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Inhabilitan y sancionan a jueces por actos de corrupción

Inhabilitan y sancionan a jueces por actos de corrupción

El Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca informó que los señalados cometieron faltas graves en su desempeño y que no se tolerarán conductas irregulares e inapropiadas.

El Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca informó que los señalados cometieron faltas graves en su desempeño y que no se tolerarán conductas irregulares e inapropiadas.

El pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca inhabilitó y sancionó a dos jueces de materia penal por cometer actos de corrupción, según dio a conocer el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO), que preside la magistrada Berenice Ramírez Jiménez.

Se detalló que la Visitaduría General del Consejo de la Judicatura pudo comprobar que los señalados cometieron faltas graves en su desempeño, por lo que se inhabilitó un juez y se aplicó sanción a una jueza.

En uno de los casos el juzgador dejó en libertad a un presunto implicado en un delito de alto impacto, en el que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca halló y presento evidencias sólidas. El caso fue apelado por la FGEO y se pudo comprobar por medio de un video que el juzgador recibió un presunto soborno, por lo que al ser revisado por el Consejo de la Judicatura se determinó la sanción.

En otro caso, una jueza fue inhabilitada también por recibir sobornos con la finalidad de cambiar y/o modificar una resolución. En ambos casos tonó nota la Fiscalía Anticorrupción Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción para que los implicados sean sujetos de proceso penal por sus agravios cometidos en contra de la sociedad.

TSJO, sin espacio para la corrupción

En los recientes recientes 18 meses se han sancionado a 10 jueces por actos de deshonestidad, en un combate frontal emprendido por la administración de la magistrada Berenice Ramírez Jiménez.

“Bajo la administración de la magistrada Berenice Ramírez Jiménez, el Poder Judicial reitera su compromiso de mantener la confianza pública a través de la integridad y la responsabilidad de quienes ejercen funciones judiciales y de no tolerar ninguna conducta irregular o acto de corrupción, por lo que se aplicarán sanciones severas para asegurar el cumplimiento de la ley y la ética en el ejercicio de la justicia”.

Uno de los casos más emblemáticos es el del juez José Gabriel Ramírez, quien tuvo a su cargo el asunto “Juan Vera Carrizal”, exdiputado y empresario local, implicado en el ataque de ácido en contra de María Elena Ríos.

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