Las declaraciones del gobernador Salomón Jara Cruz, quien confirmó el lunes 13 que el fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla autorizó la entrega de un vehículo recuperado al municipio de Mazatlán Villa de Flores, abrieron un debate sobre la legalidad del destino que puede darse a los bienes asegurados por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

La discusión ocurre mientras Contrloría Interna de la FGEO -se afirma- mantiene abiertas investigaciones por el presunto uso irregular de vehículos recuperados, luego de que un influencer, en apoyo e un propietario afectado, localizara un automóvil con reporte de robo mediante un sistema GPS; la unidad fue localizada cuando circulaba fuera de los espacios oficiales de resguardo y lo conducía Heriberto Porras Vásquez, comisionado de Mazatlán Villa de Flores.

Durante una conferencia de prensa, el gobernador Salomón Jara reconoció explícitamente que solicitó al fiscal general apoyo para dotar de una unidad al municipio de Mazatlán Villa de Flores.

El mandatario explicó que la petición fue atendida por el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, quien habría autorizado la entrega del vehículo para ser utilizado por la corporación policiaca municipal.

Las declaraciones cobraron relevancia porque ocurrieron en medio de una investigación iniciada por la propia Fiscalía tras las denuncias ciudadanas sobre el manejo de vehículos recuperados por la institución.

Salomón Jara reiteró que esta es una práctica común en su gobierno, no obstante algunos vehículos pudieran ser parte de una carpeta de investigación, lo que representa una irregularidad

La controversia comenzó cuando el propietario de un vehículo con reporte de robo difundió en redes sociales que pudo rastrear su automóvil mediante GPS y comprobó que la unidad circulaba fuera de las instalaciones donde presuntamente debía permanecer resguardada.

Las imágenes difundidas generaron cuestionamientos sobre el destino de vehículos asegurados por la autoridad ministerial y llevaron a la Fiscalía a informar la apertura de expedientes internos a cargo de su Visitaduría General y de la Contraloría.

De acuerdo con la FGEO, las investigaciones buscan esclarecer el manejo de las unidades involucradas y determinar si existieron irregularidades en los procedimientos aplicados, no obstante los dichos del propio gobernador que involucran el fiscal estatal en la toma de esas decisiones.

Los vehículos recuperados durante una investigación penal generalmente adquieren la calidad de bienes asegurados, por lo que permanecen vinculados a una carpeta de investigación hasta que la autoridad competente determine su situación jurídica.

El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los objetos asegurados deben permanecer bajo custodia y conservación de la autoridad para garantizar su disponibilidad como medios de prueba, asegurar los derechos de las víctimas y permitir, cuando corresponda, su devolución o el destino que determine la resolución judicial aplicable.

Por ello, el uso, préstamo, asignación o disposición de un bien asegurado depende de las facultades previstas en la ley y de la situación jurídica específica de cada expediente.

Con la información pública disponible no es posible afirmar de manera concluyente si la entrega del vehículo se ajustó o no a la legislación vigente. La legalidad de esa decisión depende, entre otros aspectos, de conocer:

Estos elementos no han sido dados a conocer por la Fiscalía General del Estado.

Juristas consultados por diversos medios han señalado que, si una investigación acredita que un bien asegurado fue utilizado fuera de los procedimientos previstos por la ley, podrían analizarse posibles responsabilidades administrativas o penales para los servidores públicos involucrados.

Entre las figuras jurídicas que eventualmente podrían revisarse se encuentran conductas relacionadas con el ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad o peculado. No obstante, la existencia de esos delitos solo puede determinarse mediante una investigación y, en su caso, por resolución de las autoridades competentes, no por el solo hecho de la entrega de un vehículo.

Tras la difusión del caso, la FGEO informó la apertura de investigaciones por conducto de la Visitaduría General y la Contraloría para revisar el destino legal de diversas unidades recuperadas y determinar si los procedimientos seguidos se ajustaron a la normatividad.

Hasta el momento, la institución no ha informado sobre imputaciones contra servidores públicos ni ha hecho público el fundamento jurídico bajo el cual fue autorizada la entrega del vehículo mencionado por el gobernador.

Mientras las investigaciones continúan, el caso ha trascendido el ámbito administrativo para convertirse en un debate público sobre los límites legales en el manejo de bienes asegurados, la transparencia institucional y la rendición de cuentas de las autoridades encargadas de procurar justicia en Oaxaca.