Ciudad de México.— Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por el delito de desaparición forzada relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

La decisión fue tomada después de una audiencia de más de 15 horas, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó elementos que, a consideración del juez, son suficientes para presumir la posible responsabilidad del exmandatario en la desaparición y destrucción de evidencias relacionadas con los hechos.

La acusación sostiene que Aguirre Rivero habría ordenado ocultar, borrar o destruir evidencias de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron privados de la libertad y posteriormente desaparecidos.

Entre los principales elementos expuestos por la Fiscalía se encuentran los testimonios de dos exfuncionarias del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, identificadas como Blanca “N” y Lambertina “N”.

De acuerdo con la acusación, una de ellas habría tenido acceso a un sobre que contenía un disco con imágenes captadas por cámaras ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala. Las grabaciones mostrarían el traslado de uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas y la presencia de personas armadas que escoltaban a los estudiantes.

La FGR sostiene que ese material llegó a manos de Aguirre Rivero el 29 de septiembre de 2014 y que posteriormente el entonces gobernador lo habría entregado al procurador estatal Iñaki Blanco para que fuera destruido.

La Fiscalía también señala que después se habrían emitido instrucciones para eliminar o destruir otras evidencias relacionadas con lo sucedido durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala.

Durante la audiencia, la defensa del exgobernador presentó 31 datos de prueba con los que buscó desacreditar los señalamientos de la FGR.

Uno de los principales argumentos fue que Aguirre Rivero se encontraba en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 2014 para participar en una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

La defensa sostuvo que esta circunstancia demostraría que el exmandatario no estaba en Guerrero cuando supuestamente recibió el disco con las imágenes de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala.

Sin embargo, el juez determinó que los elementos presentados por la defensa no eran suficientes, en esta etapa procesal, para desvirtuar la hipótesis planteada por la Fiscalía.

El juzgador estableció un plazo de 120 días para concluir la investigación complementaria, periodo en el que ambas partes podrán reunir y presentar nuevos elementos antes de la etapa de juicio.

Ángel Aguirre Rivero permanecerá en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano mientras enfrenta el proceso por desaparición forzada.

Sus abogados buscarán modificar la medida cautelar para que pueda continuar el proceso bajo prisión domiciliaria, argumentando su estado de salud y que tiene 70 años.

La vinculación a proceso no representa una sentencia ni determina por sí misma la responsabilidad penal del exgobernador. El proceso continuará con la investigación complementaria y las posteriores etapas judiciales para determinar si las acusaciones de la Fiscalía son acreditadas ante un tribunal.