Al iniciar campaña para integrar el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, el magistrado Juvenal Carbajal Díaz vía un video en sus redes sociales (como marca la ley) pidió el voto para “fortalecer la justicia en nuestra nación”, lo hizo en tanto saludaba a transeúntes dándoles a conocer su propuesta de cara a la inédita elección del domingo 1 de junio, día en que aparecerá como candidato en la boleta verde como la opción 24.

El magistrado, con más de dos décadas de experiencia en el ámbito de la impartición de justicia, dijo en su mensaje que enfrenta “un nuevo reto, un reto grande, que es ser candidato en esta elección del 2025; como hombre de familia, como juarista, como hombre comprometido con la impartición de justicia asumo este reto”.

Finalmente, el magistrado oaxaqueño, expuso: “Me someto a la decisión del pueblo de México para ser magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, soy un magistrado oaxaqueño, soy un magistrado que ha dedicado su vida a la impartición de justicia, siguiendo los principios de Juárez. Con tu apoyo, juntos, podremos fortalecer la justicia en nuestra nación”.

Un total de 3,422 candidatos federales comenzaron el domingo 31 de marzo la inédita campaña en todo el país para la primera elección popular del Poder Judicial de México, el domingo 1 de junio, cuando casi 100 millones de votantes tendrán la posibilidad de ponerle nombre a 881 cargos, incluyendo la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde como punteras se perciben tres candidatas que intentan repetir en sus cargos: Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres.

Las tres ministras actuales de la SCJN, propuestas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), defendieron la reforma constitucional al Poder Judicial que promulgó el exmandatario en septiembre con el respaldo de la actual jefa de Estado, Claudia Sheinbaum.

Las campañas judiciales durarán 60 días; deberán concluir el miércoles 28 de mayo; para ello el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó un amplio catálogo de restricciones, entre otros que los candidatos no recibirán recursos públicos y los fondos propios no pueden ser mayores a 220 mil pesos para aspirantes a juzgados y 1.4 millones de pesos para la SCJN.