La protección del ahorro de millones de personas y el fortalecimiento de la estabilidad financiera fueron los ejes centrales de una resolución aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró constitucional una disposición de la Ley de Ahorro y Crédito Popular relacionada con la supervisión de las Sociedades Financieras Populares (SOFIPO).

Durante la sesión del máximo tribunal, el Pleno aprobó el proyecto presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa dentro del amparo en revisión 125/2026, mediante el cual se confirmó la constitucionalidad del artículo 37, fracción V, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Dicha disposición permite a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocar la autorización de operación de una Sociedad Financiera Popular cuando incumpla los requerimientos de capitalización establecidos por la legislación financiera.

La ministra explicó que esta atribución encuentra sustento en los artículos 25 y 28 de la Constitución, que facultan al Estado para conducir y regular actividades económicas estratégicas mediante órganos especializados con capacidad técnica.

Esquivel Mossa destacó que la supervisión de los niveles de capitalización es fundamental para garantizar que las entidades financieras cuenten con recursos suficientes para enfrentar pérdidas derivadas de riesgos de crédito y mercado.

Señaló que la intervención de la CNBV permite mantener la solidez de las instituciones financieras y reducir riesgos para los usuarios que depositan sus ahorros o solicitan financiamiento a través de este tipo de organismos.

La ministra subrayó que la validación constitucional de esta facultad no sólo fortalece el marco regulatorio del sistema financiero mexicano, sino que también brinda mayor protección a las personas que utilizan los servicios de las SOFIPO, especialmente aquellos sectores de la población que tradicionalmente enfrentan dificultades para acceder a la banca comercial.

Las Sociedades Financieras Populares fueron creadas para ampliar el acceso a servicios financieros entre grupos que históricamente han estado fuera del sistema bancario tradicional. Por ello, la Corte consideró que la supervisión efectiva de estas entidades resulta indispensable para preservar la confianza de los ahorradores y garantizar la estabilidad de sus operaciones.

Con esta resolución, la Suprema Corte ratificó la importancia de contar con mecanismos regulatorios que permitan prevenir riesgos financieros y proteger el patrimonio de quienes depositan su confianza en estas instituciones.