Durante sesión pública, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para ordenar el congelamiento de cuentas bancarias de personas que utilizan el sistema financiero.
Por mayoría de votos la SCJN concluyó que dicho organismo puede imponer esa medida sin necesidad de un procedimiento judicial previo. Al intervenir en la discusión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció en contra del proyecto considerando que la normativa vigente resulta indeterminada, pues no establece con precisión cuáles son las conductas que pueden dar lugar a una medida de tal impacto.
Esquivel Mossa sostuvo que, para la aplicación del congelamiento de cuentas, es indispensable que los gobernados conozcan con claridad los parámetros que permitan determinar quién puede ser sujeto de dicha medida preventiva.
Enfatizó que, en un Estado democrático, toda acción orientada al combate al crimen debe encontrarse plenamente definida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Destacó la Ministra que actualmente los jueces en materia penal están obligados a resolver de manera inmediata las solicitudes que presentan las autoridades encargadas de investigar delitos, por lo que exigir la intervención judicial previa no fomenta la impunidad, sino que fortalece el control constitucional de las medidas restrictivas, para evitar actividades con recursos de procedencia ilícita y el lavado de dinero.
