Una trabajadora del Registro Civil y un presunto cómplice, exempleada de la misma dependencia estatal, fueron capturadas en Oaxaca señalados de sustraer documentación oficial, actas de nacimiento que falsificaban a favor de migrantes, con fines de comercialización.
El caso fue denunciado por una venezolana con identidad mexicana falsa, detenida en Panamá y otra más en Estados Unidos, lo que derivó en un escándalo y la investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Bernardo Rodríguez Alamillla, titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) declaró que agentes dieron cumplimiento a una orden de aprehensión librada por un juez del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, lo que permitió la detención de dos personas por el delito de falsificación y alteración de documentos.
De acuerdo con las investigaciones de la FGEO, a cargo de la Vicefiscalía General de Zona Centro, “la mujer detenida, identificada como GDCM, actualmente trabajaba en el Registro Civil de Oaxaca, mientras que el hombre identificado como LAMR, era ex trabajador de la misma institución”.
Las personas detenidas se habrían aprovechado de su situación laboral para cometer el delito de falsificación y alteración de documentos oficiales, actividad ilícita relacionada con una red de venta de actas de nacimiento apócrifas para personas migrantes.
De acuerdo con las investigaciones, las detenidas aprovechaban su acceso a archivos y formatos oficiales para sustraer actas originales, alterarlas o reproducirlas de manera ilegal, mismas que posteriormente ofrecían a migrantes a cambio de sumas de dinero.
La falsificación de documentos oficiales constituye un delito grave que puede ser sancionado con penas de prisión, además de representar un riesgo para la seguridad jurídica y la identidad de las personas, al permitir la suplantación y el uso fraudulento de registros civiles.
Autoridades señalaron que este tipo de prácticas afecta de manera directa a personas migrantes, quienes en su intento por regularizar su situación son víctimas de redes que lucran con la necesidad y vulnerabilidad de este sector.
Las autoridades no descartaron que existan más personas involucradas, por lo que las investigaciones continúan para determinar el alcance de la red, posibles beneficiarios y el número de documentos falsificados.
Tras el caso, el gobierno estatal informó que reforzará los mecanismos de control interno y supervisión en las oficinas del Registro Civil, a fin de prevenir la sustracción y uso indebido de documentación oficial.