Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Durante siglos la humanidad ha defendido el derecho a la vida, a la libertad, a la educación y a la justicia. Sin embargo, pocas veces hablamos de un derecho del que dependen todos los demás: el derecho a un buen gobierno.

Gobernar bien no debe entenderse como un acto de buena voluntad de quienes ejercen el poder. Es una obligación ética, política y jurídica frente a la sociedad.

Todo ciudadano tiene derecho a vivir bajo un gobierno honesto; a que los recursos públicos sean administrados con transparencia; a que las decisiones respondan al interés colectivo y no a intereses personales o partidistas; a ser escuchado, a exigir cuentas y a vivir bajo el imperio de la ley.

Cuando un gobierno administra con corrupción, viola un derecho ciudadano.

Cuando favorece a familiares o amigos mediante el nepotismo, traiciona la igualdad.

Cuando simula consultar, escuchar o rendir cuentas, debilita la confianza pública.

Y cuando utiliza los programas sociales para manipular conciencias o condicionar voluntades, deja de combatir la pobreza para convertirla en un instrumento de poder.

La pobreza jamás debe utilizarse para construir clientelas políticas.

La política social tiene un propósito mucho más noble: abrir oportunidades para que las personas vivan con libertad, dignidad y autonomía.

El mejor programa social no es aquel que mantiene a una familia dependiendo del gobierno, sino el que le permite dejar de depender de él.

Un buen gobierno tampoco puede limitarse a construir carreteras, edificios o administrar eficientemente los recursos públicos. Su misión superior consiste en crear las condiciones para que cada persona desarrolle plenamente su dignidad y ejerza su libertad.

Eso exige abrir espacios reales para la participación de las mujeres, de los pueblos indígenas, de la juventud, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores y de todos aquellos sectores que históricamente han permanecido al margen de las decisiones públicas.

Ninguna democracia puede llamarse plena mientras existan ciudadanos cuya voz continúe siendo ignorada.

He recorrido durante más de tres décadas los pueblos de Oaxaca. He conocido comunidades capaces de transformar su realidad mediante el trabajo colectivo, la solidaridad y la organización. También he visto cómo un mal gobierno puede detener durante años el desarrollo de un pueblo entero.

Por eso afirmo que un mal gobierno no solo desperdicia recursos públicos.

Desperdicia generaciones.

Cada escuela que no se construye.

Cada hospital inconcluso.

Cada camino que nunca llega.

Cada joven obligado a emigrar.

Cada mujer excluida de las decisiones.

Cada comunidad olvidada.

Son heridas que permanecen mucho tiempo después de que los gobernantes abandonan sus cargos.

Estoy convencido de que el propósito más elevado de un buen gobierno no consiste en formar ciudadanos obedientes.

Consiste en formar ciudadanos libres.

Libres para pensar.

Libres para disentir.

Libres para organizarse.

Libres para participar.

Libres para ejercer plenamente sus derechos y asumir responsablemente sus obligaciones.

Las democracias sólidas no se edifican sobre la dependencia, sino sobre la libertad.

La mayor obra que puede dejar un gobernante no es un monumento ni una carretera.

Es una generación de mujeres y hombres con pensamiento propio, capaces de ejercer liderazgo al servicio del bien común.

Los gobiernos pasan.

Los partidos cambian.

Las ideologías evolucionan.

Pero una sociedad integrada por ciudadanos libres, críticos, solidarios y responsables posee la fortaleza suficiente para defender la democracia frente a cualquier forma de autoritarismo o manipulación.

Porque un pueblo verdaderamente libre nunca será el resultado de una sociedad dependiente.

Será siempre la obra de ciudadanos conscientes y comprometidos con el destino de su comunidad.

Quizá esa sea la esencia del buen gobierno.

No gobernar para perpetuar el poder.

Gobernar para que algún día los ciudadanos ya no necesiten depender de quienes gobiernan.

Porque la verdadera fortaleza de una nación no reside en el poder de sus gobernantes.

Reside en la libertad de sus ciudadanos.