Mientras Oaxaca enfrenta una serie de homicidios que han generado preocupación social en distintas regiones del estado, el Gobierno de Salomón Jara Cruz presentó un balance de resultados en materia de seguridad que ubica a la entidad como la quinta más segura del país y reporta una reducción de 32 por ciento en la incidencia delictiva durante los últimos tres años.

Las cifras oficiales apuntan a una mejora sostenida en materia de seguridad. De acuerdo con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, Oaxaca pasó del octavo al quinto lugar nacional entre las entidades con mejores indicadores de seguridad y redujo en 32 por ciento la incidencia delictiva durante los últimos tres años.

El balance presentado por la administración de Salomón Jara Cruz incluye una inversión superior a mil 265 millones de pesos en seguridad pública, más de 135 millones destinados a procuración de justicia durante 2026, la certificación de 3 mil 938 policías municipales y estatales, así como la creación de la Universidad de la Seguridad Pública.

Entre los resultados reportados también destacan más de 21 mil detenciones, la operación del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C5i) con alrededor de 4 mil cámaras de videovigilancia, así como un incremento de 27.89 por ciento en los salarios policiales y el fortalecimiento del Fondo de Pensiones para los elementos de seguridad.

Sin embargo, los avances institucionales coinciden con una serie de homicidios de alto impacto registrados en distintas regiones del estado durante las últimas semanas, hechos que han provocado cuestionamientos sobre la capacidad de las autoridades para contener la violencia y garantizar justicia.

La administración estatal sostiene que no habrá impunidad y destaca un aumento de 30 por ciento en la judicialización de delitos, además de un crecimiento significativo en las acciones de investigación y ejecución de cateos. No obstante, especialistas coinciden en que la seguridad no se mide únicamente por estadísticas, sino también por la percepción ciudadana y la capacidad de prevenir los delitos que generan mayor impacto social.

El reto para Oaxaca será demostrar que la mejora en los indicadores puede reflejarse en una reducción sostenida de los hechos violentos que más preocupan a la población. Porque si bien las cifras muestran avances, son los resultados visibles en las calles los que terminan definiendo la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.