más importante que las disputas entre dirigencias, gobiernos y grupos políticos.

Oaxaca necesita declarar una verdadera emergencia educativa.

Después de décadas de movilizaciones, gobiernos, reformas, contrarreformas, presupuestos, programas y discursos, basta recorrer nuestras comunidades para encontrarnos con una realidad que lastima.

El abandono escolar, la migración de jóvenes en edad de estudiar, la pobreza, la falta de oportunidades profesionales, las enormes desigualdades regionales, el deterioro de las economías comunitarias y el abandono institucional del campo son una constante en muchas regiones de Oaxaca.

Y hay que decirlo con absoluta claridad:

La educación no debería ser un privilegio en Oaxaca. Es un derecho.

Un derecho efectivo.

No puede depender del lugar donde nació un niño, de qué tan lejos se encuentre su comunidad, de si habla una lengua indígena, de la situación económica de sus padres ni de la capacidad familiar para enviarlo a estudiar fuera de su pueblo.

El Estado mexicano está obligado a garantizar ese derecho con escuelas dignas, maestros respaldados, infraestructura, materiales educativos, alimentación, conectividad y condiciones suficientes para que los jóvenes puedan permanecer estudiando.

Porque reconocer constitucionalmente un derecho que en los hechos no puede ejercerse plenamente resulta insuficiente.

En Oaxaca no necesitamos que la educación sea tratada como una concesión gubernamental, un programa asistencial o un privilegio para unos cuantos. Necesitamos convertirla finalmente en una realidad para todos y particularmente para los niños y jóvenes de nuestros pueblos indígenas.

El Gobierno Federal sostiene que Oaxaca recibe importantes inversiones y recursos para educación.

Entonces existe una pregunta elemental:

¿Por qué esos recursos no se reflejan con la misma intensidad en la realidad cotidiana de nuestras escuelas?

Hay comunidades donde las carencias siguen siendo indignantes.

Por eso la Presidenta debería poner orden en la estructura institucional de la SEP y del IEEPO, revisar dónde terminan los recursos, evaluar resultados y, fundamentalmente, escuchar directamente a las bases del movimiento magisterial.

No solamente a sus dirigentes.

Porque son los maestros frente al grupo quienes conocen las dificultades de enseñar en una comunidad alejada, quienes saben qué hace falta en una escuela y quienes enfrentan diariamente las consecuencias de la pobreza, la migración y el abandono institucional.

Los apoyos tienen que llegar hasta ellos y hasta las comunidades.

Y aquí aparece otra contradicción que debemos señalar.

Oaxaca no carece de propuestas educativas.

Existe la Nueva Escuela Mexicana, impulsada desde el Gobierno Federal, y existe también una larga experiencia construida por el propio magisterio oaxaqueño a través del Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, el PTEO.

Ambas propuestas, desde historias y actores distintos, hablan de comunidad, interculturalidad, saberes propios, participación colectiva y de una educación vinculada con la realidad social de los pueblos.

El propio discurso institucional habla de contextualizar los contenidos educativos a partir de la realidad socioeducativa de cada escuela.

Entonces el problema no está solamente en el modelo. El problema está en hacerlo realidad.

Porque una cosa es escribir la transformación educativa en documentos, programas y planes de estudio, y otra muy distinta conseguir que esa transformación llegue hasta la última comunidad de Oaxaca.

¿De qué sirve hablar de educación comunitaria si existen escuelas que continúan enfrentando carencias elementales?

¿De qué sirve reivindicar los saberes indígenas si nuestros jóvenes tienen que abandonar sus comunidades para encontrar oportunidades educativas?

¿De qué sirve hablar de interculturalidad si una niña o un niño indígena continúa enfrentando condiciones de desigualdad para ejercer plenamente su derecho a la educación?

Oaxaca no necesita otro hermoso documento que termine archivado en los escritorios de la SEP, del IEEPO o de la propia estructura sindical.

Necesitamos llevar la transformación educativa comunidad por comunidad, escuela por escuela y aula por aula.

Eso significa presupuesto que efectivamente llegue; infraestructura digna; maestros respaldados y capacitados; materiales adecuados a cada realidad cultural y lingüística; conectividad; alimentación; acompañamiento pedagógico y, sobre todo, participación verdadera de las comunidades.

También significa reconocer algo fundamental: no todo está mal ni todo tiene que inventarse nuevamente. En Oaxaca existen maestros y colectivos docentes que desde hace años construyen experiencias educativas vinculadas profundamente con sus comunidades.

Hay que escucharlos, recuperar esas experiencias, fortalecerlas y multiplicarlas.

La transformación educativa no ocurre cuando se publica un nuevo plan ni cuando un funcionario anuncia otro programa.

Ocurre cuando ese proyecto llega al salón de clases.

Ocurre cuando un niño zapoteco, mixteco, mazateco, mixe, chinanteco, chatino, triqui o de cualquiera de nuestros pueblos puede aprender, desarrollarse y aspirar a una vida mejor sin que para hacerlo tenga que renunciar a su lengua, abandonar su cultura o marcharse de su comunidad.

Por eso Oaxaca no parte de cero.

Lo que hace falta es voluntad política, coordinación institucional, recursos que lleguen a su destino y un gran acuerdo entre Gobierno Federal, Gobierno de Oaxaca, magisterio y comunidades para convertir en realidad aquello que durante años hemos escrito en el papel.

Menos modelos guardados en los escritorios y más transformación en las aulas.

A partir de todo lo anterior, Oaxaca necesita construir un plan educativo emergente, con participación del magisterio, las comunidades, autoridades municipales, pueblos indígenas, especialistas, universidades, madres y padres de familia.

No para inventar otra reforma.

No para comenzar nuevamente de cero.

Sino para recuperar lo que funciona, corregir lo que ha fracasado y conseguir, finalmente, que el derecho a la educación llegue con la misma fuerza hasta la comunidad más apartada de Oaxaca.

Un proyecto que no se reduzca a administrar plazas o resolver incidencias laborales.

Hay que mirar la realidad completa.

Cuando un joven abandona su comunidad porque ahí no encuentra educación ni futuro, no solamente perdemos un estudiante.

La comunidad pierde una parte de sí misma.

Pierde lengua, conocimientos, memoria, fuerza productiva, organización y posibilidades de continuidad generacional.

Y cuando ese fenómeno se reproduce durante décadas en centenares de comunidades indígenas debemos atrevernos a formular una pregunta mucho más grave:

¿No estaremos permitiendo una especie de etnocidio silencioso provocado por el abandono?

No hablo de exterminio físico.

Hablo de pueblos que lentamente pueden quedarse sin jóvenes; de lenguas que pierden hablantes; de conocimientos comunitarios que dejan de transmitirse; de familias obligadas a migrar y de comunidades que van perdiendo las condiciones materiales necesarias para reproducir su cultura y permanecer dignamente en sus territorios.

Estamos hablando del corazón mismo de México: sus pueblos indígenas.

Todo esto nos obliga a mirar más atrás.

La situación educativa de Oaxaca no comenzó con este gobierno, ni puede atribuirse exclusivamente a una administración, a una reforma educativa o a una dirigencia sindical.

Existe una deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos indígenas de Oaxaca en materia educativa.

Durante generaciones, numerosas comunidades han recibido una educación en condiciones profundamente desiguales: escuelas precarias, falta de maestros, enormes distancias para continuar estudiando, ausencia de infraestructura, pobreza, discriminación lingüística y cultural y jóvenes obligados a migrar para encontrar las oportunidades que sus comunidades no pudieron ofrecerles.

No podemos seguir normalizando esa desigualdad.

Un niño que nace en una comunidad indígena de Oaxaca tiene exactamente el mismo derecho a recibir una educación de calidad que un niño nacido en cualquier ciudad del país.

No menos. No después. No cuando alcance el presupuesto. El mismo derecho.

Y dentro de esa deuda histórica existe una herida de la que hablamos muy poco: la alfabetización de jóvenes y adultos.

De ella ya ni se diga.

Todavía existen hombres y mujeres de nuestros pueblos a quienes el Estado mexicano no logró garantizar oportunamente uno de los derechos educativos más elementales: aprender a leer y escribir.

No son simplemente cifras de analfabetismo.

Son historias de mexicanos a quienes durante décadas se les dejó al margen de derechos, oportunidades y herramientas fundamentales para desenvolverse en una sociedad que paradójicamente después les exige leer un documento, realizar un trámite, comprender una receta médica, defender una propiedad o ejercer plenamente sus derechos ciudadanos.

Por eso alfabetizar no puede reducirse a una campaña gubernamental ni a presumir estadísticas.

Alfabetizar también significa reparar una deuda histórica.

Y esa responsabilidad corresponde al Estado mexicano en su conjunto: Federación, Gobierno de Oaxaca, instituciones educativas y autoridades de todos los niveles.

El movimiento magisterial tampoco puede permanecer ajeno a esa responsabilidad histórica. Una organización que durante décadas ha defendido la educación pública y los derechos de los pueblos tiene también la posibilidad de colocar su enorme estructura territorial y su experiencia al servicio de una gran cruzada educativa.

Porque la verdadera transformación de Oaxaca no ocurrirá solamente cuando tengamos nuevas plazas, mejores edificios o nuevos programas educativos.

Ocurrirá cuando ningún niño tenga que abandonar la escuela por pobreza; cuando ningún joven tenga que marcharse de su comunidad para poder estudiar; cuando nuestros pueblos puedan preservar sus lenguas y conocimientos y, también, cuando ningún adulto llegue al final de su vida sin haber tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir.

La alfabetización de jóvenes y adultos merece, por su dimensión y por la deuda que representa, una reflexión mucho más profunda.

La abordaremos en otra entrega.

Pero desde ahora hay que dejar algo establecido: no podremos hablar seriamente de una transformación educativa en Oaxaca mientras esa deuda histórica con nuestros pueblos permanezca pendiente./

Claudia Sheinbaum tiene ante sí una oportunidad histórica.

No necesita someter a la Sección 22.

Tampoco convertirse en rehén de ella.

Necesita establecer con el magisterio oaxaqueño una relación de Estado, de altura, transparente, crítica y responsable.

Y la propia Sección 22 necesita regresar permanentemente a sus bases, defender su autonomía frente a cualquier grupo político y colocar nuevamente en el centro de su lucha aquello que justifica finalmente la existencia misma del magisterio: la educación de nuestros niños y jóvenes.

Porque mientras unos administran plazas, otros disputan dirigencias y desde el poder se calculan correlaciones políticas, en alguna comunidad de la Sierra, la Mixteca, la Cañada, el Istmo o la Costa hay un niño preguntándose para qué seguir estudiando si el futuro parece estar siempre en otra parte.

Ese niño debería ser el verdadero centro de la mesa de negociación.