Oaxaca se posiciona como la segunda entidad del país con mayor número de personas inscritas en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, un indicador que, lejos de ser positivo, refleja el nivel de riesgo que enfrentan activistas y comunicadores.

De acuerdo con datos oficiales, la entidad cuenta con 194 beneficiarios, de los cuales 161 son personas defensoras y 33 periodistas.

Organizaciones civiles advierten que el panorama es preocupante. Según Servicios para una Educación Alternativa, desde diciembre de 2022 —inicio de la actual administración estatal— 33 defensores han sido asesinados.

Aunque autoridades han cuestionado la cifra, la organización presentó públicamente los nombres de las víctimas en abril pasado, durante un foro de defensa del territorio, con el objetivo de visibilizar la magnitud del problema.

Para especialistas como integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el alto número de personas bajo protección no es un logro, sino una señal de alerta.

“Esto refleja un clima de violencia que no ha sido atendido de fondo”, señalan, al advertir que las agresiones contra defensores continúan sin una estrategia integral de prevención.

Entre los ejemplos que evidencian la vulnerabilidad, destacan agresiones como el allanamiento de oficinas de organizaciones civiles en 2024 y los ataques contra comunidades indígenas en el Istmo, donde líderes han denunciado amenazas constantes. La falta de resultados en investigaciones y detenciones refuerza la percepción de impunidad.

Desde la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca se reconoce que garantizar condiciones seguras para activistas es una obligación del Estado.

El desafío, coinciden especialistas, es pasar de una respuesta reactiva a políticas preventivas que protejan efectivamente a quienes defienden derechos humanos en el territorio.