Durante años, la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 fue presentada por la izquierda mexicana como uno de los símbolos más representativos del modelo neoliberal que debía ser revertido.
Desde campañas electorales, plazas públicas y movilizaciones magisteriales, dirigentes de Morena, legisladores y líderes sindicales criticaron el sistema de cuentas individuales instaurado durante el gobierno de Felipe Calderón, argumentando que había condenado a millones de trabajadores a pensiones insuficientes y a depender de las Afores para su retiro.
Sin embargo, ocho años después del inicio de la Cuarta Transformación y a unos meses del arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum, la realidad financiera parece haber alcanzado a las promesas políticas.
Este lunes, el director general del ISSSTE, Martí Batres, reconoció públicamente que abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 resulta inviable debido a que tendría un costo cercano a los 7 billones de pesos, equivalente a aproximadamente 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
La declaración representa uno de los reconocimientos más claros de que una de las principales exigencias históricas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de amplios sectores de la izquierda mexicana no podrá concretarse en los términos planteados durante años.
De la promesa de revertir el modelo a la defensa de su permanencia
El planteamiento del Gobierno marca un contraste evidente con el discurso que acompañó el ascenso político de Morena. Durante años se sostuvo que las reformas estructurales impulsadas por gobiernos anteriores habían afectado derechos laborales y debilitado los sistemas públicos de pensiones.
Hoy, la postura oficial es distinta. Batres argumentó que el Estado mexicano no dispone de los recursos necesarios para reconstruir un sistema solidario que sustituya de inmediato las cuentas individuales administradas actualmente.
Más aún, sostuvo que los recursos acumulados en dichas cuentas pertenecen legalmente a cada trabajador, por lo que el Gobierno no puede simplemente reintegrarlos a un esquema colectivo.
En otras palabras, la administración federal reconoce que desmontar el sistema heredado resulta financieramente imposible en el corto plazo.
La CNTE acusa incumplimiento
Para la Coordinadora, la explicación gubernamental confirma lo que consideran un incumplimiento de compromisos históricos.
La demanda de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 se mantiene como una de las principales banderas del movimiento magisterial, junto con la desaparición de la USICAMM y una reforma profunda al sistema de pensiones.
Los dirigentes disidentes sostienen que las medidas implementadas hasta ahora, como el Fondo de Pensiones para el Bienestar o la reducción gradual de la edad de jubilación para algunos trabajadores, no modifican la estructura de fondo creada hace casi dos décadas. Por ello, las movilizaciones continúan tanto en la Ciudad de México como en diversos estados del país.
El Gobierno presume avances, pero evita el cambio de fondo
Ante las críticas, la administración federal respondió destacando los beneficios otorgados al magisterio durante los gobiernos de la Cuarta Transformación.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que más de un millón 200 mil docentes han sido basificados, que el salario promedio de los maestros pasó de poco menos de 12 mil pesos a más de 20 mil pesos mensuales y que se han realizado decenas de miles de cambios de adscripción laboral.
Asimismo, defendió programas como el Fondo de Pensiones para el Bienestar, los incrementos salariales recientes y las inversiones destinadas a infraestructura educativa.
Sin embargo, ninguno de estos avances responde directamente a la exigencia central de la CNTE: eliminar el sistema pensionario instaurado en 2007.
El costo político de las expectativas
La discusión ya no gira únicamente en torno a cifras presupuestales. También involucra el costo político de haber construido expectativas durante años alrededor de una reforma que ahora el propio Gobierno considera financieramente inviable.
La pregunta que emerge entre sectores del magisterio es inevitable: si la reforma era injusta cuando Morena era oposición, ¿qué cambió ahora que el movimiento gobierna el país?
La respuesta oficial apunta a las restricciones financieras del Estado. La respuesta de los inconformes apunta a otra dirección: la distancia entre las promesas de campaña y las decisiones de gobierno.
En medio de esa contradicción se encuentra uno de los conflictos sociales más importantes que enfrenta actualmente la administración de Claudia Sheinbaum.
Únete a nuestro canal de WhatsApp y entérate desde tu dispositivo móvil de las noticias más relevantes de Oaxaca, sus regiones, México y el mundo; política, economía, deportes, espectáculos, columnas, tendencias y más.
