El gobernador Salomón Jara Cruz anunció que su administración trabaja junto con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) en la creación de un organismo que permita administrar y destinar al beneficio de la población los bienes asegurados cuya procedencia delictiva haya sido acreditada mediante los procedimientos legales correspondientes.

El anuncio ocurre mientras la Fiscalía mantiene abiertas investigaciones internas relacionadas con el uso irregular de vehículos asegurados y días después de que el propio mandatario reconociera haber solicitado a la institución facilitar unidades para apoyar a municipios que carecen de patrullas.

Durante su conferencia, Jara Cruz informó que el proyecto contempla la creación de un Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, cuyo objetivo será administrar bienes asegurados de origen ilícito una vez que concluyan los procesos legales que determinen su destino.

El mandatario explicó que la iniciativa no se limitaría a vehículos, sino que abarcaría otros bienes vinculados con actividades delictivas que puedan destinarse posteriormente a programas en beneficio de la población.

Asimismo, el mandatario estatal adelantó que la propuesta será presentada públicamente en las próximas semanas.

Jara señaló que el fiscal general le informó sobre las investigaciones que actualmente realiza la institución respecto al manejo de vehículos asegurados y afirmó que el caso será esclarecido.

La Fiscalía abrió expedientes internos a través de su Contraloría y Visitaduría General tras denuncias que señalan un presunto uso irregular de vehículos con reporte de robo recuperados durante investigaciones ministeriales.

Las indagatorias buscan determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales por parte de servidores públicos en el manejo de esas unidades.

La controversia surgió después de que un ciudadano lograra ubicar mediante un sistema GPS un vehículo con reporte de robo que presuntamente circulaba fuera de los espacios oficiales de resguardo.

Posteriormente también se difundieron videos en redes sociales relacionados con el caso, lo que incrementó el interés público sobre el destino de diversas unidades aseguradas por la autoridad ministerial.

La discusión también se intensificó luego de que Salomón Jara reconociera públicamente que solicitó a la Fiscalía facilitar un vehículo para un excomisionado municipal de Mazatlán Villa de Flores, al considerar que esa comunidad necesitaba una unidad para labores de seguridad.

El mandatario explicó además que esa práctica no se limitó a un solo municipio y que ha solicitado apoyo similar para otras localidades que no cuentan con patrullas propias.

Las declaraciones generaron cuestionamientos sobre el marco jurídico aplicable al uso de bienes asegurados mientras permanecen sujetos a procedimientos legales, tema que continúa bajo análisis de las autoridades competentes.

Con la creación del instituto anunciado por el Ejecutivo estatal, el Gobierno de Oaxaca busca establecer un mecanismo para que los bienes cuya procedencia delictiva sea acreditada mediante resolución legal puedan incorporarse a programas públicos en beneficio de la sociedad.

La propuesta aún no ha sido presentada formalmente ante el Congreso del Estado ni se han dado a conocer los detalles de su funcionamiento, facultades o el procedimiento jurídico que regularía la administración de estos bienes.

El anuncio se produce en un contexto de escrutinio público sobre el manejo de vehículos asegurados por la Fiscalía, por lo que la iniciativa será observada a la luz de las investigaciones que actualmente continúan en curso sobre ese caso.