Este miércoles 22 de julio de 2026, Oaxaca fue sacudida por una noticia dolorosa e indignante: el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a balazos en el municipio de San Pablo Etla, mientras se encontraba en un establecimiento de comida.

Alejandro Leyva había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y continuaba participando activamente en la vida pública mediante el análisis político y su columna “El Zumbido del Moscardón”. Los primeros informes señalan que fue víctima de un ataque directo. Las autoridades deberán esclarecer plenamente las causas del crimen, identificar a quienes lo ejecutaron y determinar si su asesinato estuvo relacionado con el ejercicio de su profesión.

Su muerte no puede considerarse solamente como una tragedia personal, un acontecimiento policiaco o una cifra más dentro de la violencia que diariamente lacera a nuestro país. Es una agresión contra la libertad de expresión, contra el derecho de los ciudadanos a estar informados y contra la vida democrática de Oaxaca y de México.

Cuando se asesina a un periodista no solamente se apaga una voz: también se pretende sembrar miedo entre quienes investigan, cuestionan, denuncian y hacen visibles las contradicciones del poder.

Se busca intimidar a todo un gremio y convertir el silencio en una forma de supervivencia.

Por eso, el asesinato de Alejandro Leyva nos obliga a mirar hacia atrás y reconocer una verdad dolorosa: la violencia contra los periodistas en México no comenzó ayer. Es una historia que se ha prolongado durante décadas, dejando familias destruidas, investigaciones inconclusas y una enorme deuda de justicia.

Uno de los acontecimientos más emblemáticos de esta historia fue el asesinato del periodista y columnista Manuel Buendía Téllez Girón, ocurrido el 30 de mayo de 1984 en la Ciudad de México.

Buendía era uno de los periodistas políticos más influyentes del país. Mediante su columna Red Privada investigaba y denunciaba la corrupción, las redes del narcotráfico, los servicios de inteligencia, los grupos de extrema derecha y sus relaciones con personajes del poder político.

Fue asesinado por la espalda cuando se encontraba cerca de su oficina. Su homicidio marcó un antes y un después en el periodismo mexicano, porque reveló crudamente que investigar los sótanos del poder podía costar la vida.

Desde entonces, el nombre de Manuel Buendía se convirtió en un símbolo del periodismo de investigación y de los riesgos que enfrentan quienes se atreven a mirar donde otros prefieren no hacerlo.

Su asesinato también dejó una pregunta que continúa vigente hasta nuestros días:

¿Quiénes se benefician cuando un periodista es silenciado y por qué tantos crímenes contra comunicadores terminan envueltos en la impunidad?

Después de Manuel Buendía, la violencia contra el periodismo no se detuvo. Por el contrario, se extendió por distintas regiones del país.

En abril de 2012 fue asesinada en Xalapa, Veracruz, Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso. Durante años documentó abusos de autoridad, violaciones de derechos humanos, corrupción política y actividades de grupos delictivos. Su muerte se convirtió en uno de los casos más representativos de la violencia ejercida contra la prensa veracruzana.

En julio de 2015 fue asesinado en la Ciudad de México el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, junto con cuatro mujeres. Espinosa había abandonado Veracruz después de denunciar intimidaciones y amenazas. Había documentado movimientos sociales, protestas y agresiones cometidas contra periodistas.

El 23 de marzo de 2017 fue asesinada en Chihuahua Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada. Había investigado la infiltración del crimen organizado en la política y la postulación de personajes relacionados con grupos criminales.

Menos de dos meses después, el 15 de mayo de 2017, fue asesinado en Culiacán Javier Valdez Cárdenas, fundador del semanario Ríodoce. Durante años relató el rostro humano de la violencia del narcotráfico: las madres que perdieron a sus hijos, las familias desplazadas, los jóvenes reclutados y las comunidades enteras atrapadas entre el crimen, la corrupción y el abandono gubernamental.

También permanecen en nuestra memoria los nombres de Moisés Sánchez Cerezo, secuestrado y asesinado en Veracruz; Gregorio Jiménez de la Cruz, también asesinado en esa entidad; María Elena Ferral Hernández, atacada en Papantla; Israel Vázquez Rangel, asesinado mientras cubría el hallazgo de restos humanos en Salamanca; Lourdes Maldonado López y Margarito Martínez Esquivel, asesinados en Tijuana; y Heber López Vázquez, privado de la vida en Salina Cruz, Oaxaca.

A estos casos se suman decenas de periodistas locales, reporteros comunitarios, fotógrafos, locutores, directores de pequeños portales y comunicadores independientes cuyos nombres pocas veces ocupan las primeras planas nacionales, pero cuya ausencia deja a pueblos y regiones enteras sin una voz fundamental.

La lista anterior no es completa. Es apenas una muestra de una tragedia nacional mucho más extensa.

La impunidad es uno de los factores que permiten la repetición de estos crímenes. La UNESCO advierte que, a nivel mundial, nueve de cada diez asesinatos de periodistas permanecen sin resolverse.

En México, la violencia contra la prensa continúa hasta nuestros días. Durante 2025 aumentaron los asesinatos y desapariciones de periodistas, además de las agresiones físicas y el hostigamiento judicial. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han advertido que muchos de los agresores identificados son funcionarios públicos y que México permanece entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de zonas formales de guerra.

Durante los primeros meses de 2026 fueron asesinados varios periodistas en distintas entidades del país. Con el homicidio de Alejandro Leyva, la violencia contra la prensa vuelve a mostrar su rostro más brutal.

El asesinato de Alejandro Leyva golpea particularmente a Oaxaca, una entidad diversa, compleja y atravesada por profundas desigualdades sociales.

Oaxaca está integrada por pueblos indígenas y afromexicanos, comunidades rurales, municipios regidos por sistemas normativos propios y regiones históricamente afectadas por la pobreza, la marginación, los conflictos agrarios, el saqueo de los recursos naturales, los daños ambientales y el abandono institucional.

En este contexto, los periodistas locales y comunitarios desempeñan una función insustituible.

Son ellos quienes recorren los caminos, llegan a las comunidades más apartadas, escuchan a las autoridades agrarias, documentan abusos municipales, registran desplazamientos, denuncian actos de corrupción y dan voz a quienes difícilmente encuentran un espacio en los grandes medios nacionales.

Gracias a su trabajo conocemos la contaminación de nuestros ríos y playas, los conflictos por la tierra, la violencia contra las mujeres, las carencias hospitalarias, las agresiones contra defensores comunitarios y las demandas históricas de nuestros pueblos.

Sin embargo, ejercer el periodismo en las regiones suele significar trabajar en condiciones de enorme precariedad.

Muchos comunicadores carecen de salarios dignos, contratos laborales, seguridad social, asesoría jurídica y respaldo institucional. Con frecuencia deben enfrentarse solos a presidentes municipales, caciques, grupos políticos, intereses económicos y políticos que no toleran el cuestionamiento.

Cuando uno de estos comunicadores es amenazado o asesinado, muchas veces no existe un gran medio de comunicación que lo respalde ni una institución capaz de protegerlo eficazmente.

Por eso, el asesinato de un periodista regional puede imponer un silencio profundo sobre toda una comunidad.

Así sucede en sociedades atrapadas por cacicazgos y actitudes tiránicas.

Los procesos de transformación política y social no siempre son lineales ni pacíficos. Forman parte del desarrollo evolutivo de las sociedades y suelen avanzar entre tensiones, contradicciones, resistencias y movimientos muchas veces convulsos.

Ese devenir histórico ha sido así en muchas partes del mundo y México no es la excepción. Nuestro país ha tenido pocos momentos de paz verdadera. La Independencia, la Reforma, la Revolución Mexicana, los movimientos obreros, campesinos, estudiantiles, indígenas y democráticos muestran que nuestra historia ha estado atravesada por profundas disputas en torno al poder, la tierra, la justicia, la libertad y la dignidad humana. MPero reconocer que los cambios sociales suelen ser conflictivos no significa aceptar la violencia como un destino inevitable ni considerar que los asesinatos forman parte natural del desarrollo de los pueblos.

Nada puede justificar que se arrebate la vida a una persona por sus opiniones, sus investigaciones o su trabajo periodístico.

La historia avanza mediante tensiones y contradicciones, pero el deber de una sociedad civilizada es conducirlas por medio del diálogo, la justicia, las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos.

Los periodistas son los ojos que observan aquello que algunos poderes quisieran mantener oculto. Son los oídos que escuchan el clamor de quienes pocas veces son atendidos. Son las voces que narran las injusticias, las desigualdades y las tragedias, pero también las esperanzas y los esfuerzos de los pueblos.

El periodismo no consiste únicamente en difundir los acontecimientos cotidianos. Su misión también es investigar, contextualizar, contrastar las versiones, conservar la memoria colectiva y vigilar el ejercicio del poder.

Sin periodistas libres no puede haber ciudadanos plenamente informados.

Sin ciudadanos informados, la democracia se debilita.

Y cuando la democracia se debilita, los gobernantes, los caciques, los grupos económicos y violentos pueden actuar sin vigilancia, sin contrapesos y sin rendición de cuentas.

Proteger a los periodistas no representa, por tanto, la defensa de un privilegio gremial. Significa proteger el derecho de todos los ciudadanos a saber cómo se utilizan los recursos públicos, quiénes se benefician de las decisiones gubernamentales y qué intereses se encuentran detrás de determinados acontecimientos.

Cuando un periodista se ve obligado a callar por miedo, toda la sociedad pierde información.

Cuando un medio deja de investigar para evitar represalias, crece la impunidad.

Cuando se asesina a un comunicador y no se sanciona a los responsables, se transmite el mensaje de que silenciar la verdad no tiene consecuencias.

Una de las consecuencias más graves de la violencia es la autocensura.

La autocensura no necesita decretos, clausuras ni prohibiciones expresas. Le basta con instalar el miedo en la conciencia de los periodistas.

Aparece cuando un reportero decide no publicar un nombre; cuando un medio evita cubrir un conflicto; cuando un fotógrafo guarda sus imágenes; cuando una comunidad deja de denunciar porque sabe que nadie podrá protegerla.

Así, el miedo se convierte en un mecanismo de control político y social.

En algunas regiones del país existen asuntos que prácticamente han desaparecido de los medios porque informar sobre ellos puede significar una sentencia de muerte. Hay comunidades donde todos conocen lo que sucede, pero nadie se atreve a publicarlo.

Ese silencio no significa que exista paz.

Significa que la violencia ha logrado imponerse.

La paz no puede seguir siendo un discurso vacío.

México ha tenido pocos momentos de paz y ahora se utiliza la palabra paz como parte de discursos vacíos y tendenciosos.

Se habla de paz mientras continúan los asesinatos de periodistas, defensores comunitarios, mujeres, jóvenes, autoridades municipales y ciudadanos.

Se pronuncian condenas, se guardan minutos de silencio y se promete que los casos no quedarán impunes. Sin embargo, las palabras pierden credibilidad cuando no están acompañadas por investigaciones serias, sentencias y resultados.

La paz no puede decretarse desde una tribuna ni construirse escondiendo los conflictos.

La paz verdadera no significa ausencia de críticas ni silencio impuesto por el miedo. Tampoco consiste en maquillar las cifras, ocultar los problemas o descalificar a quienes denuncian.

La paz solamente puede construirse sobre la justicia, la verdad, la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos y la vigencia efectiva del Estado de derecho.

Existe paz cuando un periodista puede publicar una investigación sin temor a ser perseguido.

Existe paz cuando una familia puede confiar en que el asesinato de uno de sus integrantes será investigado.

Existe paz cuando ninguna autoridad, organización criminal, grupo político, cacique o poder económico se encuentra por encima de la ley.

Sin justicia no hay paz: hay silencio.

Sin verdad no hay reconciliación: hay simulación.

Sin instituciones capaces de enfrentar la impunidad, las expresiones de condolencia se convierten en palabras vacías.

Pero la sociedad debe seguir su movimiento. Ningún pueblo permanece inmóvil para siempre frente a las injusticias. Las inconformidades, las ideas, las demandas de libertad y los anhelos de una vida mejor constituyen una energía social que, tarde o temprano, encuentra cauces para manifestarse.

La sociedad se mueve aun cuando el poder pretenda detenerla.

Se mueve mediante las voces de los periodistas, las luchas de las comunidades, la organización de las mujeres, la participación de los jóvenes, la resistencia de los pueblos indígenas y la exigencia ciudadana de justicia.

Veamos en qué derivará esta energía social.

Esa es una de las grandes interrogantes de nuestro tiempo.

¿Será conducida por instituciones democráticas capaces de escuchar, dialogar y construir acuerdos?

¿O seguirá encontrando como respuesta la intolerancia, la represión, el miedo y la violencia?

¿Servirá para transformar pacíficamente nuestras instituciones o será contenida hasta provocar nuevos momentos de ruptura?

La energía de una sociedad no desaparece porque un gobierno la niegue. Puede ser contenida temporalmente, pero continúa acumulándose en la conciencia de los pueblos.

Por eso, los gobernantes deben aprender a escucharla y encauzarla democráticamente. Una sociedad que no encuentra espacios para expresarse termina buscando otras formas de hacerse oír.

México necesita colocar nuevamente la dignidad humana en el centro de la vida pública.

Ninguna diferencia ideológica, interés económico, ambición política o disputa personal puede justificar que se arrebate una vida.

También debemos detener la normalización del odio y la descalificación permanente. Cuando desde los espacios de poder se estigmatiza a periodistas, defensores, opositores o ciudadanos críticos, se contribuye a crear un ambiente en el que la agresión puede parecer justificable.

Los periodistas, como todas las personas, pueden equivocarse. Su trabajo debe realizarse con ética, responsabilidad, verificación y respeto a los derechos de los demás.

Pero ninguna equivocación, crítica, columna o investigación puede responderse mediante amenazas, persecuciones o balas.

Las diferencias se enfrentan con argumentos.

Las imprecisiones se aclaran con pruebas.

Los posibles delitos se denuncian ante las instituciones.

En una sociedad democrática jamás se responde a las palabras con violencia.

El asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar exige mucho más que una condena pública.

Exige verdad, justicia y garantías de no repetición.

Las autoridades de Oaxaca y de la Federación deben coordinarse para realizar una investigación rigurosa, independiente y transparente; preservar todas las pruebas; identificar a los autores materiales e intelectuales; proteger a sus familiares y compañeros, y mantener informada a la sociedad sin poner en riesgo el debido proceso.

La posible relación entre su asesinato y su actividad periodística debe investigarse desde el primer momento y no considerarse solamente cuando hayan fracasado las demás líneas de investigación.

También resulta indispensable revisar y fortalecer los mecanismos de protección a periodistas, particularmente para quienes trabajan en municipios y regiones donde las instituciones son más débiles.

No basta con reaccionar después de cada asesinato. Es necesario detectar las amenazas, atender oportunamente las denuncias, brindar protección efectiva y evitar que las medidas de seguridad se conviertan en simples trámites burocráticos.

Manuel Buendía, Regina Martínez, Rubén Espinosa, Miroslava Breach, Javier Valdez, Gregorio Jiménez, María Elena Ferral, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, Heber López, Alejandro Leyva y todos los periodistas asesinados en México representan mucho más que estadísticas.

Cada nombre contiene una historia.

Cada ausencia dejó una familia herida.

Cada asesinato interrumpió una investigación, una columna, una fotografía, una denuncia o una conversación que la sociedad tenía derecho a conocer.

Recordarlos es una forma de resistencia frente al olvido.

Exigir justicia es una manera de defender la democracia.

Acompañar al gremio periodístico es defender nuestro propio derecho a conocer la verdad. Hoy debemos expresar nuestra solidaridad con la familia, los amigos y los compañeros de Francisco Alejandro Leyva Aguilar.

Pero también debemos asumir un compromiso colectivo: no acostumbrarnos a la violencia, no guardar silencio frente a la impunidad y no permitir que el miedo se apodere de la palabra.

Cuando se asesina a un periodista no solamente se apaga una voz.

Se intenta arrancarle los ojos y los oídos a toda una sociedad.

Que el asesinato de Alejandro Leyva no sea una cifra más.

Que su caso sea plenamente esclarecido.

sancionados.

Que la justicia deje de ser una promesa.

Que la sociedad siga su movimiento.

Y que toda esa energía social acumulada derive finalmente en una transformación democrática, pacífica y profunda, fundada en el respeto a la vida, a la libertad, a la dignidad humana y al derecho irrenunciable de nuestros pueblos a conocer la verdad.