Oaxaca de Juárez, Oaxaca.— La desaparición de Secretaría de Educación Pública de Oaxaca reconoció que 30 mil 924 CURP de aspirantes a ingresar al bachillerato fueron incluidas en la publicación de resultados del proceso “Mi Derecho, Mi Lugar”, situación que generó cuestionamientos sobre el tratamiento de datos personales de estudiantes.

La titular de la SEP Oaxaca, Magdala Fernanda Chávez Cruz, sostuvo que el procedimiento para publicar los resultados fue revisado y aprobado por la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS), con participación de autoridades estatales y federales, directores de subsistemas y un notario público.

La secretaria afirmó que el procedimiento se realizó conforme a la normativa y que el acuerdo quedó asentado en actas. Sin embargo, el aval de un órgano colegiado no elimina por sí mismo las obligaciones que tienen las instituciones públicas respecto al tratamiento, seguridad y confidencialidad de los datos personales.

La legislación de Oaxaca considera dato personal aquella información que permite identificar directa o indirectamente a una persona y establece obligaciones para los sujetos responsables de su tratamiento. Además, cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, debe atenderse de manera reforzada el principio del interés superior de la niñez.

La propia funcionaria explicó que, después de que comenzaron a circular señalamientos y capturas de pantalla sobre la publicación, las áreas jurídicas de la SEP Oaxaca y de la SEP federal revisaron el procedimiento. Según su versión, el área jurídica federal indicó modificar la forma en que aparecía la información y los cambios fueron realizados ese mismo día.

Chávez Cruz también señaló que algunas imágenes difundidas en redes sociales habrían sido alteradas y contenían información diferente de la que originalmente apareció en la plataforma. Esta afirmación, sin embargo, no elimina la necesidad de determinar qué información fue efectivamente publicada y bajo qué condiciones de acceso estuvo disponible.

La normativa contempla obligaciones relacionadas con la adopción de medidas administrativas, físicas y técnicas para evitar accesos, usos o tratamientos no autorizados de datos personales. Por ello, la discusión no se limita a quién autorizó la publicación, sino a si el tratamiento de las CURP cumplió con las obligaciones legales aplicables.

En caso de que una autoridad competente determine la existencia de una vulneración, podrían derivarse procedimientos administrativos y otras responsabilidades conforme al marco jurídico aplicable. La legislación estatal contempla medidas de apremio y sanciones, mientras que el valor diario de la UMA para 2026 es de 117.31 pesos, vigente desde el 1 de febrero.

El caso adquiere relevancia porque involucra información vinculada con decenas de miles de aspirantes a educación media superior, y coloca nuevamente bajo escrutinio la manera en que las instituciones educativas publican resultados sin comprometer la privacidad de quienes participan en sus procesos de ingreso.

El punto central no es únicamente que la publicación haya sido avalada por la CEPPEMS, sino determinar si la difusión de las CURP fue necesaria, proporcional y compatible con las obligaciones de protección de datos personales. La SEP Oaxaca sostiene que actuó conforme al procedimiento aprobado y que realizó modificaciones después de recibir observaciones jurídicas.

Por ahora, la controversia permanece abierta en torno al tratamiento de los datos personales de los aspirantes y a las medidas adoptadas para evitar que información identificable quede expuesta en procesos públicos de resultados.