La nueva iniciativa de Ley de Movilidad enviada al Congreso de Oaxaca propone una reestructuración profunda del transporte público y privado en el estado, con reglas para plataformas digitales como Uber y DiDi, reconocimiento legal para mototaxis y sanciones penales para quienes operen transporte sin concesión.

La propuesta, impulsada por el gobernador Salomón Jara Cruz, contempla 318 artículos que sustituirían la legislación vigente desde 2019 y actualmente se encuentra en análisis en la LXVI Legislatura.

Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa establece que empresas de transporte mediante aplicaciones digitales deberán registrarse obligatoriamente ante la Secretaría de Movilidad de Oaxaca y tramitar un permiso especial anual renovable.

La ley también plantea que plataformas como Uber y DiDi responderían solidariamente junto con sus conductores ante daños, accidentes o incumplimientos hacia usuarios y terceros. Además, no podrían ofrecer servicios fuera de sus aplicaciones oficiales.

La iniciativa también abre la puerta al reconocimiento jurídico de los mototaxis, una modalidad de transporte que durante años ha operado en la informalidad en regiones como el Istmo de Tehuantepec, la Costa y la Sierra Sur.

Un artículo transitorio establece que la SEMOVI tendría 180 días hábiles para iniciar procesos de registro y otorgamiento de permisos especiales.

El proyecto endurece las sanciones contra quienes operen transporte sin autorización. Entre las medidas contempladas destacan:

La propuesta podría generar debate entre organizaciones transportistas y sectores sociales, especialmente en regiones donde el transporte irregular ha crecido ante la falta de cobertura formal.

La nueva ley también incorpora normas específicas para ciclistas y vehículos de micromovilidad. Entre los derechos reconocidos para usuarios de bicicleta destacan:

Respecto a scooters y vehículos eléctricos, la iniciativa crea categorías según velocidad:

La iniciativa llega en un contexto de creciente presión por ordenar el transporte público, reducir accidentes y regular nuevas formas de movilidad urbana en Oaxaca.

Sin embargo, especialistas advierten que el verdadero reto será aplicar la ley en regiones donde históricamente han predominado intereses políticos, concesiones irregulares y vacíos de supervisión institucional.