Hablar hoy de las y los jóvenes de bachillerato en México y particularmente en contextos como Oaxaca implica reconocer una realidad compleja: el aumento de conductas de riesgo que, lejos de ser hechos aislados, reflejan condiciones sociales, familiares y emocionales que no están siendo atendidas de manera suficiente por las instituciones gubernamentales municipales, estatales y federales.
Unos de los factores de inicio es el consumo de alcohol a edades tempranas, asi como también el uso de sustancias como las metanfetaminas (“cristal o criko”), la exposición a violencia y el deterioro de la salud mental forman parte de un mismo entramado. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), la mayoría de las personas inicia el consumo de alcohol entre los 12 y los 18 años, una etapa particularmente sensible en términos de desarrollo cerebral y toma de decisiones (CONADIC, 2025). Este dato, lejos de sorprender, se ha ido normalizando en muchos entornos escolares y familiares.
Sin embargo, el problema no radica únicamente en el inicio temprano, sino en la progresión. El Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones (2023) ha señalado que una proporción importante de quienes ingresan a tratamiento por consumo de sustancias se encuentra justamente en el rango de edad de bachillerato. Esto sugiere que el paso de la experimentación al consumo problemático puede ser más rápido de lo que se suele asumir.
A la par, la presencia de estimulantes como las metanfetaminas ha modificado el panorama del consumo. A diferencia de otras sustancias, su impacto en la conducta, el estado de ánimo y el funcionamiento cognitivo suele ser más agresivo, incrementando la probabilidad de conductas impulsivas y decisiones de alto riesgo (UNODC, 2024). En entornos donde el acceso es relativamente fácil, el riesgo se multiplica.
Sin embargo, reducir estas conductas a “decisiones individuales” sería un error. La evidencia es clara en señalar que factores como la violencia comunitaria, la inestabilidad familiar, la falta de redes de apoyo y la escasa educación socioemocional incrementan la vulnerabilidad de las y los adolescentes (OMS, 2023). En regiones con contextos sociales complejos, estas variables no son la excepción, sino la regla.
En este escenario, la salud mental emerge como un eje central. El incremento de problemas como ansiedad, depresión y desesperanza en jóvenes no puede desvincularse del aumento en conductas de riesgo. La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2022) ha advertido que las secuelas psicosociales de la pandemia de COVID-19 intensificaron estos problemas, especialmente en población adolescente.
Desde una perspectiva educativa, el bachillerato se convierte en un espacio clave de intervención. No basta con informar sobre los riesgos del consumo de sustancias; es necesario trabajar de manera sistemática en el desarrollo de habilidades para la vida: regulación emocional, toma de decisiones, pensamiento crítico y construcción de proyectos personales. La prevención efectiva no se logra con discursos moralizantes, sino con estrategias integrales y sostenidas.
El reto, entonces, no es menor. Implica dejar de ver las conductas de riesgo como “etapas normales” y comenzar a entenderlas como indicadores de alerta. También exige una corresponsabilidad real entre familia, escuela, instituciones y comunidad. Porque cuando un joven se expone de manera constante al riesgo, rara vez es por desconocimiento; con frecuencia es porque no ha encontrado alternativas más saludables para enfrentar lo que vive.
Ignorar esta realidad o minimizarla no la hará desaparecer. Por el contrario, profundiza un problema que ya muestra señales claras de urgencia.
