UNICEF alertó que el 82 por ciento de los niños, niñas y adolescentes indígenas en México vive en situación de pobreza, convirtiéndose en el sector infantil más vulnerable del país en materia económica, educativa y de salud.
Durante la presentación de un estudio realizado junto al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el organismo internacional señaló que estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero concentran los mayores niveles de pobreza infantil, reflejando profundas desigualdades sociales y territoriales.
En contraste, entidades del norte del país como Baja California, Nuevo León y Coahuila presentan menores índices de carencias económicas entre menores de edad.
“La desigualdad territorial evidencia que el lugar de nacimiento sigue determinando las oportunidades de desarrollo”, advirtió el informe.
Además de la pobreza, la violencia continúa afectando gravemente a la niñez mexicana. Unicef reportó que más de la mitad de los menores de entre 1 y 14 años ha sufrido algún tipo de disciplina violenta, incluyendo castigos físicos y agresiones psicológicas.
La situación también es crítica en materia de violencia sexual. Según el organismo, 53 por ciento de adolescentes mujeres de entre 15 y 17 años afirmó haber experimentado alguna forma de agresión sexual a lo largo de su vida.
En temas de salud, el informe reveló que cerca del 38 por ciento de los niños de entre 5 y 11 años vive con sobrepeso u obesidad, mientras que la desnutrición crónica sigue afectando a uno de cada siete menores de cinco años, especialmente en hogares indígenas.
Otro de los focos de alerta es la salud mental. De acuerdo con el estudio, 24.9 por ciento de adolescentes de entre 10 y 19 años presentó síntomas depresivos durante 2023, reflejando una problemática creciente entre las nuevas generaciones.
Aunque la cobertura educativa en primaria y secundaria se mantiene alta, persisten rezagos importantes en educación inicial y media superior, particularmente en comunidades indígenas y zonas marginadas del país.
Especialistas consideran que, pese a programas sociales y políticas públicas implementadas en los últimos años, los datos muestran que millones de menores continúan enfrentando condiciones estructurales de desigualdad, violencia y exclusión que limitan su desarrollo integral.
