En medio del proceso electoral de 2026, autoridades de Oaxaca instalaron una Comisión Permanente para atender y dar seguimiento a casos de violencia política contra las mujeres, problemática que continúa afectando principalmente a funcionarias municipales y representantes comunitarias.

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca, instituciones electorales y de justicia reconocieron que la violencia política en razón de género sigue presente en distintas regiones del estado, especialmente en municipios regidos por sistemas normativos internos y espacios de poder local.

La titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, Elisa Zepeda Lagunas, informó que se han atendido 54 casos de violencia política de género, de los cuales 43 ocurrieron durante 2023 y 11 en los primeros meses de 2024.

Las regiones con más reportes son Valles Centrales, Costa y Mixteca. De acuerdo con los datos oficiales, la mayoría de las víctimas ocupaban cargos como regidoras, mientras que los presuntos agresores eran presidentes municipales y funcionarios locales.

Especialistas y colectivos feministas han advertido que, aunque Oaxaca cuenta con mecanismos institucionales para atender estos casos, muchas denuncias continúan enfrentando lentitud, presión política y obstáculos comunitarios que dificultan el acceso a la justicia.

Durante la sesión, autoridades electorales, judiciales y de procuración de justicia anunciaron una serie de compromisos para fortalecer la atención a víctimas y prevenir nuevas agresiones durante el actual proceso electoral.

Entre las acciones planteadas se encuentran la creación de protocolos de atención, seguimiento prioritario a denuncias, capacitación sobre derechos político-electorales y campañas de difusión sobre violencia política de género.

La primera generación está conformada por dos mujeres y 16 hombres que se integrarán a los agrupamientos “Alfa” y “Bravo”, tras recibir entrenamiento especializado durante cuatro meses.

Aunque autoridades estatales celebraron la creación de este cuerpo táctico, sectores ciudadanos cuestionan si el número de elementos resulta suficiente frente a los retos de seguridad que enfrenta Oaxaca, particularmente en regiones con conflictos sociales, robo carretero y presencia de grupos armados.

Durante la graduación se entregaron boinas, insignias y diplomas a los nuevos elementos, quienes recibieron capacitación táctica con apoyo de la Secretaría de Marina.

El gobierno estatal aseguró que la estrategia busca profesionalizar a las corporaciones y mejorar la capacidad de reacción ante delitos de alto impacto.

Además, destacó la reciente creación de la Universidad de Seguridad Pública y Paz Social como parte del nuevo modelo de formación policial en Oaxaca.

Aunque el discurso oficial sostiene que Oaxaca vive un fortalecimiento histórico en materia de seguridad, especialistas recuerdan que varias regiones continúan enfrentando problemas de violencia comunitaria, bloqueos, ataques armados y presencia del crimen organizado.

La creación de Fuerzas Especiales ocurre también en un contexto donde ciudadanos exigen resultados tangibles y mayor presencia policial efectiva en municipios vulnerables.

Mientras autoridades celebran la formación de este grupo táctico, el verdadero reto será demostrar en campo que la inversión en capacitación y equipamiento puede traducirse en mejores condiciones de seguridad para la población.

Porque más allá de ceremonias y discursos, la percepción ciudadana sobre violencia e impunidad sigue siendo uno de los principales desafíos en Oaxaca.

El Observatorio también reconoció la participación de organizaciones indígenas y afromexicanas, sectores donde activistas han denunciado que las mujeres enfrentan mayores barreras para acceder y mantenerse en cargos públicos.

La instalación de esta comisión ocurre en un contexto donde Oaxaca continúa figurando entre las entidades con más reportes de violencia política de género vinculada a elecciones municipales y disputas de poder comunitario.