El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, intentó cerrar la polémica por el uso de una aeronave privada para trasladarse al Istmo de Tehuantepec y la Costa al asegurar que el viaje no representó gasto alguno para el erario y que los costos operativos fueron cubiertos con recursos propios.

Sin embargo, el comunicado divulgado vía Facebook deja una pregunta central sin respuesta ante la severidad de la imagen que se viralizó desde el jueves 4: ¿dónde están las pruebas?

Hasta ahora, el funcionario no ha exhibido facturas, recibos, transferencias bancarias, contratos de arrendamiento, comprobantes aeroportuarios o cualquier otro documento que permita corroborar públicamente que efectivamente pagó por el uso de la aeronave matrícula XB-MHV.

En materia de rendición de cuentas, la diferencia entre una explicación política y una acreditación documental es sustancial. La primera depende de la confianza; la segunda permite la verificación ciudadana.

Romero López sostiene que el traslado fue posible gracias a una amistad de muchos años con el piloto y que no existe relación de negocios con la empresa propietaria de la aeronave.

Sin embargo, especialistas en transparencia suelen advertir que los conflictos de interés no se limitan únicamente a relaciones comerciales formales. También pueden surgir cuando funcionarios reciben beneficios, facilidades o servicios de particulares que podrían generar compromisos, percepciones de favoritismo o cuestionamientos sobre independencia en la toma de decisiones.

El propio secretario reconoció que el uso de una aeronave privada puede generar cuestionamientos frente a los principios de austeridad impulsados por el gobierno estatal. Pero el debate público ya no gira únicamente sobre la conveniencia del traslado, sino sobre la ausencia de documentos que respalden la versión oficial.

La aeronave utilizada por el funcionario aparece registrada a nombre de Envasadora Gugar S.A. de C.V., una empresa refresquera fundada en Oaxaca en 1982 y dedicada a la producción y comercialización de bebidas, refrescos, agua purificada y productos pasteurizados bajo marcas como Gugar, Friko, Gugarín y Agua Gugar. La compañía tiene presencia en varios estados del país y mantiene operaciones industriales en Oaxaca y otras entidades.

La firma tiene su matriz en Tlalixtac de Cabrera y cuenta con centros de distribución y plantas industriales en la región sur del país. Diversas fuentes empresariales la ubican como una de las compañías de bebidas más importantes surgidas en Oaxaca.

El Consorcio Empresarial Gugar (matriz de la refresquera Gugar Soda) fue fundado en 1982 por Jesús Guzmán Aguirre, quien es el fundador y patriarca de la compañía. La empresa es de carácter familiar y actualmente sus principales directivos son:

La relevancia pública de Gugar no es menor. En los últimos años, la empresa ha sido objeto de controversias relacionadas con la extracción y aprovechamiento de agua en comunidades de los Valles Centrales. En 2022, habitantes de San Bartolo Coyotepec realizaron protestas contra la compañía al acusarla de contribuir a la escasez hídrica en la zona.

Ese mismo año, el Congreso de Oaxaca discutió exhortos para revisar concesiones relacionadas con la explotación de aguas nacionales otorgadas a la empresa, así como posibles afectaciones a comunidades locales.

Aunque estos antecedentes no prueban ninguna irregularidad relacionada con el vuelo utilizado por Romero López, sí explican por qué el vínculo circunstancial entre un funcionario de alto nivel y una empresa privada genera interés público y exige máxima transparencia.

Más allá de las declaraciones del secretario de Gobierno, permanecen abiertas y candentes varias interrogantes:

Mientras esas preguntas no tengan respuestas verificables, la polémica difícilmente desaparecerá, aunque es costumbre del ecosistema periodístico local no dar seguimiento a temas, especialmente que tocan a la administración estatal.

Más allá de las explicaciones emitidas por el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, el caso ha abierto otro frente de cuestionamientos: la aparente ausencia de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, la dependencia encargada de vigilar la conducta de los servidores públicos y prevenir posibles actos que comprometan la integridad del servicio público.

Hasta ahora, la dependencia no ha informado si inició alguna revisión, solicitud de información o procedimiento para verificar las circunstancias en las que se utilizó la aeronave privada matrícula XB-MHV, propiedad de la empresa Envasadora Gugar S.A. de C.V.