El sistema de justicia civil en México enfrenta una doble crisis: la falta de recursos para implementar el nuevo modelo procesal y los efectos de una reforma judicial que debilitó la formación de juzgadores, advirtió el senador Javier Corral Jurado.
Durante su participación en un foro realizado en el Teatro Macedonio Alcalá, el legislador expuso que la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF) avanza de forma desigual y sin respaldo presupuestal.
Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado e integrante de la comisión nacional encargada de la implementación del código, reveló que un informe presentado recientemente por el magistrado Rafael Guerra, presidente de la Confederación de Tribunales de Justicia Locales, evidencia rezagos significativos.
De acuerdo con los datos, solo tres entidades del país registran un avance del 70% en la implementación del CNPCF, mientras que al menos 14 estados no alcanzan ni el 50%; sin embargo, el señalamiento más crítico, dijo, es que ningún congreso estatal ha destinado presupuesto específico para este proceso.
Hasta ahora, únicamente la Ciudad de México y Baja California han emitido decretos de aplicación del código, con avances en distintas etapas.
A este escenario se suma el déficit salarial en el Poder Judicial. El senador señaló que Oaxaca se encuentra entre las entidades con las remuneraciones más bajas para jueces y magistrados, con percepciones cercanas a un 50% por debajo del promedio nacional.
“Está bien la austeridad republicana, pero los magistrados deben ganar por lo menos el promedio”, sostuvo, al subrayar la relevancia de su función en la resolución de conflictos con impacto económico y social.
El panorama, añadió, se complica por la falta de infraestructura y de personal capacitado. La transición al nuevo sistema requiere no solo nuevos juzgadores, sino también operadores y auxiliares judiciales; sin embargo, la reforma judicial provocó la salida de cerca de la mitad del personal previamente capacitado.
“Se perdió capital humano. La mitad se fue”, enfatizó Corral, quien también señaló que la propia reforma judicial representa un segundo frente de crisis. Aunque reconoció haberla respaldado, advirtió que su implementación dejó efectos que deben revisarse.
Indicó el legislador que la primera elección judicial renovó alrededor de 881 cargos en el Poder Judicial Federal y cerca de mil 800 en los poderes judiciales locales, en un proceso inédito a nivel mundial. No obstante, afirmó que en diversos estados se detectó la intervención de estructuras políticas en la selección de perfiles.
“Se han documentado casos donde llegaron personas sin el perfil adecuado para ejercer la función jurisdiccional”, señaló, al advertir sobre resoluciones de baja calidad e incluso con posibles irregularidades.
Corral se pronunció por posponer la segunda etapa de la elección judicial prevista para 2027 y llevarla a 2028, con el fin de evaluar los resultados y corregir deficiencias. Destacó que existe apertura para este análisis desde el gobierno federal, al citar posturas de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Estamos obligados a evaluar lo que ha ocurrido en este primer año”, concluyó en tono alarmante.
